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Ha transcurrido una semana del diálogo entre el Presidente y los alcaldes de las 10 principales ciudades del país y las tres mesas de trabajo acordadas entre las máximas autoridades del nivel central y municipal, en la reunión de la Casa Grande, no dan señales de vida.
Se dijo que las mesas iniciarían su trabajo a la brevedad para analizar las observaciones a la Ley 1407, la necesidad de los municipios de recibir apoyo financiero y facilidades para encarar sus deudas, y dar pelea a la cuarta ola del coronavirus de manera coordinada.
Más allá de haberse anunciado que las mesas serán conducidas por los ministros de Planificación, Economía y Salud, y de los rostros de satisfacción de los alcaldes por haber sido escuchados por el Mandatario, no se conoce las agendas de trabajo y menos los avances en las temáticas ya señaladas.
Ocho de los diez alcaldes y alcaldesas que asistieron a la cita, aunque en rigor de verdad no participó Johnny Llalli de Potosí porque se encontraba de viaje y envió un representante, llegaron a esos cargos por organizaciones políticas opuestas al MAS. Solo los de Oruro y Sucre son del MAS.
Por eso, las imágenes de la reunión en el tercer piso de la Casa Grande que muestran al Presidente y sus colaboradores dialogando con las máximas autoridades de las ciudades que concentran al 70% de la población boliviana fueron en sí mismas un mensaje esperanzador en medio de la polarización política que vive el país.
El gobierno olfateó esa percepción positiva y rápidamente anunció un nuevo “ejercicio democrático”, sin una fecha establecida, esta vez con los nueve gobernadores del país, seis de ellos pertenecientes a organizaciones de oposición y tres militantes del masismo.
El Viceministro de Autonomías dijo al finalizar la semana pasada que siete de los nueve gobernadores ya aceptaron el encuentro con Arce y que no se conoce aún la posición de Luis Fernando Camacho de Santa Cruz y Santos Quispe de La Paz.
Esas afirmaciones dejaron entrever que, descontando a los gobernadores masistas de Cochabamba, Potosí y Oruro, habrían aceptado las máximas autoridades de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando.
En una suerte de gambeta discursiva, seguramente para ganar tiempo antes de la decisión final, el presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz sostuvo que la Gobernación oriental no ha recibido ninguna invitación formal para considerar la asistencia o no de Luis Fernando Camacho.
Santa Cruz fue el motor del paro multisectorial de nueve días que obligó a Arce a abrogar la Ley 1386 que convertía a cualquier boliviano en sospechoso de ganancias ilícitas y, por tanto, sujeto a ser perseguido y sancionado por un sistema judicial carente de independencia y credibilidad.
El entusiasmo gubernamental por el encuentro con los gobernadores se ha diluido en estos días por la aparición de otros temas que han monopolizado la agenda política del país como el caso de los “ítems fantasmas”, por lo que se sabe a ciencia cierta si la convocatoria sigue en pie y si hay una posición definitiva de los gobernadores pendientes de dar su respuesta.
Por lo pronto, la reunión de Arce con los alcaldes quedará como hecho destacable en el informe que el Presidente debe rendir el próximo 22 de enero, Día del Estado Plurinacional. Podrá decir que se hizo un extraordinario esfuerzo democrático de concertar acciones con las oposiciones regionales en temas trascendentales para la mayoría de la población.
Pero también quedará como prueba del mágico cambio de postura de los alcaldes Johnny Fernández de Santa Cruz, quien cuestionó la inconstitucionalidad de la Ley 1407, y de Iván Arias de La Paz, que llamó “leyes malditas” al paquete de normas inconsultas del gobierno y terminó bendiciendo la Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social porque, según él, se convenció de que no vulnera las autonomías regionales del país.
