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El censo 2023 se ha convertido en uno de los temas más relevantes que ha marcado la agenda política nacional. En anteriores artículos ya nos hemos referido a la importancia del censo y sus efectos, pero ahora trataremos de analizar el porqué de la resistencia del gobierno nacional para realizarlo antes del 2024.
Antes que nada, es necesario recordar que el censo estaba fijado para el año 2022 y el gobierno en reiteradas oportunidades mencionó que su realización en este año estaba garantizada. Pero de manera sorpresiva, y utilizando al Consejo Nacional de Autonomías, se decidió postergarlo hasta el 2024.
Se conocían los riesgos de que el censo no se lleve a cabo el 2022, pero llamó bastante la atención cuando el gobierno decidió retrasarlo no solo un año sino dos. Si supuestamente ya se venía trabajando en el censo (para realizarlo el 2022) ¿por qué posponerlo dos años? ¿En realidad no se había hecho nada?; hasta para quienes dudan de la eficiencia del gobierno les puede parecer dudoso este extremo. Es de aquí de donde se pueden tejer interpretaciones de cuál es la verdadera finalidad de retrasarlo tanto tiempo.
Ante el anuncio de realizar el censo recién el 2024 lo primero que se observó fue que sus resultados no se aplicarían para el periodo constitucional en curso (2020-2025) puesto que se requiere también una etapa post-censal para emitir los datos; que, dígase de paso, los tiempos de esta etapa también los manejan de manera política, como pudimos ver en el censo 2012 para rehuir al debate sobre el Pacto Fiscal.
Entonces, ¿cuál es el cálculo que realiza el gobierno? ¿Cuál es su intencionalidad para que los efectos de este censo no sean aplicados en la presente gestión del presidente Arce? Si bien las demandas regionales están más concentradas en la obtención de mayores recursos económicos, en lo personal dudo mucho que esta sea la principal preocupación del gobierno del MAS.
Evidentemente, una de las herramientas que ha utilizado el partido oficialista para establecer un régimen con tintes autocráticos es la concentración de los recursos económicos, para utilizarlos como mecanismo de “premio o castigo” para autoridades sub-nacionales que se encuentran cada vez más asfixiadas por sus bajos presupuestos en comparación a las demandas que deben atender. Es cierto que un nuevo censo conlleva a la obtención de más recursos para aquellas regiones que han crecido demográficamente; sin embargo, la concentración de la mayoría de los recursos económicos en el gobierno nacional se mantendrá inalterable, ya que éste seguirá recibiendo el 75% de los impuestos que generamos los bolivianos, razón por la cual cuesta creer que la preocupación del gobierno sobre los resultados de un nuevo censo pase realmente por el tema económico.
El MAS se ha convertido en una gran maquinaria electoral y su vocación de poder prevalece ante todo. Es por este motivo que es factible pensar que su preocupación real pasa por otra consecuencia que trae la realización de un censo: la redistribución de los escaños parlamentarios.
En una anterior oportunidad decíamos que desde las regiones o los grupos que luchan por el censo poco o casi nada se menciona esta demanda. El grueso de la población no lo ve como algo relevante por la paupérrima labor que se encuentran realizando los políticos de oposición en el parlamento nacional. Este mal desempeño de sus funciones genera la sensación de que poco o nada afecta tener uno o dos diputados más. Sin embargo, para la otra vereda es algo trascendental.
Recordemos que en la primera gestión de Evo Morales, luego de ganar el 2005, no pudo obtener los 2/3 en el Congreso Nacional; lo cual se convirtió en un obstáculo para muchos de sus planes autoritarios. La solución que encontraron a esto fue cambiar en la nueva constitución la forma en la que se eligen los senadores, lo cual le permitió tener los dos tercios asegurados en todas las elecciones siguientes hasta el 2020.
En esta última elección el MAS ha dejado de tener nuevamente los dos tercios, y eso le ha comenzado a causar algunos inconvenientes. Hábilmente supieron aprovechar la ingenuidad o probable complicidad de los parlamentarios de oposición que se ausentaron de la sesión para elegir al defensor del pueblo hace unas semanas atrás. Pero difícilmente puedan repetir esta misma estrategia para futuras decisiones que se deben asumir por dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo que en algún momento les tocará ceder, si es que no nos llevamos alguna otra sorpresa desde la oposición.
Todas las proyecciones indican que como producto de un nuevo censo la representación parlamentaria de Santa Cruz crecerá y tampoco es desconocido para nadie que una gran mayoría del departamento no comulga con el partido oficialista, que ha perdido casi todas las elecciones en este departamento.
Un nuevo censo daría mayores parlamentarios a Santa Cruz, los cuales la oposición (independientemente de qué partido político) tiene mayor oportunidad de ganarlos, y esto pondría en riesgo los planes del MAS para recuperar los dos tercios de la ALP en una siguiente elección. El riesgo que corren es aún mayor si se toma en cuenta las proyecciones dadas por el INE, porque los diputados que ganaría Santa Cruz los perderían regiones en las que el MAS gana con amplia mayoría. En este caso, pese a seguir ganando con la misma facilidad, ya no lograría la misma representación parlamentaria.
La actualización de los montos de dinero que reciben los gobiernos sub-nacionales provenientes de los recursos de coparticipación tributaria, puede darse en cualquier momento. Es decir, su aplicación es inmediata una vez conocidos los resultados de un censo. En cambio, si bien la redistribución de los escaños debe hacerse también inmediatamente después, su aplicación efectiva es en cada elección nacional. Por lo tanto, si el gobierno logra posponer el censo y sus resultados hasta después de la convocatoria a las próximas elecciones nacionales, habrá logrado sortear este problema hasta el 2030.
