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Luego del modesto hito que significó la Ley del Censo (trabajosa y precedida por amplias medidas de presión), a inicios de diciembre de 2022, el oficialismo no volvió a mostrar un esfuerzo similar de concertación, en el marco de un Legislativo tripartito (arcismo, evismo y oposición) donde ya no cuenta con mayorías automáticas, y donde la estrategia más viable sería lo que los españoles llaman “acuerdos de geometría variable” (sumando a veces con unos u otros).
En vez de esto último, se optó por la imposición a través de la vía judicial, con un TCP que hace las veces de “Constituyente permanente” y que va neutralizando las funciones del Legislativo. Está claro que eso ya dejó de ser una chicana momentánea para convertirse en una práctica sistemática y antidemocrática.
Por supuesto, en cuanto a las críticas a la “autoprórroga” de magistrados, el verdadero y único interés de Evo Morales es la revisión de su sentencia de inhabilitación, pero más allá de ese punto específico, la excesiva gobernanza judicial supone un conflicto de poderes que degrada aún más lo poco de andamiaje republicano que va quedando en el país.
¿Por qué no pensar en una transición con interinos en los altos tribunales (secretarios y decanos), con una cláusula que haga irrevisable la Sentencia Constitucional 1010/2023 hasta después de los procesos electorales? Evidentemente, esto requeriría un acuerdo entre divergentes, que aísle al sector evista en el Parlamento. Sería la forma de superar uno de los dos grandes cuellos de botella en la Asamblea, el institucional.
De lo contrario, seguiremos en la guerra de trincheras, entre un Ejecutivo que no busca acuerdos parlamentarios y los bloqueos alimentados por el ala del caudillo cocalero, tanto en las carreteras como en el Legislativo.
Respecto al segundo gran cuello de botella parlamentario, el económico, el obstruccionismo evista no debería ser seguido de manera acrítica por las bancadas opositoras, y sería preferible condicionar la aprobación de créditos internacionales a la adopción de un plan gradual de austeridad, para que el endeudamiento externo no vaya a parar a un barril sin fondo.
Recordemos el caso de Argentina, donde el acuerdo con el FMI logrado en la pasada administración de Alberto Fernández tuvo que ser endosado con votos de la oposición, contra la postura negativa del kirchnerismo.
Hablar de gobernabilidad económica e institucional en tiempos de polarización quizás no sea lo más atractivo, pero como ya señalamos en una columna anterior, los acuerdos pueden hacerse antes o después de la catástrofe, y es mejor tenerlos temprano.
El gobierno tendrá que elegir entre el diálogo y la rigidez, teniendo en cuenta que las recomendaciones en favor de ésta, que le hacen los “mentores autoritarios” internacionales, están potencialmente cargadas de manipulación florentina en favor de su adversario intramasista.
