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Tres destinos se han entrelazado entre 2022 y este año a raíz del tráfico de drogas a escala global y la lucha contra el narcotráfico en el enclave enraizado al sur de la región. Marcelo Pecci, fiscal paraguayo enfrentado a las mafias narco, asesinado en Colombia en 2022. Róger Mariaca, fiscal general boliviano que enfrenta sospechas y cuestionamientos desde antes de asumir el cargo. Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo acusado de haber ordenado el crimen de Pecci y haber convertido a Bolivia en su base de operaciones ilícitas amparado en la protección de autoridades policiales, fiscales y gubernamentales, en la anterior administración.
Se conoce que Pecci fue uno de los fiscales paraguayos más reconocidos en la lucha contra el crimen organizado en América Latina. Fiscal desde 2009, se especializó en investigaciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Fue figura central cuando se investigaron a redes criminales transnacionales que operaban en Paraguay, Brasil, Bolivia y Europa. Investigó asesinatos vinculados al narcotráfico, redes de corrupción y casos de alto impacto político y mediático. Paradójicamente no fue parte de la Operación A Ultranza Py.
El 10 de mayo de 2022 fue asesinado en la isla de Barú, cerca de Cartagena, en Colombia, mientras se encontraba de luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera. Dos sicarios llegaron en motos acuáticas y le dispararon en la playa, en un ataque que conmocionó a la región y evidenció el alcance transnacional del crimen organizado. Marset fue acusado de ser autor intelectual, ya que su organización fue afectada por las investigaciones lideradas por Pecci. Se abrió una causa judicial por ese crimen y otros delitos en contra del narco uruguayo, pero inexplicablemente su nombre fue borrado de la lista de acusados.
En el caso de Mariaca, desarrolló su carrera en el sistema judicial como fiscal especializado en materia penal. En junio de 2020, el fiscal general de ese entonces, Juan Lanchipa, quien se había puesto de rodillas ante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, pese a su vinculación con el MAS, lo nombró fiscal departamental de Santa Cruz. Terminó siendo sucesor de Lanchipa en 2024, tras ser elegido por más de dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa, en una sesión en la que se denunció pagos en dólares para que se vote por quien ni aparecía entre los favoritos.
Desde la Fiscalía General, Mariaca se impuso como prioridad institucional el fortalecimiento de unidades especializadas en delitos complejos —entre ellos narcotráfico, crimen organizado, lavado de activos y corrupción—, además de la cooperación con agencias internacionales para enfrentar organizaciones criminales que operan entre Sudamérica, Europa y Estados Unidos. El planteamiento quedó en eso.
Su gestión ha estado rodeada de cuestionamientos que apuntan principalmente a que el Ministerio Público no actúa con independencia frente a las redes delictivas que operan en el país y, por tanto, se neutralizan acciones institucionales relacionadas con investigaciones sensibles, favoreciendo al crimen organizado. En julio de 2023, cuando Marset, su familia y sus guardaespaldas huyeron de un operativo de captura, el jefe de los fiscales en el departamento de Santa Cruz era Mariaca.
Si bien, el propio narco uruguayo reveló en un video que un director de la fuerza antidrogas le informó del operativo para que huyera, posteriormente quedó al descubierto que el Ministerio Público no había investigado nunca las actividades fachada de Marset que incluían la compra de equipos de fútbol, realización de espectáculos musicales y la incursión en el negocio inmobiliario, entre otras. La Fiscalía cruceña vio salir complaciente a los cómplices del líder del PCU de la cárcel de Palmasola con decisiones de jueces de dudosa trayectoria que disponían el cambio de la detención preventiva por domiciliaria o la aplicación de arraigos con presentación en oficinas fiscales, previo pago de fianzas.
Pero, el episodio que alimentó las sospechas sobre Mariaca y el Ministerio Público ocurrió el viernes 13 de marzo de 2026, cuando fuerzas policiales especializadas ejecutaron un operativo secreto que terminó con la captura de Marset y su equipo de seguridad —tres varones y una mujer, la media hermana del capo. La Fiscalía no fue comunicada, sino hasta que comenzaron las operaciones policiales en dos viviendas del barrio Las Palmas, en el tercer anillo de la capital cruceña.
“Recientemente, en horas de la madrugada de hoy (viernes), hemos tenido conocimiento de este operativo, en el que existen cuatro personas aprehendidas”, reconoció Mariaca en una conferencia de prensa cerca del mediodía de ese viernes. Para matizar, dijo que los agentes policiales trabajaron “de manera silenciosa, pero responsable”.
La afirmación generó debate en el ámbito político y judicial, ya que en operaciones de alto impacto contra el narcotráfico suele considerarse clave la coordinación con los fiscales, a fin de la judicialización de los casos. Pero, ¿cómo coordinar con Mariaca si días antes difundió un video en el que pidió que un juzgado de sentencia radique una acusación formal contra Marset por delitos de narcotráfico obtenida en 2025? ¿Se quiso cruzar la expulsión de Marset a Estados Unidos, donde será juzgado y sentenciado por lavado de dineros provenientes del narcotráfico, entre otros?
Es probable que con la detención del narco uruguayo, también se pueda esclarecer el asesinato de Pecci, un fiscal paraguayo decidido a combatir al crimen organizado en la región. En cuanto a Mariaca, la renuncia al cargo podría ser una salida decorosa, pero sería admitir que forma parte del esquema de protección. Entonces, tendrá que acostumbrarse a no ser informado de investigaciones sensibles, habrá muchas, porque no es autoridad confiable para coordinar la lucha contra las mafias del narcotráfico como la de Sebastián Marset.
