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La educación es la base de las oportunidades que una persona puede tener en la vida y el fundamento del desarrollo de la nación. Una buena educación le da a la persona mejores condiciones para salir adelante en la vida, progresar y prosperar, con un efecto multiplicador que trasciende el beneficio personal pues no solo cambia la vida del individuo sino también de quienes lo rodean, su familia, su comunidad y, en muchos casos de muchas otras personas a quienes no conoce mediante sus descubrimientos, emprendimientos e inventos. Sin embargo, más allá de todo lo bueno que podamos hablar de la educación, no es un tema prioritario en el debate publico boliviano, a pesar de que es un desafío imprescindible para avanzar hacía el desarrollo del país.
Por eso es encomiable, el esfuerzo del economista Gonzalo Chávez de posicionar este tema en la discusión publica mediante sus artículos de opinión. Más allá de las coincidencias o diferencias que los distintos lideres de opinión puedan tener sobre sus propuestas concretas, lo importante es que se discuta sobre la educación y, en este año electoral en que además conmemoramos el Bicentenario de la Fundación de la Republica de Bolivia, se influencie a los gobernantes, y a quienes aspiran a serlo en los distintos niveles de gobierno, a posicionar a la educación como un elemento central de las reformas que se deben encarar en Bolivia para mejorar sustancial y sostenidamente la vida de nuestro pueblo.
Coincidentemente, un informe del Observatorio Plurinacional de la Educación presentó los resultados de pruebas tomadas a estudiantes con niveles altísimos de reprobación, particularmente en las ciencias exactas, aunque también en lenguaje. No obstante, es positivo que se haga público este informe puesto que durante años la política oficial ha sido la de no participar en pruebas internacionales ni tampoco realizar e informar sobre los resultados de las pruebas nacionales, lo que equivale a creer que la enfermedad se va a curar por no reconocerla, cuando lo que necesitamos es conocer la realidad del estado de nuestra educación para poder iniciar el camino de una verdadera reforma que la conduzca a convertirse en un espacio real para la igualdad de oportunidades y la movilidad social.
En este punto, me gustaría mencionar algunos puntos para el debate. Quizás el primero es el fracaso del monopolio estatal en la formación de los educadores y la regulación centralista del sistema educativo. Este proceso, acentuado en los últimos años, tiene como objetivo subyacente la búsqueda de convertir a la educación como un sistema de adoctrinamiento estatal hacía una especie de ideología oficial del Estado, con la cual se pretende formar a los docentes, y, por lo tanto, a los estudiantes en las ideas y visiones definidas por el estado en su nivel central.
Consecuentemente, esta es una de las áreas donde el centralismo tiene una mayor incidencia, puesto que se pretende, desde hace varias décadas, uniformizar la educación para formar ciudadanos con una visión también uniforme de la sociedad y de la vida en comunidad. Esto es absolutamente contradictorio con la realidad tan plural y diversa de los distintos pueblos y culturas que conforman Bolivia y por ello se ha logrado el efecto contrario del supuestamente procurado, pues próximos a cumplir nuestro Bicentenario aun no logramos construir un sentido compartido de unidad con relación a la nación boliviana, la cual ha sido menospreciada por el concepto del estado plurinacional.
Por ello se debiera permitir que la educación fuera una carrera profesional (para los niveles de educación inicial, primaria y secundaria) que los ciudadanos puedan estudiar en las distintas universidades, como sucede en la mayoría de los países democráticos, y que mediante exámenes de competencia se pueda acceder a los espacios laborales del sistema público, o se permita al sistema privado elegir entre quienes ofrezcan las mejores capacidades y aptitudes.
Seguramente, hay muchos otros temas para el debate, como el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos o la necesidad de introducir elementos de competencia por lo cual las familias reciban vales del estado para decidir qué opciones educativas ofrecen mejores condiciones a los estudiantes. Lo importante es que se priorice a la educación como un elemento central del debate y de las políticas públicas.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
