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El cabildo se ha convertido en el medio popular que permite canalizar las diferentes protestas y demandas ciudadanas que son de interés colectivo. La libre manifestación y la protesta pacífica son elementos esenciales del funcionamiento y la existencia misma del sistema democrático, que permite demandar, disentir y reclamar al Estado y al gobierno el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
En las protestas interactúan una constelación de derechos y libertades que el sistema interamericano garantiza tanto en la declaración americana de los derechos y obligaciones del hombre como en la convención americana de derechos humanos. (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión, 2019). En el sistema interamericano se pone de relieve una fuerte interconexión entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión y el derecho a la protesta social.
Las reuniones y manifestaciones desempeñan un papel muy dinámico en la movilización de la población y la formulación de sus reclamaciones y aspiraciones, pues facilitan la celebración de eventos y ejercen influencia en la política pública de los Estados. El derecho a la protesta también se encuentra fuertemente asociado a las actividades de defensa de los derechos humanos, incluyendo demandas de reconocimiento, protección o ejercicio de uno o varios derechos.
La protesta juega un papel central igualmente en la defensa de la voluntad popular y los derechos humanos; y el ejercicio conjunto de estos derechos fundamentales hace posible el libre juego democrático. La comisión IDH reconoce que en distintas circunstancias las protestas interrumpen y afectan el normal desarrollo de otras actividades, pero esa situación no vuelve per se ilegítimas a estas formas de expresión. La protesta tiene como una de sus funciones canalizar y amplificar las demandas, aspiraciones y reclamos de grupos de la población, entre ellos, los sectores que por su situación de exclusión o vulnerabilidad no acceden con facilidad a los medios de comunicación y a las institucionales de mediación tradicionales.
El sistema interamericano busca contribuir al mejor entendimiento de las obligaciones estatales dirigidas a garantizar, proteger y facilitar las protestas y manifestaciones públicas, así como los estándares que deben enmarcar el uso progresivo ─y como último recurso─ de la fuerza en contextos de protesta. En las sociedades democráticas, las personas y la población en general se organizan y expresan sus demandas de formas distintas y por medio de estrategias que varían de la denuncia a la presión directa, y de formas más institucionales. La sociedad civil organizada, asociaciones de vecinos, entidades religiosas, centros de enseñanza, institutos de investigación; los sindicatos y asociaciones profesionales; los partidos políticos y los movimientos sociales viabilizan estos procesos de reivindicación y expresión para la promoción de sus ideas e intereses o de defensa o promoción de derechos.
Las protestas y manifestaciones se encuentran asociadas a concentraciones o marchas en espacios públicos, y pueden adoptar distintas formas y modalidades como lo han reconocido los distintos sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Los Relatores de Naciones Unidas también reconocieron a las demostraciones, huelgas, sentadas y ocupaciones pacíficas, como parte del ejercicio de los derechos de asamblea y reunión pacífica.
Los Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público. Y cuando tengan que hacer uso de la fuerza, la policía debe adoptar medidas proporcionales al logro de estos objetivos y no obstaculizar de manera arbitraria el ejercicio de los derechos en juego en las protestas. La protesta juega un papel fundamental no solo en el desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas democráticos, sino también para viabilizar la participación ciudadana y contribuye al disfrute de los derechos y las libertades fundamentales.
Los diferentes cabildos cruceños no solo se han convertido en una verdadera fiesta democrática, contundentes y cada vez más multitudinarios y legítimos, sino también ya forman parte de la cultura regional que busca cambiar la dinámica de hacer política en pleno siglo XXI.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
