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Reconozco que en un principio no estaba muy convencido de la iniciativa de hacer un Paro Departamental con el objetivo demandar la realización del Censo en el 2023. Entre las razones de mi desconfianza consideraba que existen otros temas de interés nacional que son mucho más importantes de posicionar en la agenda política, como la reforma de la justicia por dar un ejemplo.
Otra de las razones de mi desinterés, entendía que la repartición de los recursos a partir del nuevo Censo, no representan un avance significativo en la reasignación de los recursos en favor del departamento. En la medida que los datos del Censo tienen un impacto en la distribución de la Coparticipación Tributaria, cuyos beneficiarios son exclusivamente los Gobiernos Municipales y las Universidades del sistema público.
Es cierto que los recursos del IDH, cuya reasignación será modificada con la encuesta nacional, destinan una porción a los Gobiernos Departamentales, Sin embargo, también es cierto que la recaudación de este impuesto ha ido menguando considerablemente a partir del descenso del precio de los hidrocarburos y de la baja en la producción nacional. Adicional a esto, el Gobierno Central hábilmente ha echado mano de estos recursos para financiar políticas nacionales como la Renta Dignidad. En resumen, preveía que el impacto económico de un nuevo Censo no iba a generar una diferencia sustancial en el Departamento de Santa Cruz, como si lo haría un Pacto Fiscal.
Un nuevo Censo también genera como consecuencia la redistribución de los escaños parlamentarios y en esa estimación a Santa Cruz le corresponden entre 3 y 4 diputados más. No obstante, dada la no tan digna participación de nuestros representantes en el Congreso, la asignación de nuevos curules no me generaba demasiadas expectativas; al final de cuentas, qué diferencia hay en que esos escaños sean reasignados a Santa Cruz o que esos diputados solo vengan para las efemérides departamentales.
Sin embargo, la contrapropuesta que hizo conocer el Gobierno a través de la ministra de la Presidencia, al ofrecer adelantar la entrega de los recursos de la coparticipación, suspendiendo la distribución de los escaños hasta después de las elecciones, prendió las alarmas democráticas. A confesión de partes, relevo de pruebas. Tenía razón mi amigo Eric Landivar en señalar que, en esta oportunidad, al gobierno le interesa más el Poder que la plata.
En efecto, un nuevo Censo va a demostrar, entre otras cosas, que la migración del campo a la ciudad es una realidad inexpugnable. Según los cálculos de Carlos Hugo Molina, un 70% de la población boliviana vive en las ciudades. Ello implica que se debe materializar una nueva reconfiguración de las circunscripciones en todos los departamentos, no solamente en Santa Cruz. Y si bien es cierto que algunos departamentos “perderán” escaños que deben ser reasignados a los departamentos receptores de la migración, también es cierto que al interior de los mismos departamentos se deberán llevar a cabo nuevas reestructuraciones en las circunscripciones en donde el peso de la votación rural se verá disminuido.
En otras palabras, un nuevo Censo deberá otorgar más circunscripciones a las ciudades en desmedro de los municipios rurales. Esto afectaría seriamente los intereses políticos del partido de gobierno en la medida que ellos se fortalecen en la votación rural.
Es por esta razón que el Gobierno Nacional busca retrasar esta nueva redistribución ¡hasta después de las elecciones! Por ello es que creo que la lucha por el Censo no es solamente una causa departamental, sino que es de interés nacional, en la medida que es correcto y justo ir a unas elecciones donde la representatividad de la ciudadanía esté acorde a la realidad nacional.
Otra de las verdades que va a evidenciar el Censo es que la migración a Santa Cruz desde los restantes ocho departamentos se ha visto acelerada en los últimos 15 años. Vaya paradoja: el gobierno que desde el discurso trabajaba por el desarrollo de los pueblos indígenas ha provocado que las provincias se vacíen y que las ciudades colapsen y que una gran mayoría de bolivianos hubiera escogido “migrar” al Modelo Cruceño de Desarrollo abandonando el Modelo Económico Social Comunitario Estatal y Cooperativo. Los datos que arrojen la realidad del nuevo censo, permitirán a la oposición construir una nueva narrativa y enarbolar una nueva visión de País a partir de esta constatación, es por ello que no podemos ir a unas elecciones sin antes hacer un Censo en 2023.
