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El gobierno nacional aumentó el 3 y 4% al salario mínimo y al básico de los trabajadores y anunció otras conquistas sociales que ya se encuentran legalmente reconocidas. Con los empresarios privados (en la única reunión que tuvieron), nunca se mencionó la palabra “aumento” salarial. Las medidas del gobierno del pasado primero de mayo, son medidas políticas que pueden llegar a complicar la situación de muchas empresas, especialmente chicas y medianas.
Un verdadero homenaje a los trabajadores hubiera sido que el Estado analice, actualice y modernice la normativa laboral. La Ley General del trabajo data del año 1939, y fue elevada a rango de Ley en 1942. El decreto reglamentario data del año 1943, y el código procesal del trabajo del año 1979. En estos 80 años se han aprobado disposiciones constitucionales y legales, decretos y resoluciones ministeriales, y una copiosa jurisprudencia constitucional, que ha terminado generando inseguridad jurídica para los trabajadores y los empresarios.
Los empresarios necesitan que el Estado proporcione seguridad jurídica para poder trabajar y ponerle el hombro al país. También debería aprobarse una flexibilización tributaria hasta que la economía se recupere de las secuelas del Covid-19. La mentada seguridad jurídica condiciona, en efecto, la inversión nacional e internacional. Nadie en su sano juicio trasladará parte de su capital y buscará trabajar en procura de acrecentar su patrimonio en un país, salvo que existan unas determinadas condiciones económicas, políticas y sociales.
La seguridad jurídica no funciona sola, sino que debe estar acompañada de una serie de condiciones objetivas y subjetivas para que se concrete. El gobierno debe generar las condiciones básicas que supone todo emprendimiento empresarial. Un país inseguro, que vive permanentemente amenazado, bloqueado, con predios rurales avasallados, un sistema impositivo perverso, etc. no es el terreno fértil para la iniciativa privada, menos para realizar inversiones internacionales.
Urge entonces que el gobierno cambie su discurso agresivo antiliberal y ofrezca certidumbre y confianza. Es verdad que existe una nueva normativa como la Ley para promover las inversiones, la Ley de conciliación y arbitraje, entre otras, que necesitan ser desarrolladas para canalizar el ingreso de “capitales frescos” y así contrarrestar los efectos perversos de la caída de los precios internacionales de nuestros productos que exportamos.
La necesidad de sostener y aumentar el crecimiento económico exige no solo una apertura de la economía sino también su promoción a todo nivel y fuera de nuestras fronteras. En algún momento el gobierno del MAS tendrá que darse cuenta que una economía cerrada ―como la que ha querido imponer este gobierno―, no funciona precisamente porque bloquea “la iniciativa privada y flujos de capitales externos” y así no se puede contrarrestar el bajón o caída de nuestras exportaciones.
En la era de la globalización ningún país puede estar al margen de los grandes movimientos económicos y financieros. La Cuba socialista, es el mejor ejemplo en este sentido, que no sólo ha anunciado la decisión de abrir mayor espacio a la inversión extranjera a objeto de dinamizar el sector productivo y hacer crecer a su debilitada economía, sino que tiene una Guía del Inversionista, con el propósito de brindar ayuda al extranjero que muestre interés por realizar negocios en la Isla. Los acuerdos de protección al capital extranjero tienen que actualizarse, incluyendo cláusulas favorables al inversor.
En toda esta cruzada económica es imprescindible tener también un Órgano Judicial creíble, independiente, imparcial y competente, porque en sus manos está la mentada seguridad jurídica. Sin embargo, los indicadores son preocupantes si se toma en cuenta los altísimos niveles de retardación de justicia, la falta de credibilidad, los niveles de corrupción y la obsolescencia del sistema en su conjunto.
La defensa real de los recursos humanos (los trabajadores) y el capital económico (los empresarios), exige una modernización del ministerio del trabajo y la justicia laboral, de modo de generar seguridad jurídica y riqueza para combatir la pobreza, que debe ser un objetivo estratégico del Estado boliviano.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
