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El DS 5503 tiene la gran virtud de atacar uno de los problemas fundamentales de nuestra economía, la subvención a los combustibles. La subvención era un problema fundamental por al menos cuatro razones.
- Suponía un gasto de alrededor de USD 2.000 millones que representaba alrededor del 33% del déficit fiscal (recordemos que el déficit fiscal sobrepasó el 12% del PIB el 2025). Era imposible, por lo tanto, siquiera poder pensar en cerrar las cuentas fiscales sin eliminarla.
- Los precios artificialmente bajos de la gasolina y el diesel mandaron señales incorrectas a la población durante muchísimos años. Nos metieron en una burbuja de fantasía en la que la energía era mentirosamente barata y, por lo tanto, produjeron mucha ineficiencia. Cuando los precios no reflejan la real escasez de los bienes y servicios, los agentes económicos toman decisiones basados en señales mentirosas y se produce, entonces, una mala asignación de recursos.
- Como era de esperarse, el precio artificialmente bajo de los combustibles en el país impulsó un enorme negocio de contrabando que movió ingentes cantidades de combustible hacia países vecinos, principalmente el Perú. La comprobación de que, después del decreto, la demanda por diesel cayó en un 50%, muestra el espeluznante tamaño de este negocio y la corrupción que supone. Rescato aquí la reflexión del Ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, en el sentido de que el DS 5503 no solo corrige una mala política económica, sino que además tiene un importante efecto moral.
- Manda una señal importante a los organismos internacionales de que el gobierno es plenamente consciente del enorme problema que representaba la subvención en términos de gasto y que está dispuesto a tomar medidas duras y enfrentar conflictos sociales con el objetivo de ordenar la casa. Sin esta señal hubiera sido muy difícil que los organismos internaciones se muestren dispuestos a financiar un plan de rescate amplio que tan urgentemente necesitamos.
Pero no nos engañemos, el DS 5503 era necesario, y el gobierno debe defender la eliminación de la subvención con uñas y dientes, pero no es suficiente ni mucho menos. Hay todavía un largo camino por recorrer. Como pongo arriba, la eliminación de la subvención solo reduce el 33% del déficit fiscal. ¿Qué hacemos con el 66% restante? Si no seguimos reduciendo el gasto fiscal, el gobierno tendrá que seguir financiando los déficits con préstamos del Banco Central y eso seguirá causando inflación e inestabilidad macroeconómica.
El siguiente rubro donde se deben cortar gastos es el de las empresas públicas. De acuerdo con datos de Populi, el Tesoro General de la Nación les transfiere a las empresas públicas alrededor de USD 1.867 millones al año (al tipo de cambio oficial) para su funcionamiento. Aunque las empresas registran esta transferencia como un ingreso, en realidad se trata de un financiamiento porque esta plata no se origina en la venta de bienes y servicios. De acuerdo con la misma fuente, el déficit global de las empresas púbicas (sin registrar la transferencia del TGN como ingreso) es de alrededor de USD 2.400 millones, es decir, un monto similar o incluso superior al de la subvención a los combustibles.
Si cerráramos una buena parte de las empresas públicas (64 de las 67 empresas públicas son deficitarias), el gobierno podría probablemente reducir otro 33% del déficit fiscal y quedaríamos con un déficit de 4% del PIB que es mucho más manejable. La tercera parte restante debería ser atacada posteriormente reduciendo varias ineficiencias en el aparato burocrático, el sector educativo, el de salud, etc. Y sí, esto implica reducir el número de empleados públicos entre varias otras cosas.
Hay mucho todavía que avanzar, por lo tanto, y la reducción del gasto debe continuar de forma decidida. Pero este ajuste debe hacerse impostergablemente porque, si no, el déficit fiscal continuará acelerando la inflación. Es preocupante, por lo tanto, el Artículo 5 del DS 5503 que autoriza al Banco Central “de manera excepcional y temporal” a “recibir depósitos, garantías o colaterales del TGN para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.” En buen cristiano esto significa que el DS 5503 prevé que el déficit fiscal va a continuar (es decir, que el ajuste, si se hace, se hará tímidamente y de manera gradual) y entonces le autoriza (le ordena) al Banco Central a seguir utilizando la maquinita de imprimir dinero para cubrir dicho déficit. En otras palabras, el Banco Central seguirá haciendo lo que hacía durante el gobierno del MAS. Esta es una afrenta directa a la independencia del Banco Central y me parece que su nuevo presidente y directores deberían plantearse seriamente su renuncia ante lo que este artículo supone. Las autoridades del Banco Central no pueden aceptar esta disposición y convertirse en instrumentos del gradualismo y la inestabilidad macroeconómica.
