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Por Daniel Lacalle1
España es el país con la tasa de paro más alta de la OCDE. Además, el paro efectivo supera los 3,4 millones, incluidos parados y desempleados, según Fedea y BBVA Research. Ante una realidad tan preocupante, el gobierno acude a la propaganda y el maquillaje de los datos, pero la situación solo empeora.
Cepyme ha alertado de nuevo sobre el efecto negativo del subterfugio de la subida del SMI (salario mínimo interprofesional), que no es más que una subida de impuestos encubierta. En concreto, Cepyme muestra en un informe publicado esta semana que la subida del 35,9% que ha experimentado el SMI a partir de 2018 ha destruido 71.600 puestos de trabajo y evitado la creación de 145.900 empleos.
Hasta el informe que solicitó el gobierno de la Fundación Iseak lo muestra, y eso en un informe claramente optimista. Concretamente, alerta de un “impacto negativo sobre el empleo” a medio plazo que “se centra fundamentalmente en las personas mayores de 30 años y en quienes tienen empleos a jornada completa”. La “pérdida de empleo” registrada sería de alrededor de unas 28.000 personas en el periodo de estudio (que es un periodo y alcance menor al utilizado en el análisis del informe de Cepyme).
Subir el SMI apenas beneficia a un 9% de los trabajadores, pero perjudica a la enorme mayoría con más impuestos. Se disparan los costes laborales porque suben los impuestos al trabajo aumentando las cotizaciones sociales que se pagan a la Seguridad Social por la mayoría de los empleados. El Estado, mientras tanto, hace caja, y con la “subida” del SMI aumenta la recaudación pasándole a las empresas el coste de la inflación y del aumento constante de impuestos.
Cuando a usted le digan que el gobierno sube el salario mínimo, recuerden que lo que hacen es subir los impuestos y poner más trabas al empleo. Subir el salario mínimo es expoliar más a empresas y trabajadores y a la vez reducir los salarios más altos al penalizar cada vez más la contratación.
Para una empresa, contratar en 2023 supone además un aumento de impuestos por el mal llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que significa pagar más impuestos y cobrar menos pensión, y, además, otra subida del 8,5% en las bases máximas de cotización. En un país donde un salario de 1.000 euros mensuales le cuesta al empleador casi 1.900 deberíamos analizar con mucho cuidado el efecto negativo de estas medidas populistas.
El argumento de los totalitarios es simple: “Si una empresa no puede pagar un salario digno que no exista”. Curioso que no digan que esa empresa lo que no se puede permitir pagar casi el doble por los salarios en bruto, pagar casi el 40% de los que ingresa en impuestos directos e indirectos y encima lidiar con las trabas burocráticas.
Hay vida más allá del Impuesto de Sociedades. Según CEOE y la Tax Foundation, la tributación empresarial en España está seis puntos por encima de la media europea. Casi la mitad de la carga fiscal son los impuestos al trabajo y otros impuestos indirectos.
Para el burócrata usted siempre gana demasiado y ellos expolian poco.
Así, no sorprende que en España el tejido empresarial sea tan débil. Según el INE, de poco más de 3 millones de empresas, un total de 1,94 millones de empresas no emplean a ningún asalariado a 1 de enero de 2022, el 56,6% del total. Además, otras 905.804 (el 26,4% del total) tienen uno o dos empleados. “Si se suman estos dos grupos, el 83,0% tenían dos o menos asalariados”, certifica el INE.
Pues nada, ante la evidencia del expolio y el fracaso en empleo y crecimiento, van a imponer todavía más costes, trabas y escollos fiscales y burocráticos.
Eso sí, los intervencionistas seguirán diciendo que las empresas se forran, que el paro es culpa del capitalismo y que el estado tiene que subir aún más los impuestos. Y se volverán a equivocar, pero les da igual porque su objetivo no es el progreso, ni el empleo ni aumentar los salarios, sino el control. Hacer una sociedad dependiente y empobrecida para engordar la burocracia que se presente como solución a los problemas que ellos mismos crean.
1Daniel Lacalle es economista jefe de Tressis y profesor de IE Business School y del Instituto de Estudios Bursatiles de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de La Gran Trampa, Viaje a la Libertad Económica y otras obras, varias traducidas al inglés, chino y portugués y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Rafael del Pino.
*Este artículo fue publicado en panampost.com el 26 de diciembre de 2022
