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El pueblo chileno votó hace pocos días por el rechazo a una nueva Constitución Política del Estado de su país, debido a una serie de observaciones y cuestionamientos que se dieron durante su proceso constituyente, a tal punto que el principal argumento que tenían los propulsores de un nuevo texto constitucional era que había que dejar atrás la constitución aprobada en el régimen del ex dictador Augusto Pinochet. Es decir, para ellos el contenido no importaba, pensaban en poderlo ajustar después y que la consigna política era lo más importante, pero al final no fue así.
El rechazo a la constitución propuesta puede ser considerada como un fracaso de su proceso constituyente. Pero de igual manera hubiera resultado ser un fracaso si se aprobaba una constitución que no resuelva los problemas inherentes a su nación. Esto fue lo que sucedió en el caso boliviano, en donde se llevó a cabo un proceso constituyente que desembocó en la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado, pero que a 13 años de vigencia resultó ser también un fracaso.
Una de las evidencias de este fracaso es la justicia, que sin duda alguna merecía una reforma en aras de mejorar la transparencia y el acceso de la ciudadanía. Pero como el propio gobierno lo ha reconocido de manera cínica, el remedio fue peor que la enfermedad. La descomposición del sistema judicial boliviano ha llegado a tal nivel que las críticas ya vienen hasta desde fuera del país a través de diversos organismos internacionales, pero aun así no se hace nada para reformarla. El gobierno nacional finge estar preocupado por este tema, pero en realidad no está dispuesto a cambiarla porque en ella sustenta su poder autoritario para atemorizar y condicionar a los políticos opositores. En este caso, el proceso constituyente hizo simples ajustes nominales y lo más “novedoso” fue establecer la elección mediante el voto de las altas autoridades judiciales, iniciativa que claramente ha resultado ser un fracaso puesto que en dos elecciones realizadas la gente ha preferido votar nulo antes que elegir a postulantes que ni conocen o son cuestionados por su afinidad con el partido político oficialista. El año 2023 los bolivianos tendremos que afrontar un nuevo proceso de elecciones judiciales sin que el panorama haya cambiado para nada. En un escenario ideal, este año podría ser aprovechado más bien para plantear las reformas tan necesarias para la justicia boliviana, ya que con certeza podemos decir que el planteamiento realizado en el proceso constituyente sobre esta temática fue un fracaso.
En cuanto a la demanda autonómica, que fue una de las principales demandas surgidas durante la constituyente boliviana, si bien fue plasmada en la nueva constitución, se fue diluyendo en su aplicación. Lo más significativo a resaltar podría ser la elección de los gobernadores mediante el voto popular, aunque desde antes de la constituyente se había encontrado una alternativa para elegir a los entonces prefectos mediante el voto, que si bien no era lo ideal, debido a algunas aristas legales, sin embargo estableció un derecho ciudadano que se perfeccionó en el nuevo texto constitucional con la creación de los Gobiernos Autónomos Departamentales. De igual manera, se establecieron competencias exclusivas, concurrentes y compartidas, tanto para éstos como también para otros tipos de autonomías, lamentablemente dichas competencias empezaron a ser menoscabadas desde el nivel central limitando a los gobiernos autónomos para su ejercicio. El caso más extremo de frustración en el tema autonómico pasa por el régimen económico y financiero, puesto que sigue vigente el régimen establecido desde mucho antes del propio proceso constituyente. Es decir que, en este tema, no se ha cambiado absolutamente nada. Existe la disposición normativa para que a través de un nuevo Pacto Fiscal se pueda concluir lo que quedó inconcluso en el proceso constituyente, pero la posibilidad de llevarlo a cabo se vuelve cada vez más esquiva, prolongando así lo que podríamos calificar como otro fracaso.
Sobre el sistema electoral, ha quedado en evidencia que el proceso constituyente tenía la finalidad de establecer uno poco democrático. No se hicieron cambios necesarios para fortalecer un sistema de frenos y contrapesos y lograr un equilibrio entre mayorías y minorías, sino todo lo contrario. Se dio la posibilidad de la reelección de manera inmediata que fue aprovechada por Evo Morales para prorrogarse en el mandato, aunque falló en su último intento. Por otro lado, modificaron el sistema de elección de los senadores, que en la primera gestión del MAS fue “su piedra en el zapato”, estableciendo un sistema proporcional que le permitió al oficialismo ejercer una hegemonía parlamentaria en todos estos años. Pudo haberse hecho cambios más profundos, como separar la elección presidencial de la elección de los legisladores, como sucede en otros países que gozan de una mayor calidad democrática.
Finalmente, el gran fracaso del proceso constituyente está en que en definitiva no se lograron resolver las diferencias sociales entre los bolivianos. Aún persiste la división y confrontación que más bien ha sido alentada desde el oficialismo para favorecerse de un escenario político polarizado. Fue bajo ese mismo escenario que se logró la aprobación del texto constitucional.
El presidente chileno, Gabriel Boric, anunció un nuevo proceso constituyente para elaborar una nueva propuesta constitucional, con la esperanza de que esta vez reciba la ratificación ciudadana. En el escenario político boliviano, es difícil que se genere un nuevo proceso constituyente; pero sin duda alguna, es necesario hacer reformas para enmendar las cosas que se hicieron mal, como en el tema de la justicia, o aquellas que se cambiaron pensando en el beneficio de un partido político y no de la democracia, como fue el caso del sistema electoral. También existe la posibilidad de hacer reformas en las que no necesariamente se debe modificar la constitución, como es el caso de la autonomía, puesto que pese a las complejidades y críticas que se puedan tener, se podría profundizar a través de una nueva Ley Marco de Autonomías y Descentralización y el Pacto Fiscal.
Estas reformas ayudarían a fortalecer la institucionalidad democrática en nuestro país, lo que a su vez permitiría generar la paz social que tanto necesitamos los bolivianos.
