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Los cuestionamientos al uso desmedido de la detención preventiva, la falta de independencia de la justicia y la persecución política a través de procesos penales expresados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en su informe presentado al país hace tres semanas parece que se quedarán como simples apuntes de una realidad que no quiere ser cambiada por el masismo y la administración de Luis Arce.
El GIEI pidió que no se inicien procesos judiciales sobre la base de su informe porque constató que el sistema judicial es la principal herramienta de persecución política en Bolivia; sin embargo, al día siguiente de la presentación del documento el Procurador viajó a Sucre para encaminar un nuevo juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez, esta vez por el caso de las “masacres” de Sacaba y Senkata, calificadas así por el grupo de expertos.
Sobre el uso arbitrario de la detención preventiva, una de las principales observaciones del GIEI, todo muestra que se mantendrá vigente ignorando la recomendación internacional. Este lunes, a un día de cumplir los seis meses de detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz, un juzgado cautelar dispuso otros seis meses de encarcelamiento preventivo para el exministro de Energías, Rodrigo Guzmán, integrante del gobierno transitorio, por un caso en el que podría defenderse en libertad.
En el caso de la expresidenta Áñez, este martes concluyeron los seis meses de prisión preventiva que dictaminó un juez en marzo de este año por el inventado caso del supuesto “golpe de Estado”, sin embargo, de manera arbitraria la justicia desdobló el caso en dos procesos y dispuso un nuevo período de detención preventiva por otros seis meses, lo que mantendría a la expresidenta en prisión hasta el primer trimestre de 2022.
La detención preventiva es una medida excepcional para casos de extrema gravedad pero en el sistema judicial boliviano es un recurso cotidiano de fiscales y jueces que han convertido las cárceles del país en depósitos de personas encarceladas bajo esa figura que luego son extorsionadas por los administradores de justicia si quieren defenderse en libertad, claro a cambio de pagos irregulares de montos de dinero.
El informe del GIEI también hizo referencia a la falta de independencia del sistema judicial boliviano y su sometimiento a los gobiernos de turno. El fiscal general Juan Lanchipa fue señalado por propios y extraños como lo más evidente del sometimiento del Ministerio Público y a pesar de que opositores y oficialistas pidieron que sea alejado del cargo, Lanchipa continúa en el máximo nivel de la Fiscalía boliviana por sus estrechos contactos con los poderosos del país.
La permanencia de Lanchipa en la Fiscalía General demuestra que la reforma judicial promovida por el Ministerio de Justicia es la expresión del gatopardismo típico del MAS de proponer cambios para que nada cambie. Destacados juristas y constitucionalistas han pedido casi en coro que se aproveche el momento para una verdadera reforma judicial, por ejemplo a través de un referéndum, pero el gobierno quiere mantener las cosas tal como están.
Así, los ocho meses de trabajo del GIEI y el voluminoso informe que presentó el mes pasado quedarán ignorados por un gobierno que solo piensa en materializar la venganza política de su caudillo y preparar las condiciones para rehabilitarlo política y electoralmente.
