El giro de la fertilidad en China muestra la insensatez de legislar el tamaño de las familias
Chelsea Follett explica por qué la planificación central no debería inmiscuirse en la planificación familiar.
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Por Chelsea Follett1
Tras décadas de la desastrosa política de limitar el crecimiento familiar por la fuerza, China, según informes de prensa, está ahora molestando a sus mujeres a través de mensajes de texto y redes sociales para que tengan más bebés. Esta intromisión del Estado, como las coacciones del pasado, es contraproducente. China debería dejar de decir a las parejas cuántos hijos deben tener. Mantenga la planificación central fuera de la planificación familiar y las familias florecerán.
No contentos con regular la vida fuera del hogar, los autoritarios tienen un largo historial de intervención en los asuntos familiares. El reciente giro del Partido Comunista Chino en política familiar no es sorprendente. A lo largo de la historia, los países comunistas han alternado medidas coercitivas para aumentar el tamaño de las familias con otras destinadas a reducirlo. La política china del hijo único, por ejemplo, estuvo en vigor durante 36 años (1979-2015).
La Unión Soviética de Joseph Stalin penalizaba económicamente a los que no tenían hijos, promulgando un llamado “impuesto sin hijos” que el país aplicó desde 1941 hasta 1990 en diversos grados. El impuesto castigaba a los hombres sin hijos de entre 20 y 50 años y a las mujeres sin hijos de entre 20 y 45 años. Un decreto de 1944 amplió el impuesto a los sin hijos para penalizar también a los padres que sólo tenían uno o dos hijos.
La Rumanía y la Polonia comunistas (después de la Segunda Guerra Mundial) aplicaron impuestos similares inspirados en la ley soviética. Esos impuestos, al igual que su inspiración, perduraron hasta el colapso del bloque de la URSS en 1991. La Rumanía de Nicolae Ceaușescu fue la que más lejos llegó, promulgando estrictas prohibiciones sobre el control de la natalidad que dieron lugar a un gran número de niños abandonados cuyos padres a menudo no podían permitirse criarlos.
Las condiciones de hacinamiento en los orfanatos de la nación comunista –apodados “gulags infantiles”– eran de pesadilla. Sin embargo, los carteles de las inhumanas instituciones se jactaban burlonamente: “El Estado puede cuidar de su hijo mejor que usted”.
Si en algo son coherentes los comunistas es en que el Estado sabe más. Siempre. Incluso cuando se trata de cuántos hijos debe traer al mundo cada pareja. En lo que los comunistas han sido inconsistentes, sin embargo, es en si ese número debe ser mayor o menor.
A partir de los años sesenta y setenta, se puso de moda entre los intelectuales de todo el mundo preocuparse por la “sobre-población“, un concepto que las pruebas abrumadoras han puesto en entredicho desde entonces. El pánico resultante tuvo su manifestación más oscura en la política china del hijo único, que llevó a más de 300 millones de mujeres chinas a llevar dispositivos intrauterinos modificados para ser inamovibles sin cirugía, más de 100 millones de esterilizaciones y más de 300 millones de abortos, una parte desconocida de los cuales fueron coaccionados.
La agencia oficial de noticias china Xinhua se ha jactado de que la política del hijo único evitó 400 millones de nacimientos. Las multas por “exceso de nacimientos” podían alcanzar hasta diez veces la renta anual disponible de una familia.
Los funcionarios locales, ávidos de ingresos, continuaron multando a las familias y aplicando límites a la maternidad incluso después de que el país flexibilizara su política de un solo hijo a una política de dos hijos (2016-2021) y luego la flexibilizara aún más a una política de tres hijos. A medida que los funcionarios chinos se preocupaban cada vez más por el envejecimiento y la reducción de la población, la política de tres hijos se convirtió, por fin, en algo meramente simbólico en 2023.
Sin embargo, la vasta burocracia china de planificación demográfica sigue existiendo y podría reorientarse fácilmente hacia intentos de aumentar coercitivamente el tamaño de la población del país. En un documento dirigido por el PCCh, algunos académicos chinos han pedido un impuesto sobre la falta de hijos.
Y China no está sola. A algunos políticos rusos también les gustaría reinstaurar un impuesto a la falta de hijos (los dirigentes rusos llevan más de una década dándole vueltas a la idea).
En la actualidad, aunque el temor infundado a la sobre-población sigue gozando de popularidad en algunos círculos, la caída de las tasas de natalidad mundiales ha hecho que el péndulo de la opinión de los responsables políticos se incline hacia la idea de que el mundo podría beneficiarse de tener más hijos, en lugar de menos. El número de países con el “aumento de la fertilidad” como objetivo político explícito sigue aumentando.
Afortunadamente, en la mayoría de los casos estas iniciativas no implican coerción. Desde Corea del Sur hasta Estonia, varios países han intentado ofrecer subvenciones estatales, nuevos y costosos programas estatales, primas en metálico o incentivos similares para animar a sus ciudadanos a tener familias más numerosas. Pero un repaso a los esfuerzos realizados en el pasado para modificar las tasas de natalidad, ya sea al alza o a la baja, demuestra que, en el mejor de los casos, han tenido resultados mediocres y, en el peor, han dado lugar a trágicas violaciones de los derechos humanos.
En lugar de emprender nuevas iniciativas costosas y de dudosa eficacia, y arriesgarse a entrar en el terreno de la ingeniería social o algo peor, los responsables políticos preocupados por la natalidad deberían adoptar un enfoque de “primero no hacer daño” a la fertilidad.
Como hemos señalado mi colega Vanessa Calder y yo en un reciente documento, la eliminación de las normas y reglamentos que afectan desproporcionadamente a las familias aumentaría su libertad de elección y podría reducir el costo de la crianza de los hijos lo suficiente como para impulsar la fertilidad. En otras palabras, los formuladores de políticas públicas pueden facilitar que los padres formen las familias que desean simplemente dando un paso atrás y eliminando las barreras gubernamentales a la fertilidad y la vida familiar.
El pulgar del Estado no debería estar en la balanza de las decisiones familiares íntimas, ni en un sentido ni en otro. Reformar las políticas que dificultan artificialmente la vida familiar ofrece un mejor camino a seguir. Esperemos que los responsables políticos de China y de otros países lleguen a reconocerlo.
1es editora de HumanProgress.org, un proyecto del Instituto Cato que busca educar el público acerca del progreso humano a nivel mundial.
*Este artículo fue publicado en elcato.org el 29 de febrero de 2023
