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El gobierno, que ya ha perdido el norte económico, el mapa, la brújula y hasta el sentido común, sigue usando las malas artes de la baja política para rifar lo poco que le queda de credibilidad. Con el país avanzando a paso firme hacia una crisis de múltiples dimensiones, las autoridades han decidido que la mejor estrategia es taparse los ojos y jugar a que todo está bien.
Mientras tanto, en este domingo húmedo y precarnavalero, donde muchos afinan sus coreografías con la misma dedicación con la que el gobierno esquiva la realidad, me permito compartir con ustedes dos historias de terror político que harían sonrojar a cualquier aprendiz de brujo.
Primer Acto: La Suegra (FMI) y el Informe Prohibido. El 8 de marzo de 2024, el Fondo Monetario Internacional (FMI), con la meticulosidad de una suegra quisquillosa, hizo un diagnóstico profundo sobre la economía boliviana con las acostumbradas recomendaciones de política económica.
Este documento, que es un trámite rutinario para cualquier país miembro, no tenía mayores sorpresas: alertaba sobre el creciente déficit fiscal, la insostenibilidad del tipo de cambio fijo, la peligrosa reducción de reservas internacionales, el sobreuso de subsidios y la acumulación de una deuda pública que haría sonrojar a cualquier contable serio.
El gobierno, al recibir el informe, reaccionó como todo mal estudiante frente a una mala nota: prohibió su publicación. Durante los siguientes meses, aplicó toda la presión posible para “engavetar” el diagnóstico y evitar que la opinión pública tuviera acceso a él. Un clásico de la “transparencia selectiva”: cuando los datos no les favorecen, desaparecen.
Pasaron los meses, la economía siguió deteriorándose y el 10 de enero de 2025, cuando el FMI finalmente publicó el informe, el gobierno, en un acto de cinismo olímpico, lo descalificó porque “los datos estaban desactualizados”. Es decir, primero bloquean la publicación durante 10 meses y después se quejan de que el informe es viejo. Ingeniería política de la más fina tradición criolla.
El documento confirma lo que cualquier economista con acceso a una calculadora ya sabía: la deuda pública total alcanzó el 84% del PIB. El gobierno, fiel a su creatividad contable, insiste en que la cifra es del 46% del PIB, porque se niega a reconocer la deuda de las empresas estatales con el Banco Central. Según su lógica, esto sería “deuda en familia”, como si en el mundo real los bancos aceptaran que uno no pague la hipoteca porque “se la debe a su propia casa”.
Pero lo mejor es el broche de oro: para desacreditar el informe, desempolvaron el manual del discurso antiimperialista, con adjetivos reciclados de los años 70. Insultos por aquí, conspiraciones neoliberales por allá. Lo de siempre. Lo cierto es que la economía se hunde, y por más que el gobierno haga malabares, la realidad es testaruda y el FMI, con el tono de una suegra infalible, simplemente vino a recordar lo que ya todos sabíamos. Se aplicó al FMI, la vieja “maniobra envolvente”.
Segundo Acto: La Ley Fantasma y la Mamocracia Presupuestaria. La otra historia de terror se llama Presupuesto General del Estado 2025, que, como dicta la ley, debía ser enviado a la Asamblea Plurinacional hasta el 30 de octubre de 2024 para su tratamiento.
Aquí comienza la tragicomedia: el proyecto de ley desapareció durante un mes entero en los laberintos de la burocracia estatal. Los legisladores opositores, cual cazadores de tesoros, buscaron el documento por todas partes sin éxito, mientras que los oficialistas, con cara de yo-no-fui, se preguntaban entre ellos: “¿Quién ha hecho perder el presupuesto?”.
Finalmente, a inicios de diciembre, el documento apareció de la nada y se empezó a tratar en comisiones con la urgencia de un burócrata en viernes de soltero a las 4:59 p.m. Se demoró tanto que, al llegar el 31 de diciembre, la Asamblea Plurinacional no logró aprobarlo, dejando el campo abierto para que el Ejecutivo aplicara su viejo truco: promulgarlo por decreto el 1 de enero de 2025. Así lo hicieron en 2024.
Pero el verdadero escándalo vino con las “cláusulas contrabando” insertadas en el presupuesto. Aquí van las más escandalosas.:
- Más poder para el Ejecutivo para intervenir en el control de precios, en una reedición de las políticas que han fracasado una y otra vez. 2. Flexibilización de las normas del BCB, permitiéndole usar las reservas de oro como garantía sin aprobación legislativa. 3. Más facilidad para endeudarse en el exterior, sin la supervisión del Congreso. 4. Eliminación de Renta Dignidad para un grupo de pensionistas.
Es decir, se metieron de contrabando facilidades para que el gobierno siga gastando como si no hubiera mañana. Pero aquí viene el giro de guion: la presión de sectores productivos, comerciantes y economistas hizo que, el 15 de enero, el Senado intentara modificar 11 artículos de la ley para frenar algunos de estos excesos.
Es decir, otra “maniobra envolvente”, pero esta vez tan mal ejecutada que se volvió un boomerang. Aquí nadie supo quién salió trasquilado, pero lo que es seguro es que la política económica quedó más enredada que cable de audífonos guardado en el bolsillo.
El Ejecutivo, en lugar de aceptar la modificación, salió a denunciar un “sabotaje” de la Asamblea Plurinacional. Y ahí empezó el show. El oficialismo acusó a la oposición de conspiración, la oposición acusó al oficialismo de autoritarismo, y el presupuesto terminó siendo un Frankenstein legislativo sin pies ni cabeza.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
