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Los avasalladores de tierras en el departamento de Santa Cruz están armados y a ninguna autoridad gubernamental parece interesarle. Hirieron de bala a tres efectivos policiales que cumplían una orden de desalojo y dejaron mal herido al dueño de una propiedad agrícola a quien le dispararon con una escopeta. La impunidad es por el momento la consecuencia indeseada en un tema sensible para la región cruceña.
No hay detenidos, no hay procesos judiciales, no hay voluntad política, no hay justicia para las víctimas, civiles y uniformadas. Solo un pálido pedido de diálogo de parte del Director Departamental del INRA que no alienta ninguna esperanza de que los avasallamientos ilegales sean sancionados y se frene una peligrosa actividad que puede detonar una bomba en Santa Cruz.
Resulta por demás llamativo que no existan sospechosos y menos acusados en el caso del sábado 11 de este mes, cuando un centenar de policías realizó un operativo de desalojo en la propiedad Santa María, a 45 kilómetros de Ascensión de Guarayos, pero fueron emboscados con disparos. Los sargentos Yony Cawasiri Rodríguez, Richard Añez Beltrán y David Roda fueron baleados.
Los buses en los que fueron trasladados los efectivos policiales fueron quemados, al igual que viviendas de los propietarios del predio avasallado por personas que, según los afectados, pertenecen a sindicatos de los interculturales que están ocupando ilegalmente tierras con el aval de las autoridades gubernamentales del sector.
El Presidente del Comité Cívico de Guarayos afirmó este miércoles que un cabildo realizado en esa provincia decidió dar 10 días a los interculturales para que desocupen el terreno avasallado y advirtió que, si no lo hacen, las consecuencias serán responsabilidad del gobierno de Luis Arce porque no hace respetar las áreas productivas de Santa Cruz.
Pero si de balazos se trata, Juan Montaño, dueño de una propiedad en la comunidad El Carmen, cerca del municipio de San Julián, bastión territorial del MAS, se bate entre la vida y la muerte, y los únicos detenidos por el hecho fueron liberados sin dar pistas de quiénes ordenaron el avasallamiento de un predio resguardado por las leyes y la Constitución.
La Cámara Agropecuaria del Oriente se ha declarado en emergencia ante los ataques con armas de fuego en predios ya titulados por el INRA o en la fase final del respectivo saneamiento, aunque el proceso es lento y burocrático, y ha pedido la intervención directa del presidente Luis Arce que a inicios de esta semana estuvo en la región del conflicto y no se refirió al delicado tema.
“Señor Presidente le solicitamos vehementemente su intervención para frenar toda forma de violencia, de forma inmediata, para que este tipo de acciones no se desborden en un hecho de mayor de violencia, que puede tener consecuencias incalculables”, afirmó el presidente de la CAO, Óscar Mario Justiniano. Hasta el momento no se conoce una respuesta oficial.
Fiel a su estilo irreverente, el periodista Carlos Valverde tocó una tecla clave a propósito de las balaceras en los avasallamientos de tierras. Dijo en su programa Sin Compostura de este martes que el gobierno está buscando “un muerto propio”, es decir en filas de los grupos afines al oficialismo, para “intervenir” los predios en conflicto, afectando a los propietarios o quienes trabajosamente impulsan los procesos de saneamiento.
Este viernes, 24 de septiembre, se realizarán los actos por la efeméride departamental de Santa Cruz. Anticiparon su participación el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el presidente en ejercicio del país David Choquehuanca porque Arce estará retornando de la Asamblea General de la ONU. Los avasallamientos de tierras será un tema ineludible en los discursos de las autoridades departamentales y nacionales.
Choquehuanca estará ante el desafío de seguir alentando la expansión cultural de aymaras y quechuas en tierras bajas o ponerse del lado de la legalidad y anunciar procesos y castigos a quienes ocupan propiedades que no les pertenecen amparados en su dependencia política del masismo.
