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Hace un par de semanas, en un artículo titulado «Hiperpresidencialismo boliviano: ¿Regla o excepción?», abordamos dicho fenómeno como un excepcionalismo del expresidente Evo Morales. Su liderazgo carismático, sus cohesionadas mayorías legislativas y su modo de gobernar hipercentralista explican tal concentración de poder. Sin embargo, la ausencia de las dos primeras características ha menguado las chances de agrandar el poder presidencial en las últimas dos gestiones. Empero, el Presidente Arce parece estar profundizando prácticas antidemocráticas para recobrar el hiperpresidencialismo. El conflicto interno del MAS es la excusa perfecta.
Después de más de 15 años, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha recuperado su rol de contrapoder. Ya no sólo cogobierna mediante la elaboración y aprobación de leyes, sino también fiscaliza al Poder Ejecutivo. La obsecuencia al hiperpresidencialismo de Morales quedó atrás, esencialmente porque el conflicto interno del MAS ha destrozado la cohesión legislativa. No obstante, era evidente que el Presidente Arce no se rendiría tan fácilmente. Teniendo la ventaja comparativa de contar con el aparato estatal, en un orden clientelista y prebendal, aparentemente vale la pena al menos intentarlo. Pero la prebenda y el clientelismo, desde muy temprano, se mostraron relativamente ineficaces. Más allá de los empleados públicos, la capacidad de movilización al exterior de las ramificaciones ejecutivas ha sido más bien frustrante.
Ahí es donde entra en juego el Poder Judicial, el cual —al menos desde 2009— ha ido lentamente convirtiéndose en un brazo político del Poder Ejecutivo. Morales utilizó el lawfare para contener a la oposición política durante todas sus gestiones. Arce, más implacable aun, se atreve a emplearlo para cohibir a militantes de su propio partido. Dicha judicilización de la política intrapartidaria se manifiesta en la invalidación del Congreso del MAS en Lauca Ñ. En otras palabras, esta práctica antidemocrática ahora penetra instituciones que debieran ser extraestatales. Sin embargo, nada de no esperarse, ya que todo proyecto autocrático tiende a confundir el partido con el Estado.
Con la elección judicial bloqueada en el Legislativo, y sin incentivos políticos para que ningún ala masista pretenda un proceso transparente, es probable que el statu quo se mantenga. Morales y sus seguidores temen perder aun más terreno al interior del aparato estatal. Arce y su equipo quieren continuar agrandando su presidencialismo. Esta combinación de factores deja a la oposición y ciudadanía embretadas en un conflicto político de un partido que ha perdido su sujeto objetivo y, con ello, su sentido de realidad.
Los problemas del hiperpresidencialismo son ampliamente conocidos, sin importar a través de qué medios se ejerza. Morales y Arce podrán haber tenido diferentes métodos según sus contextos, pero el resultado será el mismo: la continuación del deterioro de la institucionalidad democrática. Morales sabe perfectamente lo que se puede hacer con tanto poder, por eso es el más desesperado. La pregunta ahora es para la ciudadanía: ¿Estamos conscientes de ello y dispuestos a aceptarlo?
