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Bolivia aguarda con expectativa la llegada de Diego García-Sayán, relator de la Organización de Naciones Unidas para la independencia judicial. La representación de la ONU en el país ultima los detalles de la nutrida agenda que desarrollará en su estadía de siete días. Unos y otros creen que puede ser la luz al final del túnel en la crisis de la justicia.
Juristas independientes, plataformas ciudadanas, sectores académicos y partidos políticos alistan afanosamente versiones impresas y digitales de sus propuestas, informes y diagnósticos sobre el calamitoso estado de nuestro sistema judicial para presentarlos al relator de la ONU en una seguidilla de reuniones presenciales y virtuales.
El Gobierno no ha querido quedarse atrás. Además de promocionar las reuniones de García-Sayán con las principales autoridades de tres órganos del Estado, busca dar la impresión de que está abierto a una “reforma seria”, comenzando por el mecanismo de preselección de candidatos y elección popular de la cúpula del sistema judicial.
El Ministro de Justicia, conocido por decir una cosa y hacer otra, reveló en horas pasadas los acercamientos no oficiales que sostiene el Ejecutivo con grupos de juristas, constitucionalistas y actores de las oposiciones en dirección de forjar un “acuerdo nacional” sobre cambios en el proceso de elección de magistrados.
Sin embargo, la apertura al consenso exhibida por el Ejecutivo en los medios de comunicación es opuesta a la cerrada postura expresada por el Ministro en las reuniones “no oficiales”, organizadas por la representación de Naciones Unidas en Bolivia.
En noviembre del año pasado se produjo una primera reunión en La Paz entre el Ministro que ya va por el cuarto planteamiento cosmético y el grupo de juristas independientes integrado por José Antonio Rivera, Juan Del Granado, Katia Saucedo, Samuel Flores, Ramiro Orías, Gabriel Sauma, Gualberto Cusi, Bernarda Flores, Marcelo Fernández y Soraya Santiago.
En el encuentro, la representación de los expertos explicó la propuesta de reforma judicial mediante la modificación parcial de la Constitución, a fin de instaurar un mecanismo de preselección de candidatos que garantice idoneidad profesional e independencia política de quienes busquen ocupar los más altos cargos judiciales del país.
El viernes 11 de febrero, casi tres meses después, se produjo una nueva reunión, esta vez en Santa Cruz, con participación de otros grupos de la sociedad civil integrados por William Herrera, Carlos Börth y Mateo Laura, entre otros. En el encuentro la posición del titular de Justicia fue distinta a sus declaraciones mediáticas.
Expuso su desacuerdo con el planteamiento de la renuncia de 27 altas autoridades judiciales (magistrados titulares y suplentes, y el Fiscal General del Estado) y con la propuesta de reforma parcial de la Carta Magna, mediante Ley de la Asamblea Legislativa o un referéndum constitucional, para dejar atrás el fracasado sistema de elección solo de masistas en la cúspide de la pirámide.
El argumento del interlocutor gubernamental es que el MAS no está dispuesto a realizar ningún cambio a la Constitución aprobada en 2009 ni acortar el tiempo de mandato de los magistrados. Para que el esfuerzo de diálogo no quede trunco, el Ministro quedó encargado de realizar consultas en el Gobierno y posibilitar una eventual nueva reunión.
La intención del oficialismo apunta a realizar maquillajes, no está interesado en una reforma de fondo que, por supuesto, rompa el sometimiento político del masismo sobre los operadores de justicia, en todos sus niveles. No le importa caminar hacia un nuevo fracaso en las elecciones judiciales previstas para el segundo semestre del próximo año.
La raíz del descalabro está en la partidización del sistema judicial, desde los magistrados hasta el último juez y fiscal del país. García-Sayán, estudioso de la justicia en el mundo, seguramente comprobará las principales razones de la trágica situación y las expondrá en informes preliminares y un final que será entregado a la ONU hasta junio del próximo año.
El masismo ya no cuenta con los dos tercios de votos para colocar a sus acólitos como candidatos a magistrados del Órgano Judicial en la boleta electoral que será sometida a la voluntad del soberano en 2023, pero puede fabricarlos con parlamentarios que ya se alejaron de las bancadas de oposición y nuevos tránsfugas en el Legislativo.
Ante ese probable escenario y sin esperar ya nada del Estado ni del gobierno, como reitera Del Granado, habría que encaminar la reforma parcial de la Constitución para eliminar el sistema pernicioso de selección de candidatos judiciales mediante un referéndum que emerja de la gente, para lo que se necesitará reunir un millón y medio de firmas.
García-Sayán no solamente examinará la real situación de la justicia en el país. Sabrá con exactitud los tipos de maquillaje que pretende aplicar el gobierno a un rostro totalmente desfigurado por el propio oficialismo y encontrará las claves más profundas del rechazo gubernamental a la realización de una cirugía urgente y de fondo.
