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El martes 13 de abril de este año fue negro para el entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo. Esa noche fue detenido por la Policía en El Prado de La Paz luego de haber recibido un adelanto de 20.000 dólares de los 380.000 que debían llegar a su mochila por la entrega de títulos de tierras en el oriente del país. Era el segundo ministro en caer por irregularidades en esa cartera de Estado.
Desde hace unos días medios de comunicación publican denuncias y datos que apuntan a actos de corrupción en el Ministerio de Educación que involucran al ministro Adrián Quelca y al Director General de Educación Superior Técnica, Agustín Tarifa, entre otros, pero ninguna investigación oficial ha sido activada en esferas policiales, fiscales, congresales o de la Contraloría.
Las denuncias dan cuenta de un presunto “tráfico” de exámenes para cargos de directores de educación distrital, rectores y docentes en institutos de educación superior, en el marco de un proceso de institucionalización que se lleva adelante entre la MAE y ciertos directores generales del Ministerio de Educación, obviando la participación de viceministros y viceministras.
Se publicaron mensajes y audios vía Whatsapp atribuidos a Quelca, Tarifa y otros personeros de ese ministerio sobre quiénes deberían acceder a los cargos, quiénes deberían ser perdujicados en las mesas de evaluación, instrucciones a los evaluadores de las postulaciones y envío de las plantillas de los exámenes a quienes ahora están en los puestos a los que aspiraban.
La dirigencia de la Confederación de Campesinos envió una denuncia a las Cámaras de Senadores y Diputados, el Ejecutivo recibió un reporte del supuesto “tráfico” de exámenes y se habló de la necesidad de auditorías al proceso institucionalización para confirmar o descartar las denuncias que curiosamente surgen desde el interior del Ministerio de Educación, por gente que conoce el nivel de coordinación entre el Ministro y las autoridades encargadas del proceso.
Ahí se abre otro escenario complicado esta vez para el Presidente, además de la presunta corrupción que no quiere ser investigada por ningún nivel gubernamental, y tiene que ver con pugnas dentro del Ministerio Educación. Pugnas entre sectores sociales porque Quelca ejercería el alto cargo respaldado por la COB y en desmedro de las organizaciones sociales de El Alto.
Pugnas también de carácter políltico-partidario porque Quelca habría conseguido hacer recusitar al Partido Comunista y buscaría enterrar al Movimiento Al Socialismo, al menos en un proceso que garantiza a las y los institucionalizados permanecer buenos años en cargos de dirección distrital o de conducción de institutos de educación superior, desde donde también se puede hacer política.
Fruto de esas pugnas, es que ahora se ventila en medios de comunicación y en redes sociales el sistema corrupto de tráfico de exámenes para favorecer a unos y anular a otros en un proceso de institucionalización que nació irregular y parece tener fines políticos sectarios. El ministró Quelca optó por la victimización. En una reciente conferencia de prensa sostuvo que los medios de comunicación intentan “ultrajarlo”.
“Haremos las aclaraciones correspondientes en los medios y en las redes sociales porque representamos a nuestro Presidente y la voluntad del pueblo boliviano”. Palabras parecidas usó el Presidente pero en sentido opuesto. “Cumplimos con el mandato del pueblo. Nuestro gobierno no encubrirá la corrupción venga de quien venga. El señor Edwin Characayo fue aprehendido y será sometido a la justicia como corresponde”, escribió en su cuenta de Twitter el 14 de abril.
Si es así, el Presidente está obligado por mandato del pueblo a instruir una investigación para saber si la corrupción y la politiquería son coordinadas desde el despacho del ministro Quelca y de paso se intente retomar el control de la educación dejada a la deriva en tiempos de pandemia.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
