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Hoy es el ministro más importante del gabinete de Luis Arce. Más importante que el Canciller o que sus colegas de la Presidencia, Justicia, Economía y Salud. Su peso y poder político no deja de crecer y seguramente pretende alcanzar la categoría de imprescindible, aunque en política nadie lo es. Eduardo del Castillo se alista para una nueva batalla dentro del masismo.
Debió ser interpelado por el MAS en la Cámara de Diputados el miércoles 20 de abril, pero el acto de fiscalización que podría haberlo puesto al borde de la destitución con una censura fue reprogramado para el 31 de mayo, pese a la molestia de la bancada evista. La oportunidad política se les escurrió entre los dedos.
El objeto de la interpelación es la acusación que lanzó en marzo, desde el municipio yungueño de La Asunta, contra diputados masistas y dirigentes que se enriquecen con la producción de la “sagrada” hoja de coca. La denuncia le valió un pronunciamiento de los cocaleros del Chapare que lo relacionó con la DEA de Estados Unidos y un ultimátum para dar nombres.
Al día siguiente de la suspensión del acto interpelatorio se conoció la identidad del diputado acusado por Del Castillo. Se trata de Freddy Velásquez Aparicio, quien ha sido denunciado ante la Fiscalía por forzar la devolución de coca decomisada, presionar a jefes policiales para que permitan el paso del vegetal por puntos de control y proteger el traslado de coca a zonas de producción de cocaína.
No es una denuncia más. Se trata de la sindicación del Ministro de Gobierno, el máximo responsable de la lucha antidrogas del país, contra un parlamentario de su partido político a quien, en otras palabras, lo ha señalado de tener vinculaciones con el narco con eso de proteger el desvío de coca yungueña hacia la producción de cocaína en el país.
Velásquez debe declarar el martes 26 de abril en el Ministerio Público y puede quedar imputado por tráfico de influencias utilizando su condición de diputado oficialista, pero sobre todo por delitos relacionados con el narcotráfico. Si eso ocurre, se producirá algo más que un nuevo remezón político en el masismo.
¿Qué se sabe de Velásquez? En el conflicto cocalero que se produjo entre septiembre y octubre del año pasado, en el que Del Castillo fue derrotado por los productores yungueños, el diputado masista promovió un encuentro entre David Choquehuanca, presidente en ejercicio por un viaje de Arce, y los cocaleros en pie de guerra.
El encuentro se realizó pero sin resultados y el rol de mediador de Velásquez acabó sin pena ni gloria en un conflicto que se extendió por semanas con durísimos enfrentamientos entre policías y cocaleros de los Yungas y del norte de La Paz.
Velásquez volvió a escena, pero ya no como mediador, sino como denunciado. En las semanas que faltan para la realización de la interpelación en la Cámara Baja, muchas cosas pueden ocurrirle al diputado masista en términos judiciales.
La pregunta, por tanto, es ¿quién en la bancada del MAS se animaría a censurar a Del Castillo si, además de dar el nombre del parlamentario que aparentemente se enriqueció con la hoja de coca, lo puso en manos del sistema judicial? ¿La bancada evista?
La acusación al diputado Freddy Velásquez se suma a la batalla por el control de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, una unidad policial clave para el gobierno de Arce, con la aplicación del polígrafo, el repliegue y la reubicación de efectivos, muchos de ellos conectados con Evo Morales.
Pero, además está el anuncio gubernamental de disolver Dircabi para dar paso, mediante una Ley, a nueva entidad de administración y monetización de bienes incautados al narcotráfico como avionetas, casas, haciendas, vehículos, hangares y sofisticados equipos de comunicación, entre otros.
Es cierto que Morales se anotó un triunfo con la destitución del ahora exdirector antidrogas, el coronel José María Velasco, tras revelar audios sobre una presunta protección al narcotráfico en el Chapare. Pero no es menos cierto que la respuesta fue una seguidilla de acciones para cambiar de mandamás político en esa área.
Hubo cambio del Estado Mayor de la Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico, aplicación del polígrafo a más de mil efectivos antidrogas, proceso judicial a jefes policiales que participaron en el frustrado operativo en Valle Sacta, el 25 de marzo, y se dispuso el repliegue y la reubicación de 30 policías antinarcóticos pertenecientes a Umopar-Chapare.
Por si eso fuera poco, Del Castillo reveló en un informe oral brindado a una comisión de la Cámara de Diputados la existencia de 300 narcopistas clandestinas en el país y que el negocio en Bolivia ya no es la producción de pasta base de cocaína, sino la elaboración de clorhidrato o cocaína en polvo por encargo. El gobierno está embalado y el Ministro de Gobierno no da tregua.
