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Tres hechos sucedidos entre el 11 y 20 de julio relacionados con capos y organizaciones narco en México y Ecuador se convierten en antecedentes del surgimiento de una nueva realidad en el multimillonario negocio ilícito en esos y otros países de la región, entre ellos Estados Unidos como altísimo consumidor de estupefacientes y drogas sintéticas, y Bolivia como productor y exportador de cocaína y marihuana, básicamente.
Hace rato que el narcotráfico transnacional ha dejado de manejarse en compartimentos estancos, con estructuras verticales y conducciones familiares. No sucede ni siquiera en México, donde cada cartel tenía control exclusivo sobre ciertos territorios y rutas para el trasiego de drogas. Ahora es un complejo entramado de organizaciones grandes, medianas y pequeñas para el tráfico a países de los cinco continentes.
En la última década, se han forjado alianzas entre bandas, otrora rivales a muerte por disputas territoriales y venganzas ante ataques con sicarios, con el objetivo de satisfacer la demanda global cada vez más creciente y, por supuesto, aumentar las ganancias para los socios circunstanciales. El crimen organizado ya no solamente trafica con drogas, sino con migrantes, minerales, armas, órganos y todo lo que pueda generar dinero en corto tiempo y en grandes cantidades.
En México se calcula que el tráfico de fentanilo reporta 1.000 millones de dólares anuales, pero el tráfico de migrantes genera ganancias por alrededor de 13.000 millones de dólares.
El 11 de julio, Ovidio Guzmán López, el menor de Los Chapitos, extraditado a Estados Unidos en 2024, se declaró culpable en un tribunal de Chicago por cuatro graves delitos. Días después desapareció de los registros del buró federal de penitenciarías, lo que quiere decir que fue llevado a un lugar secreto con su nuevo estatus de colaborador de la justicia estadounidense.
Para enero de 2026 se ha fijado una audiencia contra Ovidio, alias El Ratón, por lo que tiene seis meses para brindar información debidamente sustentada sobre quiénes eran los socios del cartel de Sinaloa, las autoridades mexicanas y estadounidenses que dieron protección a cambio de sobornos millonarios y los países en los que la organización criminal heredada por Joaquín El Chapo Guzmán tiene presencia.
Cabe recordar que dos de los hijos de El Chapo, quien cumple cadena perpetua en una verdadera cárcel de máxima seguridad en Colorado, llegaron a Bolivia durante el régimen de Evo Morales con documentos falsos. Jesús Alfredo Guzmán Salazar estuvo en el país en 2011, mientras que Iván Archivaldo Guzmán Salazar lo hizo en 2016, ambos para pasar clases de pilotaje aéreo.
En 2019 se denunció que se encontraron credenciales entregadas a Iván Archivaldo para que ingrese sin restricciones a la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de ser alumno de una escuela de aviación que operaba en el aeropuerto El Trompillo de la capital cruceña, lo que deja claro que, en su estadía en Bolivia, habría contado con protección de la autocracia de Morales.
Los primeros en ponerse nerviosos con la colaboración de Ovidio Guzmán López han sido la actual presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y los jerarcas de Morena. La mandataria se enfrascó en una polémica mediática con Jeffrey Lichtmanel, abogado del menor de Los Chapitos, luego de que el jurista dijera que la mandataria actúa como relacionista pública del cartel de Sinaloa, organización sobre la que existen fundadas sospechas de haber recibido favores y protección en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
La reconfiguración del narcotráfico en México, con la virtual destrucción y desaparición del cartel de Sinaloa, el más temido del último tiempo, está dando paso a traiciones y el surgimiento de nuevos capos como Ceferino Espinoza Angulo, conocido como El Coyote o El 14, a quien se lo nombra ahora como El Rey del Fentanilo. Espinoza operaba para Los Chapitos o la Chapiza, pero empezó a abrir sus propias rutas y mercados para el tráfico de la droga sintética que convierte en zombis a los seres humanos.
La aparición vía denuncia de El Rey del Fentanilo desatará una guerra entre grupos de narcos que buscarán copar el espacio que están dejando Los Chapitos, luego de que los dos hermanos menores (Joaquín y Ovidio) optaron por entregarse y proporcionar información clave a la justicia estadounidense, al igual que Ismael El Mayor Zambada, exsocio y compadre de El Chapo, quien se encuentra en manos de Estados Unidos desde julio del año pasado.
Y si de guerras narco se trata, en Ecuador también puede producirse otra y de grandes dimensiones para suceder a Adolfo Macías, alias Fito, el mayor y más peligroso narcotraficante que fue extraditado a Estados Unidos el domingo 20. La guerra será por el control de Los Choneros, sus negocios ilícitos y ramificaciones en Ecuador y otros países. “Muerto el rey, ¡qué viva el rey!”, dirán quienes buscarán manejar el negocio ilícito que va más allá del tráfico de drogas y que tiene clientes en Europa, Asia y África.
En una primera audiencia en una corte federal de Nueva York, con sede en Brooklyn, Fito se declaró no culpable el lunes 21, pero es parte de una estrategia legal para negociar un acuerdo de colaboración con la justicia gringa a cambio de que sus familiares sean trasladados a Estados Unidos, enfrente penas reducidas y se convierta en un nuevo testigo protegido de por vida, tal como sucede con los menores de Los Chapitos y el Mayo Zambada, por ejemplo.
¿A qué exautoridades y actuales jerarcas, empresarios, banqueros, jefes antidrogas y socios del crimen organizado pondrá nerviosos? Habrá que esperar con paciencia hasta que se inicien los operativos conjuntos (entre agentes ecuatorianos y estadounidenses) para la captura y eventual extradición de los cómplices y encubridores del exlíder de Los Choneros.
Siendo el narcotráfico ahora una actividad transnacional con enclaves en países que cumplen el rol de productores y exportadores de estupefacientes y drogas sintéticas, no sería extraño que en los acuerdos de colaboración de parte de Joaquín y Ovidio Guzmán López, Ismael Zambada García, Adolfo Macías Villamar y el excoronel de la Policía Boliviana Maximiliano Dávila, aparezcan nombres y apellidos de bolivianos metidos en el crimen organizado y formen parte de la nueva realidad del narcotráfico como negocio ilícito multimillonario que ha roto todas las fronteras.
