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Por Daniel Lacalle1
La relación de Alemania y otros países con Gazprom y Rusia se remonta a más de 50 años. Durante cinco décadas, Gazprom ha sido el suministrador más barato y fiable. Todo el engranaje industrial y la estrategia energética alemana se ha basado desde hace décadas en la codependencia Rusia-Alemania. Energía abundante y barata a cambio de comercio y exportación de bienes de valor añadido.
Lo que hoy llaman dependencia de Rusia no se forjó por casualidad, sino por diseño. Esperando que la relación comercial acercase a los dos gobiernos fuera cual fuera la ideología de cada uno y el momento geopolítico.
Hoy, ante la guerra de Ucrania, es fácil criticar esa dependencia, pero desde que yo empecé a trabajar en energía hasta hace bien poco se ponía como ejemplo el entendimiento entre E.On-Ruhrgas, Uniper y Gazprom. Esa misma lógica se extendió en toda Europa central.
Cuando se da por hecho que un suministrador va a estar siempre disponible se cometen errores ideológicos con mayor facilidad. La eliminación del parque nuclear de Alemania pasará a la historia como uno de los mayores de la Unión Europea. Ante el miedo creado mediáticamente por un accidente, el de Fukushima, Alemania hizo su mix energético más caro y errático.
Un accidente que además no tenía nada que ver con la tecnología nuclear, sino con instalar una central con un muro insuficientemente alto en una isla proclive a los maremotos. Hoy, Japón anuncia que aumenta su apuesta por la energía nuclear. La administración de Kishida ha lanzado un plan para reiniciar hasta 17 plantas de energía nuclear a partir del verano de 2023.
El Gobierno alemán ni siquiera aprovecha los reactores que aún no están desmantelados. Los pone en ‘standby‘ (a la espera) en medio de la mayor crisis energética de su historia. De nuevo, los políticos no solo no reconocen sus errores, sino que los mantienen incluso en una crisis sin precedentes. Ya explicamos el error de política energética alemán en 2018.
El veto de Francia a ampliar las conexiones de gasoductos es otro ejemplo paradigmático. Francia ha llevado al borde de la quiebra a su empresa pública que gestiona el parque nuclear, EDF, en al menos dos ocasiones con unas tarifas que no compensan los costes y que han llevado a tener que renacionalizar la pequeña parte que estaba cotizada tras desplomar la acción y ante la negativa de los accionistas de volver a rescatar una empresa descapitalizada por el intervencionismo.
El veto a los gasoductos que fortalezcan la conexión norte-sur solo se entiende desde dos perspectivas. El coste de invertir en los nudos que pasan por Francia es mucho mayor a lo que se muestra en los medios de comunicación y lo tendría que sufragar Francia, y el intento desesperado de mantener a EDF y su parque nuclear generando beneficios por encima de su coste de capital. La competencia con el gas natural en periodos normales sería devastadora para EDF.
Es muy típico de Europa desperdiciar los periodos de energía barata para invertir en seguridad de suministro y, cuando salta una crisis, redoblar la apuesta en los errores y esperar que todo se arregle con un decreto en un par de meses.
En la Unión Europea siempre se cuadra el círculo energético hablando de renovables como si fueran la panacea, pero los dos errores antes mencionados vuelven a aparecer.
Aumentar masivamente la exposición a renovables implica una codependencia de China similar a la de Rusia, desde el litio a las tierras raras o el silicio, claves para la instalación de renovables.
Adicionalmente, el uso constante de la intervención en los precios y el riesgo regulatorio pone al sector energético europeo en una situación de constante fragilidad económica, se le permite respirar, pero con el agua al cuello, y eso afecta a la inversión y su calidad.
Ya explicamos la semana pasada que disparar la instalación de renovables no elimina la dependencia del gas. De hecho, al ser las renovables intermintentes y volátiles, la dependencia de gas y carbón-lignito en periodos de baja eolicidad y producción solar se dispara, coincidiendo con épocas de alta demanda y precio.
Muchas veces criticamos el desastre intervencionista de la política energética española, y parece que nos hemos olvidado del fracaso absoluto de la época del déficit de tarifa, cuando el Gobierno anunciaba que subía la tarifa un porcentaje y nos pasaba el coste no remunerado a todos en una factura a futuro.
El horror intervencionista hizo que el déficit de tarifa se disparase a 25.000 millones de euros y todavía lo estamos pagando en nuestra factura diaria. Más deuda y una trampa para todos los consumidores.
Esos dos enormes errores, el déficit de tarifa y el riesgo regulatorio constante, son los que ahora algunos quieren para Europa. La Europa “verde” se ha llevado por delante la cotización de las empresas renovables anunciando un hachazo regulatorio adicional a los que han sufrido ellas y el resto de las tecnologías en el pasado.
Un enorme déficit de tarifa europeo generará una bola de deuda que pagarán los consumidores durante años y ya amenaza con una ristra de quiebras y graves problemas financieros en las energéticas comercializadoras medianas y pequeñas.
No existe tope o limitación de precios que no pague el consumidor por otro lado y que no genere mayores distorsiones.
Ningún gobierno es consciente de lo que es el coste de capital y de la alta inseguridad jurídica que sufre el sector energético, pero aún menos consciente del coste de oportunidad. La Unión Europea se está convirtiendo en el lugar donde no invertir ante la creciente cantidad de barreras legislativas y regulatorias.
Cuando un Estado se acostumbra a tener un suministrador preferente y barato tiende a relajarse y olvidar lo más importante en política energética: La seguridad de suministro. Una política energética diseñada desde la ideología que olvida la seguridad de suministro y la competitividad está condenada a fracasar. Y ha fracasado.
Europa debe reconsiderar su política energética.
El coste de permisos de emisión de CO2 en Europa sigue por encima de €65/tonelada ya que los estados limitan la oferta. Es un impuesto encubierto por el que los gobiernos europeos recaudarán más de 20.000 millones de euros en 2022.
En el caso de España, más de 2.500 millones. Mantener este coste en medio de una crisis energética no tiene ningún sentido, pero no utilizar todos esos ingresos para reducir la factura de los consumidores es irresponsable.
El Gobierno de España recaudará más de 11.000 millones de euros de la tarifa eléctrica y solo ha hecho un modesto recorte de impuestos que es insuficiente y además no ha reducido en nada su recaudación, ya que no ha deflactado los impuestos a la inflación.
Necesitamos todas las tecnologías, especialmente las de base –que funcionan todo el tiempo– e incentivar la inversión, no penalizarla. Necesitamos solar, eólica, nuclear, hidráulica y gas natural. Es imperativo que se eliminen de la tarifa los costes que no tienen nada que ver con el consumo energético y que se abandone una idea tan negativa como es un déficit de tarifa europeo y recortar la remuneración de las renovables.
Necesitamos una política energética abierta, competitiva y que garantice la seguridad de suministro, no volver a errores como el marco regulatorio estable –que de estable no tenía nada– o los déficits de tarifa.
1Daniel Lacalle es economista jefe de Tressis y profesor de IE Business School y del Instituto de Estudios Bursatiles de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de La Gran Trampa, Viaje a la Libertad Económica y otras obras, varias traducidas al inglés, chino y portugués y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Rafael del Pino.
*Este artículo fue publicado en elcato.org el 21 de septiembre de 2022
