El problema energético (Ecuador)
Gabriela Calderón de Burgos dice que dado que el estado ecuatoriano continúa en crisis fiscal —desde 2014— urge que el gobierno permita y aliente las inversiones y la gestión privada en el mercado eléctrico.
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Por Gabriela Calderón de Burgos1
76% de la energía producida en el Ecuador proviene de la generación hidráulica y el 24% de la generación térmica y de renovables como la solar, biomasa y eólica (0,5%). Esta dependencia ha aumentado considerablemente. En 2011 Ecuador obtenía 55% de la energía de la generación hidroeléctrica. No debería sorprendernos, entonces, que cuando el clima atípico se presentó, sufrimos de apagones.
La regulación implantada durante la llamada Revolución Ciudadana desalentó las inversiones en general, pero particularmente aquellas en fuentes de generación eléctrica que no dependen del clima. Además, politizó la fijación de precios. Tenemos subsidios cruzados: la llamada “tarifa de la dignidad”, el descuento por tercera edad y discapacidad, todos son financiados por los consumidores que pagan una tarifa más alta conforme aumenta su nivel de consumo. Nada de eso refleja la relación entre la demanda y la oferta, ni los costos de mantenimiento, sino más bien el cálculo político del gobierno.
El Premio Nobel de Economía Vernon L. Smith ha explicado que los avances tecnológicos han hecho posible introducir competencia en cada uno de los segmentos del mercado —la generación, la transmisión y la distribución— y la experiencia en otros países demuestra que esto es positivo.
Smith resalta que el problema está en ponerle atención solo a la oferta de energía, ignorando la demanda. Smith explica que los costos de trasladar la energía de la fuente al consumidor final varían por hora, día y/o temporada, pero que el consumidor no responde a esta variación dado que se le cobra una tarifa que es un promedio de ese costo variable. En el caso de Ecuador, la cuestión es todavía peor, dado que se fijan en base a criterios políticos. Cuando los consumidores no responden a la realidad de costos variables, puede suceder que la demanda exceda la oferta y los proveedores se vean obligados a cortar la luz.
Smith se imaginó un mercado dinámico de energía, con competencia en cada segmento del mercado y en el que los consumidores sean empoderados para reaccionar a las señales de precio, valiéndose de tecnologías que pueden instalar en sus hogares para optimizar su consumo de energía. Explica que “el proceso debe exponerse al experimento de ensayo y error denominado como la libre entrada y salida y la libre fijación de precios. Al igual que en otros sectores, los inversores arriesgarán su propio capital —no el dinero de los impuestos ni un recargo en la factura de la luz— por inversiones que fracasen. Además, como ocurre en otros sectores con una demanda de productos que cambia dinámicamente, la competencia obligará a reducir los precios fuera de las horas punta y a aumentarlos en esas horas para aprovechar mejor la capacidad”.
Dado que el estado ecuatoriano continúa en crisis fiscal —desde 2014— urge que el gobierno permita y aliente las inversiones y la gestión privada en el mercado eléctrico. Si bien el clamor porque el gobierno “haga algo” probablemente termine en soluciones parche como la contratación de barcazas y/o la compra de energía a Colombia con dinero que la caja fiscal no tiene, bien podríamos aprovechar esta grave crisis para dejar de depender de las fuerzas de la naturaleza y de los gobiernos, logrando un fin público con medios privados.
1es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador).
*Este artículo fue publicado en elcato.org el 3 de mayo de 2024
