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El modelo presidencialista fue una creación de la revolución norteamericana de 1787, consagrado en su Constitución, y de ahí se extrapoló a los países Latinoamericanos. En este sistema, la jefatura del Estado y del gobierno la tiene el presidente. El Estado boliviano también adoptó la centralización político-administrativa de origen francés, que ha prevalecido a lo largo de nuestra historia republicana. La Constitución del libertador Simón Bolívar establece que “el ejercicio del poder ejecutivo reside en un presidente vitalicio, un vice-presidente y tres ministros de Estado (art. 77). Sin embargo, Bolivia adoptó la forma republicana, democrática y concentrada de gobierno, con la clásica división de poderes del Estado: legislativo, ejecutivo, judicial y electoral.
Las raíces del sistema presidencial boliviano están, por tanto, en la Constitución norteamericana, las ideas libertarias de la Revolución Francesa y la Constitución española de Cádiz de 1812. Por cierto, no solo fue el caso de Bolivia sino de todos los países de América Latina que buscaban un liderazgo fuerte, personalista y caudillista. El presidente de la república siempre ha concentrado el poder político y económico. La presidencia es un cargo “todopoderoso”, que fagocita todo, que no perdona a nadie, que utiliza a los otros poderes y los sujeta a su fuerza, que hace y deshace a lo largo del período de gobierno.
La Constitución boliviana de 2009 establece que el Órgano Ejecutivo está compuesto por el presidente del Estado, el vicepresidente, y los ministros (art. 165). Sin embargo, la separación y coordinación de poderes tiene que estructurarse de tal forma que, no se produzca más conexión entre ellos que la que resulte absolutamente indispensable. La idea es que cada órgano debe tener una voluntad propia y estar constituido de tal manera que los miembros de cada uno tengan la menor intervención posible en la designación de los miembros del otro.
En general, suelen distinguirse tres tipos de presidencialismo: a) hegemónico; b) equilibrado; c) débil. La correlación de fuerzas en el legislativo y las condiciones políticas, económicas, culturales, el sistema de partidos, entre otros factores, serán determinantes para la gobernabilidad o ingobernabilidad del Estado. Sin embargo, no existe una forma universal de gobierno que sea la mejor, que diferentes condiciones de desarrollo social y económico, así como político hacen que un sistema de gobierno sea más adecuado en un país que en otro. Lo cierto es que existen diversos tipos de presidencialismo y que unos funcionan mejor que otros, dependiendo de las facultades legislativas de que goce el presidente.
Los exmandatarios Evo Morales y Luis Arce concentraron todo el poder político y económico nacional. Todo esto se facilitó porque en las elecciones de diciembre de 2005 Evo Morales ganó con 54% de los votos; en julio de 2006, se impuso en la elección de asambleístas constituyentes con el 51%; en agosto de 2008 ganó el referéndum revocatorio con el 67%; en las elecciones generales de 2009, ganó con el 64%; en las elecciones generales de 2014 ganó con el 60%. En las elecciones del 18 de octubre de 2020, Luis Arce ganó con un 55%. Sin embargo, en el referéndum del 21 de febrero de 2016 se impuso el NO con un total de 51%, y las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 fueron anuladas por fraudulentas (Ley 1266 de 24 de noviembre de 2019).
Evo Morales era además jefe del MAS y presidente “vitalicio” de las federaciones de cocaleros del Chapare (Cochabamba), y desde un principio impuso su liderazgo y se convirtió en un auténtico caudillo. Esta concentración del poder en una sola persona (el presidente) ha erosionado el sistema democrático, el pluralismo político, la independencia judicial, la transparencia de la cosa pública y ha facilitado e institucionalizado la corrupción, máxime cuanto el presidente de hecho era el principio y el fin de la causa partidaria.
La Constitución de 2009 no cambió el régimen presidencialista que ha dado lugar a la construcción de un caudillismo en torno al presidente, que se constituye en el jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe del partido político o del movimiento político social. Todo esto puede comenzar a cambiar introduciendo, entre otras cosas, la prohibición absoluta de la reelección presidencial, de modo que el jefe de Estado gobierne pensando en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones.
