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La ejecución extrajudicial de Eduardo Rozsa Flores, Arpad Magyorosi y Michael Martín Dwyer, la madrugada del 16 de abril de 2009 en el Hotel “Las Américas” de Santa Cruz, fue una operación policial debidamente planificada y ejecutada a la perfección. El gobierno había preparado un escenario previo a la incursión, con dos opciones: con detenidos y con muertos; existen videos que muestran una maqueta en tamaño natural del lugar del hecho. Marcelo Soza reconoció un video de la policía boliviana en la que se muestra a los miembros de la UTAR ejercitando el operativo en una maqueta de tamaño real, similar al propio Hotel “Las Américas”.
En general, se trató de un hecho político muy bien planificado, organizado y ejecutado por el gobierno. Tal era el grado de planificación que antes de que sucedieran los hechos ya tenían a su fiscal estrella, Marcelo Ricardo Soza Álvarez, un hombre prácticamente desconocido, de pocas ideas, de escasa trayectoria como jurista y servidor público, que sin embargo inmediatamente de hacerse cargo del caso, trascendió su frondoso prontuario delictivo, pues existían varias denuncias contra él por extorsión, estafa, falsedad, entre otros.
Como lo graficó Henry Oporto, el ex fiscal Marcelo Soza personifica, como pocos, la degradación del sistema de justicia. Quién fuera el poderoso y temido fiscal antiterrorista, por cuyos dictámenes muchas personas han sido detenidas y acusadas, sin el debido proceso y en franca violación a sus derechos constitucionales, ahora es un prófugo de la justicia y refugiado político en Brasil. Aunque resulte insólito, el ex fiscal hizo revelaciones sobre el caso terrorismo, que ponen al gobierno en ascuas. Ahora es él quien acusa a ex ministros y otros altos funcionarios de “los excesos” en el operativo del Hotel Las Américas, del atentado al domicilio del Cardenal Julio Terrazas, de los sobornos y compra de testigos e, incluso, de haberse enriquecido con la red de extorsión. Del ex fiscal Soza se dice ahora que “es un corrupto y delincuente confeso”. Lo extraño es que Sosa es la misma persona por la que antes las autoridades sacaban la cara y lo defendían de todas las acusaciones en su contra. Así, cuando fueron presentados un audio y fotografías revelando evidencias de los nexos del ex fiscal con funcionarios del ministerio de gobierno en la red de extorsión a empresarios y dirigentes cruceños, también se dijo que tales evidencias eran falsas, meras calumnias e infamias de opositores (OPORTO, Henry, La Justicia se nos muerte, conferencia en el Hotel Los Tajibos, de 28 de agosto de 2014).
Lo evidente es que todo estaba fríamente armado al extremo que además del fiscal Sosa, tenían igualmente un juez instructor esperando órdenes. La elegida fue Betty Yaníquez, juez 7mo. de instrucción en lo penal y que, según Boris Villegas, asistía a las reuniones del famosos gabinete jurídico y recibía instrucciones precisas para actuar en un hecho que se decía era de extrema seguridad del Estado. Por cierto, Betty Yaníquez fue promovida de juez instructor a Fiscal Departamental de la Paz y posteriormente a diputada por el MAS.
Todas estas irregularidades fueron admitidas, reconocidas y ratificadas por los ex asesores legales del ministerio de gobierno y originales denunciantes: Denis Rodas, Boris Villegas y Fernando Rivera, cuando fueron ofrecidos como testigos por algunos acusados. Estos testigos identificaron a Luis Clavijo, a Carlos Núñez del Prado, al fiscal Marcelo Soza y al viceministro Marcos Farfán, como los responsables de “fabricar” el caso terrorismo y recordaron que en marzo de 2009 se les instruyó elaborar la denuncia y querella contra los llamados separatistas. También el oficial de policía José Juan Laguna Saavedra, ex guardaespaldas del fiscal Marcelo Soza, sostiene que todo fue armado, y aseguró a la prensa desde Brasil, donde está refugiado, que fue el ex jefe Nacional de Inteligencia y ex Comandante General de la Policía, Jorge Santiesteban, quien viajó al exterior y trajo a Eduardo Rozsa Flores al país. La perversión del proceso penal en su máxima expresión.
