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El pasado martes 15, el Juez Federal Emmet Sullivan ordenó a la administración de Joe Biden anular el Título 42. Esta cláusula fue introducida en 1944 por la Secretaría de Salud Pública. Le brinda al gobierno la autoridad de tomar acción en caso de emergencia para evitar la introducción y contagio de enfermedades transmisibles.
Esta fue la justificación del expresidente Donald Trump para que el Título 42 entrará en efecto en el 2020. De manera oficial se buscaba reducir el contagio durante la pandemia por el COVID-19, de manera práctica no era más que una ley migratoria que buscaba expulsar a personas del país.
El Título 42 se usó indebidamente al menos 2.4 millones veces para expulsar a inmigrantes en la frontera sur de los Estados Unidos. De manera indiscriminada las personas estaban siendo rechazadas del país sin oportunidad de aplicar para asilo o algún debido proceso. Esta acción le negaba y violentaba a las personas el derecho número 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en la cual se establece “en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”.
Uno de los grupos más afectados por esta orden han sido los niños no acompañados intentando entrar al país. Se estima que solo el 4% han sido trasladados a las Oficinas de Reasentamiento de Refugiados, en donde el proceso se puede llevar a cabo de manera transparente, legal y segura para los menores. El otro 96% han sido expulsados de manera inmediata, poniéndolos en una situación muy peligrosa, causando que muchos de estos niños todavía no han sido localizados.
A pesar de haber entrado en efecto durante el mandato de Donald Trump, se mantuvo e incrementó durante la presidencia de Joe Biden. En mayo del presente año se llegó al nivel más alto con 7,800 detenciones al día. En octubre se procesaron a más de 230,000 migrantes, una de las cifras más altas. Casi 80.000 de estos fueron expulsados de vuelta a sus países sin oportunidad de exponer sus casos a jueces de inmigración Las personas de Guatemala, Honduras y El Salvador han sido las más afectadas. Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, que aboga por una reforma migratoria de sentido común, dijo: “Mantener el Título 42 en vigor ha perpetuado el cruel legado de la administración Trump y ha hecho que la vigilancia fronteriza sea mucho más difícil y caótica”. A pesar de esto, múltiples representantes tanto republicanos como demócratas han apoyado la permanencia de esta.
La orden del juez Sullivan para levantar el Título 42 es de carácter inmediato, no obstante, el Departamento de Justicia pidió que entrara en vigor hasta el 21 de diciembre, dándoles cinco semanas para poder prepararse para el nuevo flujo migratorio.
La finalización del Título 42 responde al lobbying de múltiples grupos de derechos civiles. Esto muestra cómo la movilización ciudadana puede tener un impacto en las leyes que se llevan a cabo en un país, y como consecuencia, los efectos que estos tienen en la población por la cual se defiende. De manera idealista se puede esperar que esto representará una nueva era para los planes migratorios del mandato de Joe Biden.
