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En marzo de 2022 habrá nueva Cumbre de Justicia como respuesta del Estado y la sociedad a la crisis terminal del sistema judicial boliviano. La anunció el 5 de diciembre del año pasado Iván Lima, el ministro del maquillaje, y la ratificó el presidente Luis Arce el 3 enero, en la inauguración del año judicial en la capital del país.
Estamos en marzo de 2022 y no hay nada concreto. Desde el anuncio y la ratificación hasta el mes de la cumbre ocurrieron hechos que han confirmado que la podredumbre se metió a todos los rincones de la administración de justicia y la urgencia de llevar adelante una limpieza profunda en lo ético, institucional, constitucional y administrativo-financiero.
La liberación de peligrosos criminales por parte de consorcios mafiosos de operadores judiciales; la agudización de la persecución política usando inescrupulosamente la justicia y la verificación del desastroso panorama por parte del relator especial de la ONU Diego García-Sayán dejaron claro que los diagnósticos abundan en el país.
Es más, a tiempo de ratificar la realización de la Cumbre de Justicia, antes de la llegada del Relator de la ONU, Arce ya sabía cuán putrefacto se encuentra el sistema judicial. Dijo, por ejemplo, que 175 municipios no cuentan con juzgados, lo que implica que 1.300.000 bolivianos no tienen acceso a la justicia en sus jurisdicciones.
También mencionó que el 48% de los jueces son transitorios y que el 65% de los privados de libertad, más de 11.000 personas, son detenidos preventivos. Hasta pidió que se revise la norma que otorga 25 días de vacación a los administradores de justicia, una contradicción frente a la carga procesal que arrastran los tribunales del país, perjudicando a la población.
Sin embargo, a partir de ese momento Arce enmudeció sobre la Cumbre y la reforma judicial. No dijo nada en su mensaje del 22 de enero, Día del Estado Plurinacional; tampoco después de su reunión con García-Sayán y menos en las escasas declaraciones públicas a los medios de comunicación. Algo parecido ocurrió con su Ministro de Justicia.
El país presenció estupefacto cómo estructuras delictivas encaramadas en el Órgano Judicial pusieron nuevamente en las calles a violadores, feminicidas, asesinos y narcotraficantes, muchos de ellos con sentencias de 30 años de prisión sin derecho a indulto. La respuesta fue una comisión de revisión de casos que produjo la detención de jueces corruptos y la devolución a las cárceles de una parte de los beneficiados con la libertad condicional.
Pero, pasó la conmoción nacional por la liberación de criminales de alta peligrosidad. Pasó la expectativa nacional sobre cómo debe encararse la reforma integral de la justicia a partir de la evaluación de García-Sayán. Pasó todo y al mismo tiempo no pasó nada, como se dice frecuentemente en el país.
Por estos días, la agenda del Presidente ha priorizado la celebración de los 37 años de la ciudad de El Alto con su presencia en los actos protocolares y la entrega de infraestructuras educativas y de medicina nuclear. Además, se anunció su viaje a Santiago para asistir a la posesión del nuevo Presidente de Chile, el 11 de marzo.
Se viene la conmemoración de los dos años del estallido de la pandemia del Covid-19 en el país y el inicio de un juicio ordinario a la expresidenta Jeanine Áñez, cuando debería ser sometida a un juicio de responsabilidades. Podrían ser, desde la perspectiva del Ejecutivo, buenas excusas para seguir sin decir nada sobre la Cumbre de Justicia.
El Presidente y su ministro no entienden el valor de la palabra de los gobernantes, que en el fondo significa actuar con transparencia y compromiso con la comunidad. Anunciar una Cumbre sobre un tema crucial y luego optar por el silencio es cuando menos un menosprecio a la gente que diariamente enfrenta todos los males de la justicia y no ve luz al final del túnel.
Y lo que es peor, deja al descubierto que las cumbres, entendidas como las instancias de convergencia del Estado y la sociedad, a través de sus entidades y representaciones, para acordar soluciones mediante la concertación, tampoco tienen valor para el gobierno y son concebidos como actos teatrales que muestran espejismos de entendimientos y soluciones.
En estos meses, Arce y Lima han contribuido conscientemente a la desvalorización de la palabra del gobernante ante su sociedad y de la Cumbre como el espacio donde se terminen de concertar las soluciones a un problema que está carcomiendo los principios y valores de la sociedad democráticamente organizada.
Quitarle valor a la palabra de nuestros gobernantes de parte de ellos mismos y restarle valor a las cumbres como instancias de consenso entre el Estado y la sociedad es también quitarle valor a la democracia y consolidar el populismo autoritario que usa a la justicia para someter, perseguir, acallar, extorsionar, controlar y garantizar impunidad para los poderosos.
