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La política arancelaria de Estados Unidos implementada por la administración Trump desde el 2 de abril o “día de la liberación estadounidense” implica un cambio profundo en la lógica económica global.
Stephen Miran, principal asesor económico del presidente Trump, sostiene que el rol del dólar estadounidense como moneda de reserva global ha hecho que su valor sea artificialmente alto. Esto encarecería las exportaciones del país del norte, abarataría sus importaciones y habría debilitado a su industria manufacturera.
Para contrarrestarlo, Miran propuso un enfoque poco convencional: utilizar aranceles no solo como escudo comercial, sino como instrumentos fiscales para generar ingresos sin inflación, disciplinarios para castigar a competidores estratégicos y diplomáticos como condicionar el acceso al mercado estadounidense al alineamiento geopolítico.
Esta política tendrá efectos en la economía mundial, tal como señala el FMI, que ha advertido sobre los efectos globales de esta estrategia. Sus proyecciones muestran una caída de hasta 0,8 puntos porcentuales en el crecimiento mundial, un retroceso mayor en el comercio que en el PIB y un leve aumento de la inflación. El impacto, sin embargo, será desigual entre países, dependiendo de su exposición al comercio y su capacidad de respuesta interna.
Un conjunto reciente de estudios propiciados por la Oficina Estadounidense de Investigación Económica (NBER por sus iniciales en inglés) profundiza esta discusión con evidencia empírica y modelación avanzada, de la mano de expertos como Iván Werning del Instituto Tecnológico de Massachussets, Adrien Auclert de la Universidad de Stanford, Ludwig Straub de la Universidad de Harvard, entre varios otros académicos muy destacados.
Sus conclusiones son contundentes: los aranceles generan efectos contractivos en el corto plazo y reducen la productividad y el bienestar en el largo. Además, lejos de corregir los déficits comerciales, tienden a redistribuir ineficientemente el gasto, afectando la inversión y el consumo. En ausencia de una respuesta coordinada, las ganancias transitorias en el comercio se disipan rápidamente ante las represalias externas. Incluso en términos fiscales, su eficiencia es limitada salvo bajo condiciones muy específicas.
De forma más contundente, Maurice Obstfeld, execonomista jefe del FMI, señala que el déficit comercial estadounidense no se debe a tratados desventajosos, sino a un problema doméstico: EE. UU. ahorra menos de lo que invierte. En este contexto, cualquier intento de reducir el déficit mediante aranceles está condenado al fracaso si no se corrige el desequilibrio macroeconómico interno.
Eso sí, la política arancelaria se enmarca en una tendencia global: el retorno del nacionalismo económico. Según el Instituto Peterson para la Economía Internacional, el comercio global ya no se define por la eficiencia, sino por la lógica de bloques y la disputa por el poder. Las cadenas globales de valor se están reconfigurando en función de alianzas estratégicas, y el acceso a mercados se vuelve una herramienta de presión política.
Las empresas no pueden seguir operando bajo los supuestos de la globalización clásica. El reconocido centro de pensamiento McKinsey sugiere crear unidades de inteligencia geopolítica para anticipar riesgos y rediseñar las redes de suministro. Por su parte, la Revista de Negocios de Harvard recomienda medidas prácticas: asegurar trazabilidad de insumos, evaluar costos entre relocalización y aranceles, y redirigir estrategias comerciales en función de bloques políticos, no solo económicos.
Bolivia no estará ajena, porque se verá afectada por el encarecimiento de insumos, las trabas al comercio y los cambios en el acceso a tecnología o financiamiento. La respuesta no puede ser el aislamiento ni el proteccionismo reactivo, sino una estrategia de inserción internacional más diversificada, pragmática y resiliente. La política comercial debe dejar de ser pasiva y asumir que el mundo ha cambiado.
