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Bolivia se enfrenta a un panorama económico complicado: la inflación se ha disparado y amenaza con descontrolarse, situándonos en el umbral de lo que podría ser una estanflación, esa simpática combinación de crecimiento estancado e inflación persistente que todo economista teme y que los políticos parecen invocar como si fuera un maleficio.
A agosto de 2024, la inflación acumulada ha alcanzado el 4,61% y la subida de precios anualizada llegó al 5,1%, ambos valores muy por encima del objetivo del 3,6% previsto para el fin de año por el gobierno. Pero claro, ¿qué sería de un pronóstico gubernamental si no se quedara corto? Las razones de este aumento son variadas, pero la inflación reprimida y la erosión de las políticas que contenían los precios son factores clave que merecen un análisis más profundo. O, mejor dicho, que merecen un poco de sentido común.
Bolivia había logrado mantener los precios bajos en los últimos años gracias a dos pilares fundamentales: los subsidios a los hidrocarburos y el tipo de cambio nominal fijo. Estos “diques de contención” habían funcionado tan bien como una represa hecha con cinta adhesiva y buenas intenciones. Sin embargo, estos mecanismos ya no son sostenibles y están comenzando a derrumbarse sobre todo por la falta de dólares. La pregunta que surge es: ¿qué nos espera si ambos pilares colapsan por completo? Bueno, la respuesta es tan obvia como aterradora: un lío monumental.
Uno de los principales responsables del repunte inflacionario es el efecto “pass-through” del tipo de cambio. Este concepto, respaldado por la teoría económica, explica cómo una depreciación de la moneda se traslada a los precios de bienes importados. En el caso de Bolivia, la depreciación de la moneda boliviana frente al dólar en el mercado paralelo, así como la escasez de divisas, ha encarecido significativamente las importaciones. Según la teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA), la depreciación del tipo de cambio incrementa el costo de los bienes importados, afectando directamente los precios internos. En una economía pequeña y abierta como la boliviana, el aumento del tipo de cambio se traduce casi de inmediato en incrementos de precios para bienes importados y productos que dependen de insumos extranjeros. En suma, tenemos ahora inflación importada, no porque los productos en sus países de origen hayan subido, sino porque comprarlos de afuera para nosotros están más caros. El dólar ahora vale más de 10 Bs y no 6.96 como en el pasado.
Los shocks externos también han tenido un impacto importante. Problemas climáticos han afectado la producción agropecuaria, incrementando el precio de alimentos esenciales, lo cual se alinea con la teoría de la oferta y demanda. Según esta teoría, una disminución en la oferta de productos básicos, como los alimentos, genera un aumento en los precios, especialmente cuando la demanda se mantiene constante. A esto se suma un déficit fiscal que el gobierno ha intentado cubrir con políticas monetarias expansivas, es decir, imprimiendo más dinero. Parece que alguien olvidó mencionar la teoría cuantitativa del dinero, que establece que un incremento en la oferta monetaria, sin un crecimiento proporcional en la producción de bienes y servicios, lleva a un aumento en el nivel general de precios. Este exceso de liquidez, sin una producción o importación suficientes de bienes y servicios, genera presiones inflacionarias que empujan los precios al alza.
El gobierno, por su parte, ha adoptado políticas económicas parche como el control de precios, la venta estatal directa de algunos productos como el arroz, y el control del contrabando. Nada como controlar precios y vender arroz para intentar aplacar un incendio económico con un balde de agua. Sin embargo, ninguna de estas medidas está funcionando, lo cual solo ha contribuido a incrementar la incertidumbre y agravar las presiones inflacionarias. De acuerdo con la teoría de los controles de precios, estas medidas suelen ser ineficaces a largo plazo, ya que distorsionan las señales del mercado y pueden generar escasez o mercados negros.
La venta estatal directa y los controles del contrabando tampoco abordan las causas estructurales de la inflación, sino que solo intentan contener temporalmente los síntomas, incrementando así las expectativas negativas entre los actores económicos. Es como si tuvieras una fuga en el barco y, en lugar de repararla, decides repartir más cubos de agua entre la tripulación.
Además, la crisis política que enfrenta Bolivia, con la pelea interna entre el presidente Luis Arce y el líder Evo Morales, ambos del partido gobernante Movimiento al Socialismo, agrava las expectativas inflacionarias. Porque si hay algo que los inversionistas y los consumidores aman, es la incertidumbre política. Esta lucha por el poder genera incertidumbre en los actores económicos, lo cual impacta negativamente en la estabilidad de precios y en las expectativas de inversión y consumo. Parece que la prioridad no es resolver la economía, sino ver quién se queda con el timón mientras el barco se hunde.
Frente a este escenario, es urgente preguntarse si estamos en el camino hacia una estanflación, donde la economía no crece, el desempleo aumenta y la inflación se vuelve incontrolable. La estanflación, según la teoría económica de la curva de Phillips, se da cuando la relación tradicional entre inflación y desempleo se rompe, llevando a una situación en la que ambos indicadores aumentan simultáneamente. La solución no es sencilla, pero parece claro que mantener los “diques” actuales no es viable. Necesitamos una política económica que aborde no solo la estabilidad monetaria, sino también la productividad y la generación de empleo, para evitar que la economía boliviana caiga en un ciclo vicioso de estancamiento e inflación
Bolivia enfrenta un momento crítico, y la discusión económica no puede limitarse a a los parches de corto plazo. Es hora de repensar nuestra estrategia económica y encontrar un nuevo equilibrio que permita al país superar los desafíos actuales y construir un futuro más estable para todos. Para ello, se requiere un plan de estabilización económico integral, que incluya reducir el déficit público, adoptar una política monetaria contractiva, volver a un tipo de cambio flexible sucio, y liberar exportaciones e importaciones en el corto plazo. Para implementar estas medidas, sería necesario un crédito puente de 3.000 millones de dólares y un cierto acuerdo político que permita avanzar con las reformas necesarias. Algo que, en la actual crisis multidimensional, parece tan posible como encontrar un unicornio en la plaza Murillo. El camino a la estanflación parece irreversible… pero, oye, al menos no podemos decir que nos aburrimos con el circo político grotesco que montó la hermandad del proceso de cambio.
