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Estamos a siete meses de las elecciones generales fijadas por el Tribunal Supremo Electoral y han surgido varios elementos que apuntan contra la nueva cita de los bolivianos habilitados para votar con las urnas, un encuentro determinante para el futuro del país dada la multicrisis ocasionada por los regímenes del masismo en las últimas dos décadas.
Dejó perplejos a muchos ver y escuchar la advertencia del presidente del TSE de que no habría votación en el exterior este año —25 países autorizaron el sufragio boliviano en sus territorios en 2020—no solo porque se verificaría que la crisis cambiaria pone en riesgo la democracia. Abriría la puerta para que lluevan los recursos legales demandando la conculcación del derecho constitucional de los bolivianos mayores de 18 años del voto dentro y fuera del país, y, claro, paralizarían el proceso electoral.
Esto se suma al anuncio del Órgano Electoral de la firma de un acuerdo con las universidades para que realicen una auditoría del padrón electoral cuando se conoce el nivel de penetración política del oficialismo en el sistema universitario público, en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y en las Federaciones Universitarias Locales; y a la preocupación en grado superlativo de vocales figuretis del TSE por ser incorporados de una vez a la ley de juicio de responsabilidades para altas autoridades del Estado.
Ser parte de esa norma parece importar más que el Órgano Legislativo sancione la ley de redistribución de escaños en la Cámara de Diputados, fruto del cuestionado Censo de marzo de 2024. Han pasado meses y las fragmentaciones en las bancadas del oficialismo y las oposiciones, y han trabado el inicio del tratamiento de la ley que aumenta un escaño al departamento de Santa Cruz y le quita un curul a Chuquisaca. El caos parlamentario puede aparecer en el debate de la ley de convocatoria a elecciones generales fijadas para el 10 de agosto.
Precisamente, la fecha de los comicios es otro elemento que preocupa porque se habla de unidad en el campo de las oposiciones, pero al parecer es mera retórica. El cuestionamiento de Jorge Tuto Quiroga de “electoralización del Bicentenario”, uniendo el 6 y el 10 agosto —cumpleaños 200 de la República, cierre de campaña de Luis Arce y elección general— no fue respaldado por el bloque de unidad opositora. ¿Actuó unilateralmente el candidato de la alianza Libre? ¿No tienen los cuatro liderazgos que se presentaron juntos a fines de 2024 un mecanismo de coordinación?
Tampoco se vio ni se escuchó una posición como bloque sobre la auditoria del padrón por parte de las universidades, el riesgo de que no haya votación en el exterior por falta de dólares y la sumisión del Órgano Electoral al Tribunal Constitucional. A este paso, es poco probable que puedan llegar a un acuerdo para el control electoral conjunto, un aspecto central para evitar la manipulación de datos en el recuento de votos, en las mesas electorales.
En medio de ese panorama, lo que se ha consolidado es el Tribunal Constitucional prorrogado vía elecciones judiciales fraccionadas. Es más, ha recibido el aval del Órgano Ejecutivo con la presencia del Ministro de Justicia y del Procurador General en la inauguración del año judicial realizado por el grupo de magistrados de facto en Sucre, donde Arce, horas antes, instó a resolver las tensiones políticas, económicas y sociales. Pura retórica.
Arce y los prorrogados del TCP se están imponiendo, y, por supuesto, el plan prorroguista presidencial está avanzando con órganos de poder sometidos y desarticulados; con oposiciones distraídas en una desenfrenada carrera electoral; con sectores cívicos, productivos y ciudadanos, entre otros, metidos en lo suyo, en algunos casos buscando candidaturas a diputados y senadores, o mirando la elección regional de 2026.
Nada hace pensar que habrá elecciones judiciales complementarias en estos meses para rescatar el Tribunal Constitucional de manos del Gobierno. Arce y los prorrogados tienen el poder y están creando las condiciones para aplicar el plan para quedarse al mando del país de manera indefinida. Hasta la aprehensión del Evo Morales pasa ahora por el cálculo político-electoral. Si sirve para provocar la caída del caudillo en la preferencia electoral, habrá detención. Si esa acción puede catapultarlo, lo desgastarán con vinculaciones con el narcotráfico y la corrupción, por ejemplo.
Este proceso electoral no pinta bien. Hay elementos que están enturbiando su realización en condiciones normales y democráticas. Lo que suceda estos días en Venezuela tal vez puede ayudar a volcar el panorama electoral en el país y renueve la esperanza en que las tiranías no son eternas. No dejará de ser un ingrediente importante, pero la tarea es esencialmente de los bolivianos para abrir una nueva etapa histórica.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
