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Quienes pensaron que el ultimátum de los sectores movilizados en contra del gobierno, a propósito de la “ley madre” o Ley 1386, sería la batalla definitiva entre la sociedad y el gobierno, no tomaron en cuenta que los procesos de acumulación social, sectorial y política tienen etapas, ritmos propios y decantaciones, entre otros aspectos.
Así lo entendieron y practicaron los bolivianos en diferentes momentos de la historia del país, caracterizados por la lucha sindical y política con organizaciones representativas en la cabeza. Obreros, campesinos, mineros, fabriles, indígenas, cocaleros, universitarios, cívicos, vecinos, médicos y maestros, entre otros, condujeron a su turno esos procesos de acumulación.
La conducción en la presente etapa está en manos de los gremiales, un sector que, como dijo Óscar Ortiz, es parte de la burguesía popular boliviana; los mineros cooperativistas, que saben cómo enfrentar al masismo; y los cívicos, aunque disminuidos por los excesos verbales de Rómulo Calvo y la falta de compactación.
En el terreno de los gremiales, existe una interesante combinación entre la larga experiencia y cierta radicalidad de Francisco Figueroa, principal dirigente a nivel nacional, y el relevo generacional que encarna Édgar Álvarez, secretario ejecutivo de la federación gremial cruceña, además de los bríos de los principales dirigentes gremiales de El Alto y Cochabamba.
El gobierno, como suele hacerlo, ha intentado dividirlos reuniéndose con grupos afines al masismo dentro de ese sector, pero en la primera aparición de sus representantes ante los medios de comunicación recitando el discurso gubernamental, avisa que no serán verdaderas disidencias, por lo menos no en esta coyuntura.
Los gremiales vienen de ganar la primera pulseta al gobierno con el retiro del proyecto de Ley Contra las Ganancias Ilícitas y puede conseguir la abrogación o finalmente la derogación de la Ley 1386 en este segundo episodio, pero, como ha ocurrido en la historia de la lucha social del país, dependerá a qué sectores suma en lo cuantitativo y cualitativo.
Por tanto, lo que previsiblemente ocurrirá desde mañana es una multiplicidad de acciones de protesta en contra de la decisión del gobierno de controlar al conjunto de la sociedad mediante la Ley de Estrategia de Lucha Contra las Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, precisamente porque es el inicio de un proceso de acumulación de fuerzas sociales, sindicales y políticas.
Marchas, paros, bloqueos y cabildos aparecen en el horizonte. El gobierno tiene la opción de enfrentarlos con las organizaciones oficialistas del Pacto de Unidad y la domesticada Central Obrera Boliviana, o con la fuerza pública, como lo hizo con los cocaleros de los Yungas, aunque sufrió su primera derrota en las calles en lo que va de este mes.
Esto recién comienza para los sectores movilizados. Quien está apremiado por el tiempo es el gobierno porque debe cumplir con compromisos internacionales en la lucha contra las ganancias ilícitas hasta el próximo mes, cuando llegue una representación del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que podría confirmar que la administración de Luis Arce utilizó la necesaria normativa para evitar el blanqueo de dineros provenientes del crimen organizado para someter a la sociedad boliviana.
En ese momento la presión internacional puede convertirse en un elemento que se sume a la tensión nacional y obligar al Ejecutivo a abrir un proceso de diálogo que reescriba la “ley madre” y las normas que derivan de ella.
