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El superministro Lupo dijo por estos días que “si Evo sale del Chapare va a tener que enfrentar sus cuentas con la justicia” y agregó que no hay ninguna negociación con el ex mandatario. El problema con la primera frase es que se admite tácitamente que el Trópico de Cochabamba sería, de facto, una suerte de santuario extraterritorial, donde la soberanía del Estado boliviano está, como mínimo, restringida. Allí no se rinde cuentas a la justicia.
Por otra parte, esa admisión puede ser la base, no para una negociación explícita, pero sí para un modus vivendi, coexistencia o estatus quo con Morales, a quien se envía la señal de “no moverse y no molestar, para no ser molestado”.
Se otorga entonces al emperador destronado su “isla de Elba”, que puede dominar con su guardia personal, quizás a la espera del tiempo indicado para el contraataque. A veces es bueno revisar la historia universal.
Uno quisiera pensar, con benevolencia, que se apuesta a elegir el momento oportuno para la aprehensión, que podría llegar más adelante, a medida que avancen los trabajos de interdicción en El Chapare, que ciertamente se han intensificado en el nuevo gobierno. Algo que puede ir minando las bases de sustentación logística del caudillo cocalero.
Pero, viniendo del mismo ministro que anunció la postergación de las reformas económicas para fines de marzo, podemos estar también ante el planteamiento de un “gradualismo penal”, donde las acciones judiciales tendrán un freno de mano de acuerdo a los temores de una supuesta desestabilización social.
En la misma línea, llama la atención que los anuncios más espectaculares hechos por el presidente Paz, respecto al despilfarro o latrocinio de 15.000 millones de dólares o al vaciamiento de la Gestora de pensiones, de los que no dudamos, no se vean acompañados por las correspondientes acciones contra los responsables ante la justicia.
Todo indica que no estamos ante un gobierno que vaya a hacer uso de su popularidad inicial o de su “luna de miel” para lanzar medidas contundentes, ni en lo económico ni en otros ámbitos, sino que jugará al cambio simbólico, con medidas positivas pero limitadas, a la espera de los resultados de las elecciones municipales y departamentales. Se teme que el ajuste pase factura política y se prefiere postergarlo, pero quizás no se hayan considerado otros factores.
El riesgo obvio es que, para entonces, se pise el acelerador demasiado tarde, lo que se podría complicar aún más si el evismo, eventualmente articulado de forma abierta o solapada con el larismo, logra instalarse con cierta potencia en la mayoría de los municipios rurales y en alguna minoría estratégica de los urbanos. Para esto no necesitan del ajuste: les basta con la demagogia identitaria. Sería mejor actuar antes de que se ensamble ese sistema de trincheras antiliberales.
