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El Ministro de Justicia hizo de vocero del cuestionado sistema judicial en la víspera del Día del Niño boliviano comunicando a la opinión pública, como si fuese una novedad, la imputación del exministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas y otras exautoridades por la clausura del año escolar en 2020, en plena primera ola de la pandemia del coronavirus.
Ya que le gusta el rol de portavoz de instituciones ajenas a la suya, podría haber informado sobre el ritmo de la vacunación anticovid en niños mayores de cinco años, que se mantiene en porcentajes exiguos, o sobre el preocupante incremento del trabajo infantil en Bolivia, pero no tuvo mejor idea que intentar agendar la imputación que data del año pasado.
Es tanta la carencia de políticas públicas en favor de la niñez que la manera de suplirla fue anunciar el procesamiento de exautoridades vinculadas al proceso de enseñanza en tiempos de pandemia, como si el actual gobierno de Luis Arce no hubiese enfrentado el mismo cuadro en la primera etapa de su administración.
Lima, el portavoz oficioso, no se acordó, por ejemplo, que el Covid-19 ya había cobrado la vida de 80 maestros, solo en el departamento de La Paz, hasta septiembre de 2020 y que se temía una escalada de decesos, según informó el principal dirigente del magisterio urbano paceño Leandro Mamani a medios locales.
Grave error para un vocero que se considere serio y que recaba los antecedentes y las diferentes aristas del tema al que va a referirse como que la decisión del gobierno transitorio de cerrar el año escolar en 2020 alcanzó a las unidades educativas fiscales del país en los tres niveles, no al conjunto del sistema educativo.
De lo que se trataba, en el fondo, era proteger la vida, particularmente la de profesores y alumnos ante una enfermedad totalmente desconocida, o dejar que la lista de fallecidos por coronavirus creciera descontroladamente en la primera ola, cuando el virus atacó sobre todo a personas mayores, aunque los registros nacionales ya daban cuenta de casos positivos en menores de 18 años.
¿Era lógico seguir enviando a las unidades educativas a docentes, alumnos y administrativos para que se conviertan en carne de cañón y someterlos al precario sistema de salud dejado por Evo Morales? ¿Había alguna alternativa frente al acecho de la muerte que tuvo en vilo al país y al mundo en 2020?
Así como las vacunas que se aplican masivamente desde el segundo trimestre del año pasado han salvado miles de vidas, entre ellas las de profesores y alumnos, el cierre del año escolar hizo lo propio cuando el mundo entero aún no tenía posibilidades de enfrentar al virus con claros esquemas de inmunización.
Si bien se dispuso la clausura del año escolar en el sector fiscal, también se pusieron en manos de educadores y educandos modalidades alternativas para llevar adelante el proceso educativo en medio de la pandemia contenidas en el Decreto Supremo 4269 y un curso preuniversitario para los bachilleres de ese año a través del sistema Moodle que podía recibir la inscripción virtual de por lo menos 110.000 estudiantes.
Lo paradójico en este punto es que quienes lideraron las protestas contra las normas e iniciativas que facilitaban la enseñanza por la vía virtual las aplicaron con algunos retoques en 2021, cuando se convirtieron en autoridades nacionales, tal es el caso del dirigente del magisterio rural Adrián Quelca, nombrado luego como Ministro de Educación, y Freddy Mamani, actual presidente de la Cámara de Diputados, entre otros.
Es más, Quelca, quien fue despedido del Ministerio de Educación por presuntos actos de corrupción a fines del año pasado, instruyó cambiar logotipos y colores a la plataforma del curso preuniversitario, además de ponerle su fotografía, y la mantuvo vigente durante la gestión pasada.
Se suele decir que las decisiones se aquilatan mejor con el paso del tiempo, sobre todo por el contexto en el que fueron tomadas y las consecuencias que produjeron para el conjunto de la sociedad. A casi dos años del cierre del año escolar y ante la necesidad de llevar adelante la educación en la modalidad virtual mientras se protegía al país del Covid-19, queda claro que se optó por la vida, la de miles de maestros y la de millones de alumnos, porque, como el ministro-vocero también sabe, los muertos no enseñan ni estudian.
