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El pasado 6 de agosto, posteamos en X que en la propuesta de referéndum “se mezclan dos temas constitucionales con uno que no lo es. ¿Cómo se activa entonces el proceso? Puede ser una ambigüedad calculada, para manejar la convocatoria”.
Al día siguiente, escribimos en la misma red que “el referéndum podría ser la oportunidad para un acuerdo nacional si: 1) se consensúan las preguntas y 2) se siguen los mecanismos constitucionales de convocatoria (dos temas pasan por la ALP)”. Horas más tarde, ante la decisión oficial de avanzar por la iniciativa presidencial, agregábamos: “Pero eligen la polarización e ir por el decretazo”. Se confirmaba la sospecha esbozada en la jornada anterior.
El 11 de agosto, ya entrando en el contenido de los temas en discusión, posteamos que “no se debe aumentar la cantidad de escaños. Pero se pueden eliminar los 9 diputados supranacionales y disponer esas bancas para la reasignación por población”. Esto, como una vía para darle el aumento de representación correspondiente a los departamentos de mayor crecimiento demográfico, de una forma poco dolorosa para otras regiones y sin aumentar el gasto público.
El 21 de agosto, tras conocerse las preguntas del referéndum enviadas por el Ejecutivo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), escribimos que “la primera es tan ambigua o mal redactada que hasta podría habilitar a Evo. Las otras son inductivas; se trata a la ciudadanía como rebaño. En los escaños se opta por aumentarlos, en vez de eliminar los supranacionales y reasignarlos por población”.
Finalmente, el 23 de agosto el TSE se pronunció sobre las preguntas, objetándolas en un sentido bastante parecido al de los comentarios que habíamos hecho: el Tribunal indicó que hay temas que son materia de reforma constitucional parcial y por lo tanto deben pasar por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), cuestionó la imprecisión de la primera pregunta (sobre la reelección discontinua) y calificó de parcializadas a las otras.
Al cierre de la redacción de esta columna, el gobierno decidió no insistir con la cuarta pregunta (escaños). Mientras tanto, la primera cuestión es objeto de controversias jurídicas, teniendo en cuenta que ya habría sido dirimida con fallos internacionales (CorteIDH) y nacionales (TCP), por lo que también podría quedar por el camino en algún momento o volverse meramente “consultiva”.
De ser así, todo se reduciría esencialmente a un referéndum sobre el levantamiento del subsidio al precio interno de los combustibles, que según el presidente Arce será “gradual, sistemático, paulatino, estratégico y sectorial”. Sería bueno que una explicación detallada sobre los mecanismos acompañe a los adjetivos, para que la ciudadanía sepa con claridad de qué se está hablando.
