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La crisis del MAS no tiene precedentes. Militantes y allegados prominentes aseguran, erróneamente, que faltan mecanismos institucionales para salir de ella. Se equivocan, porque en realidad sobran. Lo que no sobra es credibilidad, debido al repetitivo incumplimiento de las normas por parte de sus líderes.
Si el manejo del MAS se basara en la primacía de la ley, entonces sabrían sus militantes y simpatizantes que el conflicto por la candidatura del 2025 no debería existir. La Constitución, el régimen electoral y su estatuto prevén reglas para resolver conflictos políticos democráticamente. El límite a la reelección, el tiempo mínimo de militancia y las elecciones primarias, instituciones formales con que se vienen atacando arcistas y evistas, son sólo ejemplos de dichos mecanismos.
¿Por qué, entonces, son incapaces de ponerse de acuerdo internamente? Porque sus líderes son violadores sistemáticos de las normas. Si la Constitución prohíbe la participación electoral del expresidente Evo Morales, no tiene sentido el conflicto. Así como tampoco lo tiene, si para ser presidente por el MAS se requieren mínimo diez años de militancia. Pero claro, como tales mecanismos institucionales fueron violados antes por ambos contendientes, no sorprende la desconfianza en sus trincheras.
Por esta razón, ni el Presidente Luis Arce ni su desafiador aceptarán resolver el conflicto por la vía política —si entendida como la búsqueda de compromisos provechosos para ambas partes—. Una salida política es precisamente lo que propone la exministra y senadora Gabriela Montaño, cercana al expresidente Morales. Su motivo es estratégico, pues sabe que el Judicial está alineado con el arcismo y que, de ser éste quien dirima, el MAS se debilitaría políticamente tanto en la interna como frente al electorado.
«Si quiere triunfar, la oposición debe empezar a hablarle a toda Bolivia».
El conflicto del MAS es esencialmente político, pero sus aristas judiciales complican cualquier resolución en ese campo, al menos con un ego jugándose la vida y otro ejerciendo el poder. Su consecuencia directa es una mala gestión, que pasará factura, aun si —para su suerte— la oposición no logra articularse coherentemente hasta ahora. El peor error de ésta sería fiarse del conflicto interno del MAS.
De llegar a imponerse alguno de sus líderes o, aunque improbable, se uniesen, la historia muestra que el MAS es capaz de cohesionarse en tiempos electorales. Puede darse una excepción, claro. Pero hay mucho en juego, entre ello medio millón de empleos públicos, como para no disciplinarse al menos electoralmente. Aun con titubeos, el MAS es un monstruo político que no debe ser subestimado.
Por otra parte, ostentando el poder, es probable que Arce se imponga, más aun si la oposición le hace campaña contra Morales. Más allá de lo que se piense del expresidente, es Arce quien ahora mismo puede provocar y está provocando un retroceso democrático inaudito. Abocándose a Morales, la oposición favorece a su actual verdugo. Si Morales «resucita», Arce se impone, mediante el Judicial, como única opción legal del MAS. Si se termina de sepultar al exmandatario, Arce gana legitimación al interior del MAS como única via posible.
La fragmentación del MAS es una oportunidad de articulación que la oposición no está aprovechando. Hay proyectos aislados y un sinnúmero de candidatos proclamados. Sin embargo, todavía no hay un proyecto-país atractivo para las mayorías que el MAS está dejando sin perspectivas. Su antimasismo no les bastará para ganar contra un statu quo ideológicamente consistente y altamente clientelista. La oposición debe, por tanto, prepararse para los peores escenarios y dejar de hablarle solamente a los líderes masistas. Si quiere triunfar, la oposición debe empezar a hablarle a toda Bolivia.
