OpiniónEconomía

Intervención estatal y escasez

Oscar Ortiz Antelo

Ha sido senador y ministro de Estado.

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“Carnaval en los surtidores” fue el titular de un noticiero que describía a cabalidad las penurias que sufrieron, y continúan, los ciudadanos durante los feriados mas festivos del calendario nacional. La escasez de combustibles refleja la carencia de divisas que experimenta la economía boliviana debido al carácter insostenible de la subvención de los precios de los hidrocarburos, los cuales ya no pueden ser asumidos por el Tesoro General de la Nación por el desbalance que este confronta debido al déficit crónico que padece desde que inició la caída de los volúmenes de producción y los precios internacionales de las principales materias primas que exporta Bolivia.

En realidad, el problema de fondo es el déficit público por un gasto estatal que distorsionó la economía durante muchos años, que priorizó la inversión publica en obras guiadas por el interés electoral, subsidios y empresas gubernamentales que han significado enormes pérdidas para el estado y la economía nacional, con la que la llamada inversión pública en realidad fue financiada con los ingresos derivados de la explotación de recursos naturales no renovables, como el gas natural y los minerales, e impuestos extraordinarios que dependían de la misma fuente no renovable.

Lo que aparentaba funcionar bien en la llamada época de la “bonanza” en realidad era un derroche de recursos públicos cuyo ingreso era temporal y coyuntural, dado que su carácter extractivista y un marco normativo y político que ahuyentó la inversión privada de las actividades exploratorias para desarrollar nuevos yacimientos, ya sea de hidrocarburos o de minerales, determinaba que este periodo se enfrentaba a lo que en términos más literarios se podría denominar “crónica de una crisis anunciada”.

Como dijo un conocido economista argentino que a principios del 2025 visitó Bolivia para participar en una conferencia académica, sólo faltan aquellos productos en los que el estado mediante el control estatal distorsiona los mercados y genera escasez, pues impide que la economía encuentre sus puntos de equilibrio para equilibrar los precios adecuados a la oferta y la demanda sobre determinados artículos. En el caso boliviano, decía el mismo economista, se observa que los dos principales bienes que escasean, los combustibles y los dólares, justamente corresponden a dos sectores en los cuales las medidas gubernamentales adoptadas para solucionar el problema consiguen el efecto contrario y lo agravan profundizándolo haciendo más costosa la adopción de las medidas que deben encontrar las soluciones de fondo, las cuales seguramente se dejarán para que sean asumidas por la próxima gestión de gobierno.

Aquí radica otro grave problema, la demora en tomar las decisiones oportunas, las cuales de una forma u otra implican un ajuste económico, se pueden explicar desde una perspectiva del cálculo político/electoral; sin embargo la economía no responde a la misma lógica e ineludiblemente se daña significativamente a la economía de las familias y de las empresas que sufren perdidas por el costo que significan la carencia de los insumos que necesitan para la operación de sus emprendimientos, ocasionando un círculo vicioso por la caída en la producción, las ventas, los empleos y otros factores que ocasionaran el cierre de unidades económicas, la suspensión de inversiones y la migración de capitales y de personas hacía otros país, con lo que la economía pierde recursos y talentos irremplazables que demoraran muchos años en retornar.

Nuevas medidas adoptadas en la línea del intervencionismo estatal en la economía agravan el problema, como ya se esta viendo con la prohibición de las exportaciones de algunos productos alimentarios, los cuales no han bajado de precios en el mercado interno y, al mismo tiempo, los límites a la exportación que se les ha impuesto están provocando mayor falta de divisas, con el y consecuente encarecimiento de los costos de importación, lo que ineludiblemente provocará mayores niveles de inflación, afectando al consumidor al cual se buscaba proteger con estas políticas.

Bolivia tiene mucho que aprender de su misma experiencia, pues, en el año 1985 cuando se promulgó el decreto supremo 21060 que estabilizó la economía, se confrontaban problemas parecidos que fueron superados liberando los mercados de la intervención estatal y permitiendo que los precios correspondan a la realidad de sus costos. Obviamente, las crisis no son iguales, pero tienen muchas similitudes por lo que habrá que adaptar las soluciones anteriores a la realidad actual.

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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Oscar Ortiz Antelo

Ha sido senador y ministro de Estado.

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