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La detención preventiva del alcalde municipal, Jhonny Fernández Saucedo, no solo
constituye una señal positiva en la lucha contra la corrupción sino también un punto de
inflexión política para Santa Cruz. El peor alcalde que hemos tenido ha sido aliado
estratégico de los gobiernos del MAS (Evo Morales y Luis Arce), y replicaba las mismas
prácticas perversas que el gobierno nacional. En su gestión se promovió, protegió e
institucionalizó la corrupción (al más alto nivel), y la impunidad. Que haya sido imputado
por varios delitos de corrupción y guarde detención en la Cárcel Pública de Palmasola,
viene a ser una consecuencia lógica del manejo errático y desprolijo de la alcaldía cruceña.
El denunciante Manuel Saavedra aclaró que son varias obras que no cumplen con
los requisitos establecidos en el proceso de la contratación. Se trata de irregularidades en
varios proyectos de pavimentación rígida del municipio, que se han convertido en
elementos de convicción suficientes de la comisión de los delitos de incumplimiento de
deberes y conducta antieconómica. La Contraloría ha establecido obras pagadas que no
estaban concluidas, obras con sobreprecios o muy mal ejecutadas y advierte de un posible
daño económico de Bs 6,7 millones. Para Manuel Saavedra, la corrupción municipal le
quitó oportunidades a la gente, frenó obras y debilitó los servicios básicos en Santa Cruz de
la Sierra.
Las obras inconclusas constituyen una pequeña muestra de la corrupción
institucionalizada y el evidente menosprecio de Jhonny Fernández por Santa Cruz. El casco
viejo se está (literalmente) cayendo y no existe una política de conservación de nuestro
centro histórico e identidad cruceña. El centro capitalino desnuda el abandono y la
mayúscula irresponsabilidad del alcalde. Todo esto constituye un crimen contra Santa Cruz.
La administración ha sido un desastre y se han incrustado mafias para meterle la mano a los
impuestos del contribuyente. El sistema de cobranzas ha sido perforado y se terminan
pagando deudas impositivas millonarias con migajas; los escándalos por los contratos de la
basura, el desayuno escolar, el caos de los mercados, el Cordón Ecológico, el caso del
mercado Mutualista, etc.
El abandono de la ciudad capital es tal que la alcaldía municipal no ha tenido la
capacidad de prevenir la chikunguña y fumigar los criaderos de mosquitos. Por esta
incapacidad están sufriendo familias enteras. Como ha resumido en su editorial este
periódico, no es una enfermedad diseñada para exterminar poblaciones. Pero aquí nos mata.
Nos mata la desidia, la falta de previsión, la irresponsabilidad de quienes tenían la
obligación de actuar y no lo hicieron. El abandono institucional es grande. Las cifras son
brutales. En apenas dos meses, el departamento ya superó todos los casos del año pasado.
Más de 3.800 contagios, decenas de hospitalizados y varios fallecidos. No es un accidente.
Es el resultado directo de la inacción. Es el reflejo de meses perdidos, de campañas
inexistentes, de operativos que nunca se realizaron. Es la factura de la negligencia y la
corrupción.
El alcalde Jhonny Fernández ha creado una estructura para protegerse y boicotear
cualquier intento de investigar y sancionar actos de corrupción. Y como tenía angurria de
poder, centralizaba las contrataciones y la compra de bienes y servicios para beneficiarse
con las comisiones. Los grandes contratos de obras saltaban el control del concejo
municipal. Esta cultura permisiva tiene efectos perversos y ha convertido a la corrupción en
un mal endémico, de modo que la mayor parte de la organización de la alcaldía ha estado (y
seguirá) al servicio de las prácticas corruptas.
El concejo municipal (con algunas excepciones) no sólo que no fiscalizaba ni
controlaba la gestión del alcalde, sino que además protegía (por acción u omisión) los
hechos de corrupción. No se conoce de algún caso que se hubiera investigado, procesado y
condenado, salvo casos menores contra funcionarios subalternos. ¿Recuerdan el caso de los
funcionarios fantasmas? El proyecto Buses de Transporte Rápido (BRT) es otro
monumento a la corrupción, y tenía previsto una inversión de aproximadamente Bs 156
millones. La infraestructura construida está abandonada y en proceso de deterioro total.
El nuevo gobierno municipal tiene que realizar las auditorías que sean necesarias,
establecer responsabilidades, luchar contra la corrupción y terminar con la impunidad de
los jerarcas que han tenido a su cargo el manejo delincuencial de la alcaldía municipal y sus
instituciones satélites.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
