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Cerré 2023 con “La Batalla Cultural” y abro 2024 con “La Batalla por Santa Cruz”. ¿En qué se parecen sus propósitos de análisis? En el choque de dos modelos, que en el caso de Argentina —donde particularizaba la batalla cultural— es entre un modelo populista-rentista-clientelar y otro de libertad individual —económica, personal, de libre decisión— y que para Santa Cruz —y no menciono Bolivia porque, aunque la región tiene muchos elementos comunes con el resto del país, los divergentes son importantes— son entre un modelo estatista: el llamado Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) —también rentista-clientelar, estatista y de despilfarro antieconómico, mantenido a ultranza por «un Gobierno sordo, con una incapacidad para adaptar su modelo» en palabras de Fernando Hurtado, expresidente de CAINCO (“Posición Institucional CAINCO”, 26/10/2022)— y otro de desarrollo autárquico regional y de libre empresa que Pablo Mendieta describe para Santa Cruz cuando menciona que «las instituciones en el siglo pasado fueron determinantes para promover proyectos de desarrollo y un clima de negocios propicios para la expansión sostenida de la actividad productiva» (“Por qué ha fracasado Bolivia”, El Deber, 11/01/2024) pero que, lamentablemente, ha quedado entrampado dentro de sí por visiones políticas —o la falta de ellas, confundidas con personalismos voluntaristas— que han llevado a la desinstitucionalización, la que «hace prever que la dinámica cruceña se moderaría junto con un aumento de la conflictividad y la polarización que es adversa al crecimiento y el empleo», como más adelante concluye señala Mendieta.
La reciente compulsión —porque eso es— sobre si el vicegobernador debe «suplir [no “sustituir”] temporalmente en ausencia» al gobernador (como fija el Estatuto Autonómico Departamental Artículo 25.I y que ya en 2022 fue “saltado” arbitrariamente) no es el problema en sí sino una manifestación de la mencionada falta de institucionalidad en la Región, más peligroso, además, porque el gobierno del MAS y sus asambleístas llevan tiempo y esfuerzo preparando todas las condiciones para entrar a mandar en Santa Cruz, «el último bastión opositor» —como precisa certeramente desde la prisión una carta atribuida al Gobernador Camacho—, lo que ha sido su objetivo desde muchos años y que, desde 2021, está entre sus prioridades y que el arbitrario y violento secuestro del mismo Gobernador Camacho fue una de sus muchas manifestaciones. Coincido así mismo —como mencionó Carlos Valverde (Cabildeo Digital, 05/01/2024)— en que, con la desinstitucionalización y con esta pelea con el Vicegobernador, el único beneficiado es el MAS: si Aguilera estuviera en contubernio con el MAS para darle el poder en Santa Cruz, tácticamente le sería más sencillo o renunciar o esperar que lo detuvieran por no cumplir con la obligatoriedad que emana de la Sentencia 1021/2023 —que el abogado de Camacho adujo que no ha sido comunicada por el TCP— y, como también sería detenido el Presidente de la Asamblea, crearía el vacío legal que beneficiaría al MAS (la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea que permitió la elección de Matkovic en 2021, 2022 y 2023 es hoy menos definida en favor de CREEMOS).
Me queda una última observación: la cuestionada legalidad de la prórroga de mandato del TCP y, por ende, de las respuestas que den los magistrados del TCP prorrogados de motu proprio a las solicitudes de aclaración, complementación y enmienda sobre la mencionada Sentencia 1021/2023 —emitida dentro aún del período constitucional de los magistrados— presentadas el 2 de enero —ya prorrogados los magistrados— por el Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) en nombre de ella y de la Gobernación de Santa Cruz.
La necesidad de diálogo es urgente —el que intentó propiciar el Comité Pro Santa Cruz, con la mejor voluntad y con un objetivo claro de solucionar proactivamente las tensiones, fracasó porque obvió una de las reglas fundamentales de un diálogo en medio de una crisis: la discrecionalidad de esa discusión al anunciarlo y convocarlos a un encuentro público, lo que no perjudicaría al Vicegobernador pero sí al Presidente de la Asamblea frente a su universo próximo y ante la opinión pública. Estoy convencido que para muchos adherentes de CREEMOS —no escribo militantes porque no está constituido como un partido sino un asociación, al igual que COMUNIDAD CIUDADANA— está muy clara la urgencia de detener la confrontación —cainita en realidad— pero no lo es para quienes hoy, en la Gobernación, ocupan (medran) espacios de elección popular sin haber sido elegidos.
En esta confrontación, de seguirla, el desgaste institucional y social será mayor y nadie podría decir que “ganó”: todos van a terminar loser loser —perdedor perdedor— mientras la institucionalidad en el Departamento se desgasta —y junto con ello su economía, la nuestra— mientras el Gobierno nacional, aprovechando ese ruido mediático, encubre sus fracasos y la crisis a la que todos nos abocamos y se apropia de Santa Cruz.
¡Por favor: más cordura y menos hormonas!
