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Los sectores evistas, que anunciaban un bloqueo indefinido de carreteras a nivel nacional, decidieron “posponer” la medida para el mes de octubre, lo que en otras palabras es una cancelación elegante de la iniciativa.
Esto supone un hito importante en la pugna interna del MAS, en un giro claramente favorable para el ala que responde al presidente Luis Arce y que muestra a Evo Morales perdiendo capacidad de movilización y desestabilización.
Pero esa coyuntura, la derrota temporal de los bloqueócratas en esta batalla, debería aprovecharse para un debate más profundo sobre la cultura de los bloqueos, que generan pérdidas millonarias cada año para los sectores productivos y el comercio, ocasionando que Bolivia no explote al máximo su centralidad continental, condición geo-económica que, de no existir esas prácticas, haría del país un hub logístico de primer orden.
La Cámara de Exportadores (CADEX) ha estimado que cada camión parado en las carreteras tiene un sobrecosto de 150 dólares por día y, sólo en el primer semestre de este año, la Fundación UNIR contabilizaba 86 bloqueos a nivel nacional, el 39% de ellos en el departamento de Santa Cruz.
Se ha hablado de una “ley anti-bloqueos” y tal vez este sea el momento indicado para impulsar una norma de ese tipo. Eventualmente, sería uno de los pocos puntos donde la oposición parlamentaria y el arcismo podrían converger de manera positiva.
Una ley sobre el tema no tendría por qué apostar necesariamente al uso intensivo de la fuerza policial, y sería más recomendable que se aplicaran poderosas sanciones administrativas, multas muy fuertes sobre los impulsores de bloqueos: organizaciones, dirigentes y participantes. La sanción al bolsillo puede ser el primer paso para empezar a desmontar la bloqueocracia.
Por supuesto, esto requiere cierto ejercicio de imparcialidad y de cultura ciudadana, ya que habrá que dejar de distinguir entre bloqueos “buenos y malos”, “los nuestros y los de los otros”, para que estas violaciones al derecho de libre tránsito comiencen a ser desterradas.
Para evitar una aplicación sesgada de las sanciones, la hipotética ley contra los bloqueos tendría que incluir algún tipo de consejo interinstitucional público-privado, encargado de activarlas.
El tema no sólo es objeto de debates en Bolivia y últimamente es también un eje relevante en la campaña electoral de Argentina, donde los frentes opositores que postulan a Patricia Bullrich y a Javier Milei han lanzado propuestas para la reducción de los “piquetes”, incluyendo tanto a los cortes carreteros como urbanos.
En suma, se trata de precautelar el derecho a la libre circulación que asiste a todos los ciudadanos, que no pueden ser secuestrados por la extorsión de grupos corporativos. El derecho a la protesta tendrá que buscar otras vías más adecuadas para la convivencia democrática.
