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No tengo ningún interés en provocar un escarnio mayor en favor del dueño de la frase, aunque bien ganado se lo tiene. Sin embargo, como investigador territorial, del desarrollo urbano, rural y productivo, la oportunidad me resulta pedagógicamente propicia para dejar en evidencia una de las razones de la crisis en que nos encontramos y que expresa el desconocimiento de la realidad poblacional, territorial, social y económica que tiene el gobierno sobre el país que dice administrar.
En la investigación que realizamos desde cuando se conocieron los datos oficiales del Censo 2012, y luego de 11 años, comprobamos evidencias que han adquirido carácter de certeza. Resumiré 6 de ellas que tendrían que haber servido para ajustar la agenda política del Bicentenario, comprobando al mismo tiempo que aún no tenemos consciencia del volumen y gravedad del reto. 1. El 60% de la población es menor de 30 años. 2. El 80% de la población ya vivimos en ciudades. 3. La migración campo ciudad continuará frente a la ausencia de servicios básicos en 256 municipios con población menor de 20.000 habitantes. 4. Podemos/debemos exportar produciendo más de lo que consumimos, por tener una población pequeña para un territorio muy grande, y un mercado interno insuficiente para sostener economías de escala. 5. Era imposible sobrevivir antes de la pandemia, y ahora más, sin administrar sostenibilidad, conocimiento, ciencia, tecnológía, inteligencia artificial, integración y conectividad. 6. Y finalmente, ¿cómo se logrará alcanzar competitividad cuando no contamos con un modelo que aliente la producción, la seguridad jurídica y social, ni fomente el entorno institucional necesario para ello?
Demás estaría repetir que estas razones explican el abandono del campo, la salida de los jóvenes y los pequeños productores rurales, y hacen crecer inorgánicamente algunas ciudades. Si a esto le sumamos las limitaciones políticas de un modelo ideológico que no considera importante reunirse con empresarios y productores nacionales, ahuyenta la inversión extranjera, y además, se enfrenta con los territorios que intentan mantener su capacidad productiva a pesar de las dificultades. Necesitamos sumar al desarrollo nacional, el trabajo de Santa Cruz y el de los otros 8 departamentos, con sus propias potencialidades y capacidades y en favor de una población que busca oportunidades para producir dignamente, lejos del narcotráfico, el contrabando de oro, la corrupción, las influencias y los privilegios del poder político.
Por eso, la malhadada frase dicha por el vicepresidente y que no hace sino ratificar la conducta gubernamental, demuestra que el proyecto político que gobierna Bolivia está perdiendo el control de la realidad social y territorial, buscando la confrontación racial/campo/ciudad para resolverlo; frente a la evidencia, las disculpas resultan irrelevantes y fútiles los argumentos que descargan su propia torpeza en la interpretación “fuera de contexto” de los medios de comunicación. Tenemos una sociedad “floja” que vive en ciudades, un Estado que no cuenta con políticas públicas urbanas y que ha logrado como mejor resultado en el campo rural, que los funcionarios que administraron el desarrollo indígena originario campesino, estén procesados, presos o fallecidos, y las obras que realizaron, engrosen la corrupta enciclopedia de la ignominia.
Lo urbano es donde viven las personas y significa gestión y ordenamiento del territorio con ciudades capaces de articularse y relacionarse con regiones metropolitanas de gran concentración poblacional. Lo urbano son también ciudades intermedias, que, con su calidad de Nodos de Servicios, deben organizarse en ciudades de 15 minutos, territorios de media hora para cubrir necesidades básicas, y seguridad alimentaria y turismo que se desarrolle a 50 km a la redonda del centro poblado. La presión sobre las ciudades capitales y principalmente sobre Santa Cruz de la Sierra y su región metropolitana como lo demuestra la evidencia, obliga a proponer estrategias públicas que convoquen al esfuerzo privado responsable, para resolver con carácter de urgencia lo que el Estado ha demostrado no puede solo, en materia de transporte, crecimiento urbano, sostenibilidad, vivienda, energía, salud, educación y ocio productivo. Este proceso urbano debe superar los problemas provocados por la especulación y el descontrol, planificando, convirtiendo los lotes en propiedad formalizada, integrados a servicios, y a sus propietarios, en ciudadanos y actores de la economía.
La tendencia migratoria hacia las ciudades, fenómeno mundial acelerado por la revolución industrial, tiene en Bolivia condiciones que quieren mantener en el misterio presentándolas como contrarias a los pueblos indígenas. Necesitamos abrir el debate sobre el 80% de la población que ya vivimos en ciudades para que el Estado actue en consecuencia, y en las próximas elecciones enfrentemos el reto de la modernidad con Ipayes, Chamanes y Amautas incorporados al ChatGPT. El 60% de la población menor de 30 años que vive en ciudades y maneja Inteligencia Artificial, debe hacerlo antes del 2025. Se ayudarán así, a terminar con el fariseísmo de este falso debate y a mejorar las condiciones del país donde vivirán.
