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La cárcel de Camacho ha terminado por ser aceptada. Aun sus adherentes y el Comité Pro Santa Cruz han cambiado un activo papel denunciatorio por otro, pasivo. Se trata de cuestiones de la legitimidad de la medida, pues para que esta lo sea no se necesita que la apoye la mayoría, sino que por lo menos la tolere, incluso si a regañadientes.
Camacho está detenido por cargos que mínimamente le permitían defenderse en libertad. Y digo eso sin ser fan ni votante del gobernador. El hecho es que ni el Gobierno cree que la decisión de detenerlo se tomó en un juzgado y con las leyes bien leídas. Esa detención lleva, pues, directamente a dos cuestiones: la primera, cómo luciría una Constitución si hubiera que acomodarla a cómo actúa el Órgano Ejecutivo en Bolivia; la segunda, las condiciones para detener a un líder político.
Ni en la Constitución bolivariana, la de la presidencia vitalicia, existía la facultad de mandar a detener a nadie a voluntad del gobernante. No obstante, esa es una potestad efectiva que se ejerce a través de formalidades extendidas por jueces y fiscales, quienes acatan la voluntad política expresada previamente.
Más que con la institucionalidad formal, esas decisiones tienen que ver con la real. Esa que se ejerce en la práctica, y solamente se arropa y justifica a conveniencia para exhibirla en sociedad. Pasó brevemente con la cárcel de Antonio Peredo en los 80, con la de Morales Dávila en los años 90, y ha sido moneda más frecuente y duradera en los gobiernos del MAS.
La prisión de alguien incómodo para el Gobierno puede confundirse con el absolutismo, con el despotismo oriental, pero tiene que ver con una tradición que la emparenta más bien con la irresponsabilidad del poder, mientras se ejerce. A diferencia de los monarcas absolutos, en Bolivia el gobernante tiene la suma de los poderes mientras gobierna y deja de ser irresponsable de sus actos apenas pierde el poder. Lo vimos hace pocos años con Evo y lo vemos con la expresidenta Añez, ahora. El formato constitucional que nos recetamos nada tiene que ver con la verdad de la milanesa.
En Bolivia se puede detener a alguien por voluntad del gobernante. Claro que para que eso pase, el cálculo de opinión pública es básico. Se detiene a quien no puede defenderse en las calles y no se apresa o deja de apresar -por voluntad del gobernante- a quien no tiene significado político.
Por ejemplo, a primera vista la cárcel de Camacho parecía más espinosa que la de Carlos Mesa, pero Camacho es visto como un político radical, como para que su cárcel sea explicada a la opinión pública en términos de “murió en su ley”. Además, Camacho había gastado su capital político en el paro cruceño. Ese al que los aduladores atribuyeron la categoría de un triunfo, el que acabó con la detención del gobernador cruceño, sin que quedasen fuerzas para defenderlo.
Por qué elegimos de modo tan escandaloso que el ámbito de las leyes se parezca tan poco al mundo concreto en el que vivimos es uno de los misterios de nuestra mentalidad barroca: las palabras deben esconder las realidades más que explicarlas; las leyes deben ocultar los deseos del poder, no regirlo.
Si hubiera que acudir a la prédica oficial, de un lado se alegaría, sin convencer, que Camacho está preso después de haber tenido éxito en el paro de Santa Cruz. Del otro lado, se diría que está preso porque justo algún juez pensó que era menester ordenar su detención. Aunque eso ocurriera precisamente una vez terminado el paro y para darle margen al presidente Arce para que les muestre a los suyos que puede ejercer el poder del modo crudo y duro que JRQ decía que no podía.
Quizás llegue el tiempo en el cual haya que pensar si seguiremos escribiendo Constituciones y leyes que nos digan lo que queremos soñar que ocurra, no lo que en verdad sucede. En ese genuino momento constituyente, habrá que analizar qué potestades y limitaciones efectivas de verdad se puede consignarle al poder, que no sean las agradables palabras que se repiten desde la fundación de la república. Ese palabrerío que es lo que es: aire.
