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Acaba de publicarse por parte del muy prestigioso TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, su Índice de Percepción de la Corrupción 2022 (disponible en www.transparency.org/en/cpi/2022) que clasifica 180 países del mundo, según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, con una puntuación de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio). Bolivia obtuvo 31 puntos, logrando el puesto 126 entre 180, subiendo un punto del 2021.
En el podio de los mejores puntajes están Dinamarca (90 puntos) y Finlandia y Nueva Zelandia con 87. En la cola, Somalia, Siria, Sudán del Sur y, no podía faltar, el exitoso desastre Venezolano (puesto 187, con 14 puntos). En nuestra región, el mejor puntaje lo tuvo Uruguay y Canadá (74 puntos, ambos), seguidos por EEUU con 69 y, los peores Venezuela (14), Haití (17) y Nicaragua (19 puntos).
Pero más allá de esos interesantes rankings, lo que debiera alarmarnos y mucho, son las perversas consecuencias que resalta ese prestigioso organismo para nuestra región, que tocan directamente a Bolivia. Por ejemplo, así como está ese estado del arte y pese a los esfuerzos realizados en por lo menos los últimos 15 años, la región sólo tiene puntuación media de 43/100, lo qué en nuestro caso, muestra que estamos muy lejos de ese promedio y, a la baja.
El estudio resalta que la falta de medidas contundentes para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas, facilita las actividades de la criminalidad organizada, debilita la democracia, los DDHH y amenaza el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), además de propiciar violencia, daño ambiental y migración. Lo peor de todo es que la región se ha convertido en terreno fértil para el crimen organizado y los resultantes abusos contra los DDHH.
Las instituciones públicas débiles y sin rendición de cuentas han creado un terreno fértil para el crecimiento del crimen organizado, propiciando violencia e inseguridad ciudadana. En muchos países, los responsables del cumplimiento de la ley y funcionarios corruptos, colaboran con bandas criminales o aceptan sobornos, para hacer caso omiso de sus actividades ilícitas.
Ese entramado de criminalidad e intereses políticos afecta especialmente a los grupos más marginados de la sociedad y se manifiesta en la destrucción de los recursos naturales. Las mujeres, niñas y migrantes son víctimas de trata de personas y extorsión sexual y, las redes criminales favorecen el contrabando de vida silvestre, la tala, quema y toma ilegal de tierras, la extracción ilegal de oro y la deforestación.
Para enfrentar al crimen organizado y a la violencia de pandillas, algunos gobiernos han adoptado medidas extremas que concentran el poder en el órgano ejecutivo, reduciendo la transparencia y la rendición de cuentas y, plantea amenazas graves para los DDHH y libertades fundamentales. En nombre de la seguridad, estos gobiernos redujeron el espacio cívico, limitando la capacidad de supervisión y control de otros actores, agravando sustancialmente los riesgos de corrupción y el retroceso democrático que padece nuestra región.
En la mayoría de los casos, la lucha contra la corrupción es liderada casi exclusivamente por organizaciones de la sociedad civil y la prensa independiente, con el apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, la cooptación de instituciones de justicia y la criminalización de los actores que denuncian hechos de corrupción han contribuido a que se cometan abusos contra periodistas, activistas, comunidades indígenas y hasta los propios operadores del sistema de justicia.
Ese panorama dantesco que presenta el informe, sin duda alguna que se refleja de manera importante en Bolivia, entre otros factores por la desinstitucionalización crónica que padece, la improvisación del servicio público, su cooptación en favor del partido gobernante (cualquiera sea), la anomía institucional de la mayor parte de las instituciones públicas dedicadas a cuestiones partidarias ajenas a su rol y la penetración criminal en los sistemas de garantías (Policía, Justicia, etc). No se trata entonces de la corrupción en si misma, sino como resalta el estudio, principalmente de las consecuencias que genera cuando se multiplica hacia múltiples ámbitos, perpetuando la pobreza, la marginalidad, la violencia y la impunidad y, lo que es peor aún, vaciando de contenido el principal fin de un Estado genuinamente democrático, como es la realización de los Derechos Humanos de todos sus ciudadanos. Así las cosas: ¿HABRÁ ALGO PEOR QUE UN POLÍTICO CORRUPTO? SI, EL CIUDADANO QUE LOS DEFIENDE” Anónimo.
