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A la exmandataria Jeanine Áñez le quitaron (literalmente) todo, menos su dignidad. Fue perseguida, detenida, torturada, humillada, discriminada; le prohibieron las visitas de sus hijos, familiares, amigos y abogados. Quisieron muchas veces quebrarla, liquidarla moralmente, darle muerte civil, pero todo el poder junto no pudo. En los casi cinco (5) años de privación de su libertad, siempre mantuvo la frente en alto, y aguantó todo el trato inhumano que existe en la cárcel. No recibió ningún privilegio, menos algún trato excepcional como exmandataria.
Ni en tiempos de la Santa Inquisición se había detenido y condenado (públicamente), a una persona sin proceso previo y donde las garantías básicas y universales del debido proceso fueron papel mojado. Ni en las peores dictaduras se había hecho algo igual. No existen antecedentes (en la historia democrática) donde el gobierno y toda la maquinaria estatal (ministerios de justicia, de gobierno, jueces, fiscales, policía, etc.) haya funcionado con tanta perversidad. A la exmandataria se la trataba peor que a una prisionera de guerra, se la torturaba de todas formas. Que le hayan prohibido la presencia en la cárcel de sus familiares, parlamentarios, medios de comunicación, etc., no sólo constituyó un trato cobarde de los acusadores, sino también fue un atentado contra la salud y la vida de ella.
El trato inhumano que le impuso el gobierno de Luis Arce vulneraba la Constitución, los Convenios y Pactos Internacionales. Esta normativa prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social… (art. 14). La Ley contra el racismo y toda forma de discriminación, igualmente, prohíbe y sanciona las múltiples formas que existen de discriminación en nuestra sociedad.
El Estado debe proteger a los ciudadanos de los abusos de los detentadores circunstanciales del poder; sin embargo, el gobierno boliviano vulneraba los derechos humanos básicos y terminó atentando contra la vida de la exmandataria. Este caso dejó de ser un proceso judicial (como tantos otros) para convertirse en una venganza política (pura y dura), inconcebible a estas alturas de nuestra civilización.
El Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que Jeanine Áñez es inocente del supuesto “golpe de Estado”. El único “crimen” ha sido haber osado asumir el poder político en su condición de mujer, algo inconcebible en la cabeza de los “machos” (Evo Morales y Álvaro García Linera) que huyeron dejando el país a punto de incendiarse. Evo Morales reveló que el juicio ordinario y la condena de 10 años contra Jeanine Áñez Chávez se decidió en una reunión política del MAS, y tenía el objetivo fundamental de blanquear el monumental fraude electoral del 20 de octubre de 2019.
La sentencia condenatoria no era el fin de este episodio sino el medio para seguir insistiendo en la posverdad del “golpe de Estado” y esconder la delincuencial manipulación de los resultados de las elecciones generales de octubre de 2019. Sin embargo, un proceso político no puede cambiar la historia, menos borrar los hechos —ilegales, inconstitucionales y criminales— que sucedieron en los comicios de 2019.
El monumental fraude electoral se hizo en presencia de más de 100 veedores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea. Los veedores compartieron la “escena del crimen”, esto es, el cambio de tendencia en favor de la segunda vuelta hasta el 83% del conteo nacional. Y como se temía, el corte abrupto del conteo por más de 20 horas, hizo que “ganara” el candidato oficial Evo Morales.
El MAS planificó rigurosamente el crimen, con meses de anticipación, recursos económicos abundantes y el soporte tecnológico de última generación. Evo Morales aceitó toda la maquinaria estatal y montó una campaña exponencial para anestesiar al electorado de que todo era democrático y constitucional. Los gobiernos del MAS (Evo Morales y Luis Arce), instrumentalizaron a la administración de justicia y al propio Estado para la persecución, criminalización y la venganza política.
La puerta giratoria se ha activado y comenzado a liberar a los presos y perseguidos políticos de los gobiernos del MAS, a ver cuándo ingresan… los que tienen que ingresar a purgar sus sanciones por tanta venganza política.
