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Charles Arnade publicó en 1964 un libro clave sobre el complejo proceso de construcción estatal en una región aislada con fracturas internas e identidad difusa. Lo tituló “La dramática insurgencia de Bolivia”.
Hoy, en pleno Bicentenario, seguimos atrapados en ese drama fundacional: divididos, inciertos y enfrentando una nueva insurgencia —no contra un imperio, sino contra nuestras propias contradicciones.
Para entender mejor esta trayectoria, usemos cifras en dólares (USD) de 2017, de acuerdo con el reciente —y positivo— cambio metodológico en la medición del Producto Interno Bruto (PIB).
La historia económica boliviana ha estado plagada de rupturas. La Gran Depresión de 1929 hundió el ingreso per cápita de USD1.837 a USD1.423 en tres años, 23% de caída. A la crisis global se sumó la Guerra del Chaco, que agotó las finanzas públicas y deslegitimó al sistema político. El país tardó una década en recuperar su nivel de ingreso anterior.
Luego, tras la Revolución Nacional de 1952, el ingreso cayó nuevamente más del 20%, reflejando los costos iniciales de una transformación social profunda pero desordenada y confusa.
El episodio más crítico llegó entre 1977 y 1986, cuando el país enfrentó hiperinflación, crisis fiscal y colapso del sector externo. El PIB per cápita se contrajo 27%, y la moneda perdió todo valor. La estabilización posterior frenó el colapso, aunque dejó cicatrices.
Tras el auge de las materias primas en este siglo, Bolivia volvió a crecer, alcanzando un máximo histórico de USD4.373 en 2019. Sin embargo, la pandemia redujo el ingreso a USD3.781 en 2020. A pesar de cierta recuperación y por el agotamiento de la visión económica de estas décadas, en 2024 seguimos por debajo del nivel previo a la crisis, con USD4.231.
Esta decadencia se siente con especial fuerza en los ingresos laborales, según la Encuesta Continua de Empleo. En el último trimestre de 2018, el ingreso promedio fue de Bs3.276, pero para el primero de 2025 cayó a Bs2.852. En términos reales, la pérdida ha sido mucho mayor: el ingreso ajustado por inflación cayó 31%.
Es decir, un trabajador promedio hoy puede adquirir apenas dos tercios de lo que podía hace seis años. Este deterioro, sin hiperinflación visible, pero con inflación persistente y estancamiento, es la verdadera cara de la crisis: un empobrecimiento silencioso y continuo.
Incluso en el sector privado formal, tradicionalmente más estable, los ingresos reales cayeron de Bs5.805 en febrero de 2020 a Bs 4.359 en junio de 2025, una pérdida del 25%. Esto representa más de una década perdida para los asalariados formales, pese a que los salarios nominales subieron continuamente de Bs4.526 en 2017 a Bs4.870 en junio de este año.
Eso sí, es importante señalar que la recuperación no puede depender de controles ni aumentos forzados como en estas décadas. Solo una reactivación productiva, basada en mayor inversión, competitividad y creación de valor, podrá revertir esta tendencia. Las regulaciones que encarecen el empleo sin mejorar la productividad solo agravan el problema como lo demuestran estudios especializados en el mercado laboral boliviano.
Pero para que la economía vuelva a crecer, primero debemos restaurar la estabilidad macroeconómica. Bolivia enfrenta déficits agudos de recursos públicos, externos y combustible, además de distorsiones que desincentivan la producción.
En línea con la voluntad de las autoridades electas, aprobada por la ciudadanía en ambas elecciones, es urgente un ajuste macroeconómico. Obviamente uno bien diseñado, acompañado de medidas de protección social y una estrategia de reactivación creíble. Postergar lo inevitable hará más costosa la salida.
Bolivia ya ha vivido antes los efectos de ignorar las señales de deterioro: décadas perdidas, colapsos sociales y oportunidades desperdiciadas. Tenemos la oportunidad para evitar un nuevo colapso con coraje político, responsabilidad técnica y madurez ciudadana. Solo así evitaremos que esta decadencia se consolide como nuestro destino.
