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Después de infinitos ruegos y algo de drama, sectores productivos y transportistas lograron que el gobierno “libere” la importación de gasolina y diésel. Y así, cual mago en show de medianoche, el Decreto Supremo 5271 ve la luz. Pero que nadie se confunda: no es una capitulación del Estado frente a la mano invisible del mercado, ni un acto de generosidad. Es una “liberación” temporal y controlada, como quien da permiso a su hijo para ir a la esquina, con la condición de que vuelva en cinco minutos. Una liberación deslactosada y con fecha de expiración.
El decreto, con su elegancia burocrática, permite a privados importar combustibles… ¡por un año! Imaginen a un empresario: “Invierto en logística y transporte, pero solo tengo 12 meses para recuperar mi dinero. ¿Un negocio así quién lo toma en serio?” Pero claro, el Estado afloja su agarre solo un poquito y, en ningún caso, suelta el monopolio.
Como es natural, esta “liberación” viene con su respectiva dosis de trámite, sello y papelería. La normativa establece que personas naturales y jurídicas que incluyen a las gasolineras, podrán importar hidrocarburos previo registro y autorización de la autoridad nacional de hidrocarburos (ANH) y Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas. No vaya a ser que los narcos se dediquen a importar gasolina y aprovechen para traer precursores.
Pero demos el beneficio de la duda. Habrá que esperar la reglamentación de este Decreto Supremo pero no sería de extrañar una larga y burocrática lista de requisitos a saber: Registro de nuevos administrados, autorización previa de importación, autorización de comercialización todas con sello seco y firma de la autoridad correspondiente, además foto de la abuelita en bikini con el puño izquierdo en alto, fotocopia del carnet de identidad nuevo del Estado Plurinacional de Bolivia, antecedentes penales por tres generaciones, nombre y dirección del dentista del importador. No sería la primera vez que en el concepto se libera, pero que en la letra chica se oculta el diablo del populismo administrativo que no quiere largar el monopolio.
En suma, ¿qué es esto de “liberación a medias”? Básicamente, permite a privados traer combustible, pero con todas las limitaciones posibles. No es que cualquier hijo de vecino pueda agarrar su cisterna o turriles, ir al país vecino y llenar el tanque sin que nadie pregunte. Además, los privados sólo podrán vender sin subsidio, aunque con los precios supervisados. ¡Qué “liberación” tan conveniente! El Estado les deja traer el producto, pero decide el precio al que lo deben vender. ¿Libres? Sí, como un pájaro enjaulado, cantando a control remoto.
Impuestos, naturalmente, también hay. La libre importación deberá pagar un impuesto específico a los hidrocarburos y sus derivados. ¡Nada de escaparse del fisco que sufre de hambruna fiscal aguda!
Ah, pero aquí viene la parte divertida: resulta que la empresa estatal, YPFB, quiere ahora “alquilar” sus servicios de transporte a los importadores privados. Es decir, reconocen que no tienen dólares para importar, pero sí puede ofrecer el servicio. Qué ironía, ¿no? Es como si un sastre sin hilo ofreciera remendar ternos.
Claro, la fiesta no termina aquí. Aparte de los papeles y permisos, los privados deberán enfrentar la escasez de dólares. Quizás tengan que buscar sus billetes verdes debajo del Colchón Bank o en el mercado paralelo, donde el precio del dólar es, digamos, “dinámico”. En la actualidad está en torno de 10,50 Bs por verde. Y si la demanda de divisas sube para traer combustible, y el dólar sube con ella. Así de simple. Y aquí es donde los “importadores circunstanciales” empiezan a hacer cuentas.
Según lo ha reconocido una autoridad del sector hidrocarburos, el precio del diésel, en el mercado internacional, está alrededor de 1 dólar. Por lo tanto, la primera pregunta es: ¿Cuánto costara ese Washington, 6,96 Bs o 10,50 Bs? Si fuera este último caso, un litro de diésel cuesta 10,50 bs en el mercado internacional. Si eso agregamos el costo de transporte hasta la frontera, como 1,47 Bs y de la frontera hasta Santa Cruz, 4,20 Bs, estamos hablando que el litro de diésel debería costar 16,17 Bs y como los que van a traer el diésel, no son devotos de la madre Teresa de Calcuta ni de la comparsa de los subsidios, supongamos una ganancia de 10% por litro, estamos hablando de un precio final del diésel en el mercado local que podría llegar a 17,7 Bs. Claramente estadística básica de costos y transporte no se sintonizan con las necesidades de los sectores.
Este aumento de precios del combustible afectará especialmente a sectores como el agrícola en el oriente boliviano, que dependen del diésel para sus operaciones. Lo cual, por supuesto, se traducirá en precios más altos para los consumidores. Y como dice el dicho: la gasolina más cara es la que no hay, y el pan más caro, el que no se puede comprar. ¿La inflación? Bueno, esa ya tiene reservada su silla en esta fiesta.
En resumen, estamos frente a una liberalización que comparte la responsabilidad entre el Estado y el sector privado. Si funciona, bien; si no, pues “es culpa de ambos”, según dirá la propaganda oficial.
Pero no nos engañemos: el problema de fondo del sector de hidrocarburos y de la economía boliviana no se resolverá con medidas temporales como esta liberalización relámpago. Aquí hace falta atacar los desafíos estructurales, como controlar el gasto público, flexibilizar el tipo de cambio, aumentar la productividad de la agroindustria y fomentar nuevas exportaciones. Y aunque esta medida parece una solución, es más bien una curita sobre una herida profunda. Es un relámpago de neoliberalismo en el apacible campo de la revolución que cree que todo está muy bien. Ahora bien, en la desesperación no hay duda de que la gasolina (diésel) más caro es que no hay.
