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El gobierno central parece que ha convertido a la Gestora Pública en una suerte de “caja chica” y estaría disponiendo de los recursos económicos de los jubilados. La renuncia del gerente debió encender las alarmas y generar una crisis de proporciones. Que la nueva autoridad sostenga que la entidad no presta dinero, sino invierte dinero no hace más que aumentar las sospechas. Hace poco la diputada, Luciana Campero, denunció que el decreto supremo 5348 era una estafa del gobierno de Luis Arce. ¿Qué significa esto? Que el gobierno podía meter las manos en los ahorros de los ciudadanos que tienen cuentas en el Banco Unión y en los fondos de la Gestora Pública (que son recursos privados).
Los recursos de las personas de la tercera edad deben ser (literalmente) sagrados. Las sospechas comenzaron ni bien el gobierno nacional se hizo cargo de su administración y rechazó conformar el directorio. La ley N° 065 de 10 de diciembre de 2010 establece que la Gestora Pública estará conformada por un directorio (arts. 154-155). El gerente siempre fue interino y el manejo ha sido político y discrecional.
Los miembros del directorio serán designados por el Presidente del Estado, de ternas aprobadas por dos tercios de votos de los miembros presentes en sesión de la Cámara de Diputados. La Presidenta o Presidente del Directorio es la máxima autoridad ejecutiva y ejercerá sus funciones durante cinco (5) años, no pudiendo ser reelegido sino después de transcurrido un período igual a aquél durante el cual ejerció sus funciones.
Se trata de una empresa super estratégica que debe tener control y participación social. Sin embargo, este control no debe ser el que ejercen los movimientos sociales afines del gobierno, sino de los aportantes que son los propietarios de los recursos que administra la Gestora Pública. La necesidad de tener un control riguroso se debe precisamente a que no son recursos del Estado ni de los bolivianos en general, sino de los aportantes y ellos deben ser parte fundamental del directorio y la administración.
La Ley guarda silencio sobre este punto ya que solo pone como requisitos para ser Presidenta o Presidente y las o los Directores: 1) Tener nacionalidad boliviana de origen; 2) Contar con título universitario; 3) Contar con amplia experiencia y conocimientos en materia de pensiones, económica y/o financiera. La universidad autónoma “Gabriel René Moreno”, ha sido una de las pocas instituciones que propuso modificar la Ley de modo que permite ampliar el Directorio e incluir a la Central Obrera Boliviana, el sistema universitario, los jubilados, los empresarios, el propio gobierno, entre otros.
Las modificaciones legales buscan excluir al gobierno de la administración de la Gestora Pública, habida cuenta que lo peor que le puede ocurrir al sistema es tener una administración política y un manejo exclusivo por parte del gobierno nacional. Los aportantes son conscientes y advierten de los inminentes riesgos de que el gobierno eche mano a esos recursos o haga inversiones en empresas del Estado que no solo no son rentables y mal administradas, sino que están en bancarrota y convertidas en botín político.
Que la Ley disponga que la Gestora Pública debe contar con una Unidad de Transparencia (art. 160), y sus principales ejecutivos ganen 70.000 bolivianos, no constituye un blindaje, menos que sea inmune a la corrupción generalizada. En realidad, ni la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ni la ley que crea las Unidades de Transparencia al interior de las empresas y gobiernos departamentales y municipales, han sido efectivas para combatir y erradicar las prácticas corruptas que existen no solo en la administración pública sino también en varias empresas privadas.
La Gestora Pública debe y tiene que funcionar (como establece la ley) con un Directorio, y dar señales de respeto no solo a la institucionalidad y la normativa, sino también tiene que ser transparente y abierta a cualquier auditoría nacional. El nuevo gobierno debe concretar las reformas legales, de modo que los aportantes estén representados y controlando sus propios recursos. Los nuevos parlamentarios ya deberían pedir informes y realizar auditorías para conocer el estado real de la Gestora Pública. El mayor desafío que tiene esta entidad es que la jubilación deje de ser un castigo y algo inhumano para convertirse en una garantía de vivir con algo de dignidad, alegría y felicidad.
