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El censo de población y vivienda terminará mostrando no solo al rey desnudo (el Estado), con todas sus miserias existenciales, sino también que el modelo económico del MAS ha fracasado. Sin embargo, el proceso censal debe concluir con un gran pacto fiscal, que los gobiernos del MAS (Evo Morales y Luis Arce) han venido boicoteando sistemáticamente desde el año 2010. La caja de sorpresas comenzará cuando se tenga que partir y compartir la torta (los recursos económicos), y no haya los recursos suficientes para compensar a los departamentos más pequeños y evitar mayores asimetrías económica-sociales.
En realidad, el Movimiento al Socialismo ha bloqueado el pacto desde el 7 de julio de 2010, cuando se promulgó la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Esta Ley establece que el Servicio Estatal de Autonomías, en coordinación con el Ministerio de Autonomías y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, tenía que elaborar una propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal “analizando las fuentes de recursos públicos en relación con la asignación y el ejercicio efectivo de competencias de las entidades territoriales autónomas y el nivel central del Estado”.
El pacto fiscal tenía que concretarse en un plazo no mayor a seis (6) meses después del censo nacional de población y vivienda de 2012. Sin embargo, el gobernó central logró retrasar la realización de ese censo (como lo hizo con el actual) habida cuenta que el acuerdo fiscal dependía (y depende) de la cuantificación poblacional. El ejecutivo presentó una propuesta técnica, siete meses después de publicados los resultados oficiales del censo 2012; resultados que fueron presentados por primera vez en enero de 2013 y que tuvieron que ser rectificados y reprocesados en el 2014.
Lo cierto es que van más de 14 años desde que se promulgo la ley “Andrés Ibáñez”, y no se logró concluir con la aprobación del reglamento de funcionamiento y debates del pacto fiscal fallido. Al gobierno central no te interesa esta reasignación de recursos públicos porque controla, aproximadamente el 88% del presupuesto general del Estado y el saldo 12% se distribuye entre los gobiernos: departamental, municipal, regional e indígena originario campesino. Sin embargo, en el plano normativo existe el régimen autonómico, y una división territorial del poder, donde los órganos ejecutivos y legislativos de los gobiernos autónomos forman parte de la distribución y ejercicio del poder público porque se les reconoce cualidad gubernativa.
La Constitución boliviana define, en este sentido, que “la autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones”.
La autonomía supone la existencia de distintos niveles gubernativos en el territorio: un gobierno nacional y varios gobiernos autónomos, con facultades ejecutiva, legislativa, reglamentaria y fiscalizadora. Este proceso se encuentra diseñado como la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial —departamental, municipal, regional, indígena originario campesina—, con rango constitucional e igualdad jerárquica entre las entidades territoriales autónomas.
Los gobiernos del MAS no se han caracterizado precisamente por compartir el poder y muchos de los pocos recursos conquistados por los gobiernos autónomos, fueron confiscados por el nivel central. En otros casos, el centralismo ha tenido la habilidad de transferir competencias, pero sin los recursos económicos para solventar esos servicios estatales. En los hechos, mientras el gobierno nacional enarbola la autonomía y practica el centralismo —puro y duro—, las entidades territoriales se hacen las autónomas y parecen cómodas con la simple elección de autoridades y delegación de competencias, pero sin los recursos económicos suficientes.
En los diferentes foros realizados se denuncia el estancamiento del proceso autonómico, sus desafíos y la necesidad de cambiar el chip centralista por el chip autonomista. Mientras no se concrete el pacto fiscal, cualquier intento de planificación de la economía impactará negativamente en la autonomía. Urge teorizar cómo liquidar el viejo esquema centralista que no termina de morir y cómo avanzar en el nuevo modelo autonómico que no termina de despegar.
