La influencia de China y Rusa en un eventual desembarco de Estados Unidos en Venezuela
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En días recientes hemos observado que Estados Unidos se ha apostado frente a las costas venezolanas en una acción de intimidación que muchos anticipan como la antesala de posibles operaciones militares norteamericanas en el país caribeño.
Primero nos preguntamos, porque el despliegue militar frente al país caribeño para luego analizar la inminencia de acciones del gobierno norteamericano.
Estados Unidos busca un cambio de régimen en Venezuela
No es ninguna sorpresa que el gobierno de Nicolás Maduro haya vulnerado principios democráticos y se haya mantenido en el poder mediante lo que muchos consideran un golpe de Estado contra las elecciones presidenciales de julio de 2024. Según las actas recopiladas por la oposición, liderada por Edmundo González, este obtuvo una victoria contundente con el 67% de los votos frente al 30% de Maduro. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, proclamó a Maduro como ganador. Observadores independientes y organizaciones internacionales, como la Unión Europea y la OEA, cuestionaron gravemente el proceso: denunciaron falta de transparencia, demoras en el anuncio de resultados, ausencia de un conteo público detallado y la no publicación de las actas electorales por parte del CNE.
Algunos gobiernos extranjeros, incluido el de Estados Unidos, reconocieron a González como el ganador legítimo, basándose en la evidencia de las actas y las denuncias de fraude electoral. Este controvertido proceso electoral en Venezuela coincidió con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, lo que el gobierno de Maduro interpretó como una oportunidad para evadir escrutinio internacional, asumiendo que las tensiones internas en Washington distraerían la atención global. Sin embargo, el triunfo de Donald Trump alteró este cálculo. Trump, quien ha respaldado consistentemente a la oposición venezolana, cuestionó de inmediato la legitimidad del proceso y condenó el fraude, alineándose con su postura previa de confrontación contra el régimen.
Durante su primer mandato, Trump caracterizó públicamente al gobierno venezolano como una «dictadura socialista», acusándolo de corrupción, violaciones a los derechos humanos, represión de la oposición y destrucción de la economía nacional. En respuesta, impuso sanciones económicas drásticas para asfixiar los recursos del régimen y allanar el camino hacia una transición democrática. Los objetivos declarados de la política estadounidense incluían elecciones libres, justas y creíbles; la restauración de instituciones democráticas; la liberación de presos políticos; y la aceptación de ayuda humanitaria internacional. Como se ha evidenciado, estos fines no se cumplieron ni en el gobierno de Trump ni en el de Biden, periodo en el que —desde la perspectiva trumpista— Washington adoptó una postura más laxa hacia Caracas, lo que permitió un respiro temporal al régimen. En su segundo mandato, iniciado en enero de 2025, Trump ha reafirmado su rechazo absoluto a la legitimidad de Maduro, intensificando una política de máxima presión. Esto incluye sanciones económicas renovadas, aislamiento diplomático global, denuncias por violaciones democráticas y, más recientemente, acciones militares en el Caribe contra presuntos carteles de narcotráfico vinculados al chavismo, como el «Cartel de los Soles», designado como organización terrorista.
En noviembre de 2025, Trump ordenó el cierre del espacio aéreo venezolano y confirmó una llamada directa con Maduro, en la que le dio un ultimátum para renunciar y ofreció un exilio negociado —posiblemente a Rusia—, aunque el diálogo no prosperó.
Cualquier normalización de relaciones queda condicionada a cambios políticos profundos en Caracas, con el objetivo implícito de forzar un cambio de régimen y restaurar la democracia en la región.
¿Cuál es la posición de China?
En este nuevo escenario de confrontación directa, el respaldo de China se ha convertido en el principal factor de contención frente a una eventual intervención militar estadounidense. Pekín, principal acreedor de Venezuela (con más de 60 mil millones de dólares prestados en las últimas dos décadas) y receptor clave de su petróleo, ha elevado sustancialmente su apoyo político, económico y logístico desde 2024. En septiembre de 2025 firmó un amplio acuerdo de comercio sin aranceles y cooperación tecnológica, y ha advertido públicamente que cualquier agresión externa a Venezuela “afectaría gravemente los intereses estratégicos de China”. Aunque Beijing evita comprometerse a una defensa militar directa, su presencia económica y su disposición a usar herramientas financieras y comerciales como represalia (incluido el posible corte de compras de petróleo o restricciones a empresas estadounidenses) elevan drásticamente el costo político y económico de una invasión para Washington. En la práctica, China actúa como un escudo disuasorio que, sin disparar un solo tiro, complica enormemente la ejecución de una operación militar de gran escala y prolonga la supervivencia del régimen chavista en medio de la peor crisis de legitimidad de su historia.
El rol de Rusia
A este escudo chino se suma el apoyo estratégico de Rusia, que opera como el segundo pilar de supervivencia del régimen chavista. Moscú ha mantenido desde la era Chávez una alianza militar y energética de primer orden: más de 12 mil millones de dólares en ventas de armas, presencia permanente de asesores militares (incluidos oficiales de alto rango en 2025), reparación de Sukhoi y sistemas S-300, y operaciones conjuntas de Rosneft en el Cinturón del Orinoco. En noviembre de 2025, tras el cierre del espacio aéreo venezolano por orden de Trump, aviones de carga rusos realizaron múltiples vuelos a Caracas con equipo militar, y el canciller Lavrov declaró que Rusia “defenderá plenamente” a su aliado estratégico. Aunque la guerra en Ucrania limita la capacidad rusa de proyectar fuerza masiva en el hemisferio occidental, su disposición a entregar armamento avanzado y entrenamiento en guerra asimétrica convierte cualquier operación terrestre estadounidense en un conflicto potencialmente largo y costoso.
Posibilidades de una escalada bélica en el Caribe
Juntos, China y Rusia forman un dúo disuasorio complementario: Pekín aporta el poder económico y financiero que mantiene al régimen a flote, mientras Moscú ofrece la dimensión militar y la voluntad política de confrontación directa. Esta combinación ha elevado significativamente el umbral de riesgo para Washington, transformando a Venezuela en uno de los puntos más delicados del tablero geopolítico global en 2025 y obligando a la administración Trump a calibrar cuidadosamente entre la retórica de “máxima presión” y la realidad de un posible enfrentamiento con dos potencias nucleares por un país en ruinas.
Ante esta dinámica de alta tensión, la posibilidad de una acción militar norteamericana en Venezuela se perfila como inminente pero limitada en escala, con un enfoque en strikes aéreos o de misiles selectivos contra objetivos clave como puertos, aeródromos y redes de narcotráfico vinculadas al régimen, en lugar de una invasión terrestre a gran escala. En diciembre de 2025, el despliegue de más de 15.000 tropas y una docena de buques de guerra en el Caribe —incluyendo el portaaviones USS Gerald R. Ford— ha intensificado las especulaciones, especialmente tras las declaraciones de Trump sobre operaciones terrestres «próximamente» y un ultimátum telefónico a Maduro para exiliarse, con una recompensa de 50 millones de dólares por su captura. Aunque expertos descartan un «nuevo Vietnam» por la resistencia armada de milicias pro-Maduro, guerrillas colombianas y la «resistencia prolongada» que Caracas planea activar (con sabotajes y guerrilla urbana), la escalada podría materializarse en días si las negociaciones fallan, priorizando el debilitamiento del Cartel de los Soles y el derrocamiento indirecto de Maduro sin comprometer tropas en tierra. Esto no solo busca restaurar la democracia, sino contrarrestar la influencia ruso-china, aunque con riesgos de repercusiones a escala regional, particularmente en Brasil, México y Colombia, además de la oposición doméstica en Estados Unidos, donde existe un 70% de rechazo a intervenciones militares foráneas.
