Escucha la noticia
El reciente informe del FMI sobre Bolivia confirma implícitamente lo que muchos ya sospechaban: la economía boliviana enfrenta una “tormenta perfecta”. Su lectura es fácil porque la descripción realizada es muy parecida a varios diagnósticos parciales o globales difundidos previamente; no existen novedades significativas.
El valor del informe del FMI está en que es una revisión independiente sobre el estado de la economía. Más allá de los afectos o desafectos que genera el FMI provee una visión de cómo está el país.
Algunas frases destacadas del informe son “los desequilibrios macroeconómicos crónicos de Bolivia han alcanzado niveles agudos”. O, “el tipo de cambio fijo al dólar estadounidense es insostenible y las reservas internacionales agotadas exigen un cambio decisivo en el marco de política monetaria.” Y que “el sector privado [familias y empresas] ya se está ajustando al tipo de cambio paralelo más depreciado.”
Estas advertencias no son meros tecnicismos: el ciudadano común ya las siente en su bolsillo. La imposibilidad de acceder a dólares, las filas interminables para conseguir combustible y la pérdida del poder adquisitivo no son síntomas aislados, sino reflejos diarios de una macroeconomía desequilibrada.
Algo que resalto del informe es que su diagnóstico es correcto en términos de que “Bolivia enfrenta agudas vulnerabilidades macroeconómicas causadas por desequilibrios de política prolongados, agravados por una serie de choques negativos”, como también la sugerencia de que “se necesita un giro decisivo en las políticas para mitigar los riesgos a la estabilidad macroeconómica.”
En pocas palabras, los problemas del tipo de cambio, de la inflación y del combustible son de carácter macroeconómico por muchos años de déficit fiscal, no sólo por causa de problemas temporales.
Lo previsible del diagnóstico no lo vuelve menos urgente. Lo importante, sin embargo, está en los detalles operativos que acompañan ese diagnóstico. Es decir, la letra chica.
Primero, “ante un régimen cambiario más flexible, el banco central debe fortalecer sus marcos operativos e institucionales.” En palabras sencillas, antes de devaluar, de volver al sistema del Bolsín, o dejar fluctuar el tipo de cambio se requiere tomar recaudos para que esto no genere problemas operativos o financieros.
En segundo lugar, “habrá costos iniciales del ajuste fiscal y externo necesario, pero éste facilitará el retorno a la estabilidad macroeconómica”. El FMI muestra que volver al equilibrio implicará menor crecimiento y más inflación antes de recuperar el dinamismo. Por eso, las autoridades de este organismo “reconocen que algunas reformas fiscales son necesarias, pero prefieren un ajuste más gradual.”
Tercero, afirma que se debe “reformar el sistema de transferencias sociales para mejorar la focalización y cobertura”. En la sección relacionada con la eliminación de la subvención de combustible señala que “es imprescindible contar con un sistema de transferencias sociales sólido y bien focalizado antes de emprender un cambio tan grande en los precios relativos.” En fácil: no suban la gasolina hasta tener un sistema de ayuda a la gente pobre.
Por último, se encuentra una afirmación que resume pragmáticamente la posición institucional del FMI para una mejor combinación de Estado y sector privado: “Las autoridades coinciden en que son necesarios esfuerzos para ampliar la capacidad productiva y consideran que el papel del sector público es fundamental para dicha transformación, a través de inversiones significativas en sectores estratégicos de la economía, que generarán nuevas fuentes de crecimiento, atraerán inversión privada y fomentarán la formalización económica.”
El próximo gobierno, cualquiera sea su color político, no podrá eludir estas decisiones. El verdadero desafío no será reconocer el problema, sino gestionar con inteligencia y responsabilidad el camino hacia una salida. Porque como bien dice el refrán, el demonio —y quizás también la solución— está en los detalles.
