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El último miércoles del 2023, Javier Milei envió al Congreso de su país la ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” o ley ómnibus. Le dicen así porque se trata de un paquete de 664 artículos con muchísimas reformas en materia económica, impositiva, penal, educativa, energética, electoral, y un largo etc.
El texto es de 351 páginas por lo que es imposible hacer una revisión exhaustiva del mismo en una columna, pero trataremos de analizar algunos aspectos relevantes.
Lo primero que me gustaría resaltar es que el lenguaje, el alcance y el tono de la ley son casi de guerra. El preámbulo inicial es claro, descarnado y dramático, es la versión gaucha del “Bolivia se nos muere.” La crisis económica y social de Argentina es ciertamente “grave y profunda” y Milei hace bien en enmarcar esta ley en ese contexto. Es una ley de urgencia, sin remilgos y diseñada para enfrentar una crisis de enorme magnitud. Pero Milei también acierta en el diagnóstico: “Esta crisis es el producto de haber abandonado el modelo de la democracia liberal y la economía de mercado plasmado en nuestra Constitución de 1853 y haber avanzado, durante décadas, hacia un modelo de democracia social y economía planificada que no solamente ha fracasado en nuestro país sino en todos los países en donde se ha implementado a lo largo de la historia.” Esto es muy importante porque tener claro el diagnóstico muestra el camino a seguir. A partir de ahí, Milei se genera la legitimidad necesaria para atacar la crisis de forma frontal y a través de políticas de shock. Muchas de esas políticas serán impopulares y probablemente hagan que la crisis se profundice antes de que las cosas mejoren, pero la alternativa es el colapso final.
La ley ómnibus modifica o deroga una veintena de leyes. De hecho, la palabra “derógase” o sus derivados “derogar,” “derogadas,” etc., aparece 70 veces en las 351 páginas. Esto muestra claramente las intenciones del nuevo gobierno. El objetivo es destrabar, desregular y permitir que los agentes económicos decidan en libertad qué hacer, qué producir y a qué precio vender lo que producen. Por ejemplo, la ley les da libertad a las compañías de seguros para definir sus precios y sus productos sin autorización del ente supervisor. La ley también elimina los controles de precios del petróleo que se vende dentro del país (el famoso “barril criollo”) e incluso los controles de precios de los libros (creámoslo o no, en Argentina hay una ley, la 25.542, que fija un precio uniforme de venta al público de libros).
La ley también desregula el comercio exterior derogando, por ejemplo, la ley del azúcar que imponía aranceles para su importación. También se eliminan los impuestos a los bienes de consumo personal importados (lo que uno trae en su maleta cuando va de viaje) que en la actualidad es de 50%. Pero probablemente lo más importante es que se libera la importación de gas natural y otros hidrocarburos, y se faculta al poder ejecutivo a cambiar la legislación hasta el 31 de diciembre de 2025 para garantizar el libre comercio internacional de energía eléctrica. Esto generará un gran dinamismo en la economía.
La ley también desregulariza o permite la reventa de entradas a espectáculos (algo que ha debido celebrar el profesor Walter Block y todo aquel que valore la eficiencia de la asignación de recursos que producen los mercados). Y ya que estamos en el ámbito cultural, la ley comprende un paquete de reformas que incluyen el cierre del Instituto Nacional de Teatro y del Fondo Nacional de las Artes, y la reorganización y reducción de financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Estas también son buenas medidas. ¿Por qué debería el Estado subsidiar el arte y la cultura con impuestos de muchos a los que esas actividades probablemente no les interese? ¿Por qué deberían decidir los políticos qué cosas son “buenas” y, por lo tanto, justifican subsidios que se pagan con la plata de la gente? ¿Por qué no dejamos que la gente escoja en libertad en que gastar su plata?
En términos de educación, la ley propone evaluar a los estudiantes al final de la secundaria, difundir los resultados de evaluaciones de las escuelas y tomar exámenes periódicos a los profesores. La idea es introducir mecanismos de mercado en la educación pública. Las evaluaciones y la publicación de las mismas transparentan la calidad y le dan a los padres y a sus hijos más información y oportunidad para elegir. Asimismo, se mantiene la gratuidad universitaria pero solo para ciudadanos argentinos o extranjeros con residencia permanente. Esto tiene mucha lógica: el servicio va a las familias que vienen pagando impuestos. Aunque estas medidas van en el camino correcto, a mí me parece que son todavía bastante tímidas. Es de esperar que en un futuro estas iniciativas pavimenten el camino hacia una reforma profunda que incluya la privatización y el uso de vouchers.
En términos de impuestos hay cosas positivas y otras no tanto. Primero lo positivo. La ley permitirá que personas con menos de $us 100.000 en activos no paguen impuestos por los mismos. ¡Excelente! También se elimina el impuesto a las transferencias de bienes inmuebles que era del 1,5%. Se propone, además, una iniciativa de transparencia fiscal que me parece genial. Si la ley se aprueba, los recibos o comprobantes de pago en tiendas deberán ahora anotar el precio del producto y el IVA por separado. Esto ayudará a los argentinos a visualizar cuanta mano le mete el gobierno a su plata. Esta iniciativa incluye además esta perla: se elimina el uso de la palabra “gratuito” o similares en la publicidad de las prestaciones de servicios públicos, “debiéndose aclarar que se trata de una prestación o servicio de libre acceso solventado con los tributos de los contribuyentes.” Magnífico. Milei está dándole una cátedra de economía al mundo.
Entre las cosas no tan positivas están el aumento a las retenciones a las exportaciones. Muchos productos exportados deberán pagar un 15% de impuestos y la soja un feroz 33%. Además, se sube el impuesto a los cigarrillos de 70 a 73%. Y aunque la tasa de retención a las exportaciones se incrementa, la presión fiscal sobre el exportador puede ser menor. Recordemos que Milei devaluó el precio oficial del peso de 400 a 800 pesos por dólar, así que el exportador recibirá el doble de pesos cuando lleve sus dólares al BCRA. De todas formas, yo hubiera esperado una reducción significativa en las tasas de las retenciones en esta ley. A lo negativo, se suma el anuncio de que se incrementará el impuesto a las ganancias y además la creación de la “tasa Kicillof” para lograr recaudar los $us 16 mil millones que Argentina debe pagar por la expropiación de YPF.
Finalmente, uno de los puntos más importantes de la ley es la declaración de “sujetas a privatización” de unas 40 empresas estatales incluyendo Aerolíneas Argentinas, YPF, el Banco de la Nación Argentina, Ferrocarriles Argentinos, etc. Esta es una medida fantástica. Las empresas estatales son siempre ineficientes y casi siempre corruptas. Esto le ahorrará al país muchísimos dólares.
La ley también elimina las PASO, establece un sistema de elección de diputados en base a circunscripciones uninominales y le pone más límites a las manifestaciones y protestas, entre muchas otras cosas.
En resumen, Milei está andando el difícil camino que prometió andar. Esta ley les da mayor libertad a los individuos, les protege su propiedad privada, reduce el gasto del gobierno y trata de minimizar la influencia de este (y la de los políticos) en la economía. Habrá que ver qué pasa en el Congreso donde La Libertad Avanza solo tiene 40 diputados y 7 senadores (solo un 15% del Congreso).
