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Es probable que el despelote en las oposiciones y los oficialismos para elegir candidatos no hubiese llagado si la institucionalidad estatal y los partidos políticos hubieran tomando en cuenta que existen reglas de juego establecidas en normas específicas que buscan evitar situaciones como las que se han presentado en las últimas semanas, en la descarnada disputa político-electoral.
En 2018 entró en vigencia la Ley de Organizaciones Políticas, una norma que reglamenta la acción política y la vida orgánica de los partidos de alcance nacional, departamental y municipal, pero también en los pueblos indígenas. Las elecciones primarias de candidaturas del binomio presidencial forman parte de esa ley con artículos en el Capítulo II, referido a la democracia interna de las organizaciones políticas.
En 2019, antes de las elecciones generales de octubre de ese año, anuladas luego por el artero fraude electoral encabezado por Evo Morales, hubo un “tongo” de primarias en los partidos y las alianzas que habían decidido disputar el poder en ese momento.
En el MAS se instruyó, y por supuesto se acató sin chistar, la elección del binomio Morales-García Linera por cuarta vez. En el caso de Comunidad Ciudadana, Bolivia Dice No y el PDC, se comunicó al Órgano Electoral que los partidarios de esas tiendas políticas habían elegido por amplia mayoría a los binomios inscritos posteriormente en el TSE.
“Para participar en la elección de presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidente del Estado Plurinacional, los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo convocado por el Tribunal Supremo Electoral y realizado ciento veinte (120) días antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones generales, con participación exclusiva de la militancia de la organización política. Este proceso será organizado y administrado por el Tribunal Supremo Electoral y financiado con recursos del Tesoro General de la Nación.”
Eso establece el primer parágrafo del artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas que está por cumplir siete años en 2025 y cuyos preceptos son frecuentemente ignorados por partidos, alianzas, candidatos, dirigencias y la institucionalidad electoral. Tras la pantomima de primarias de 2019, en 2020 se decidió no realizarlas por la pandemia y la grave crisis política que aún vivía el país y el intento por salir de ella mediante la vía electoral.
Para las elecciones generales de este año, se pensó, obviamente de manera ingenua, que se cumpliría la ley y habría elecciones primarias para definir los binomios presidenciales, incluso abiertas a la participación del conjunto de los electores y no solamente entre los militantes de tal o cual partido.
En marzo de 2024, el principal dirigente de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, llegó a la Asamblea Legislativa y, rodeado de diputadas y diputados, senadoras y senadores de su agrupación política, planteó un proyecto de ley que revolucionaría la elección democrática de los binomios y superaría, por ejemplo, las denominadas PASO de Argentina.
El documento propone modificar la Ley de Organizaciones Políticas para que en las primarias puedan participar todos los mayores de 18 años debidamente registrados en el padrón electoral y no se restrinjan al aparataje en los partidos. Además de ser primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, la propuesta de Mesa y CC apuntaba a que sean competitivas, es decir que tengan todas las características de las campañas electorales.
El documento quedó flotando en los ambientes del Legislativo, los proponentes no hicieron cabildeo en serio y cuatro meses después, en julio de 2024, en el primer encuentro multipartidario e interinstitucional, cumbre para hacerlo más fácil organizado por el TSE, quienes plantearon las PASOC fueron parte del mazazo contra las primarias.
Autoridades de Estado y representantes de las cúpulas partidarias, incluida CC, acordaron no realizar elecciones primarias este 2025 —ni cerradas ni abiertas —, porque la prioridad para el sistema político era la realización de los comicios judiciales. Se dijo que había consenso para que abogadas y abogados meritorios sean elegidos por voto popular para que inicien la renovación del sistema judicial y frenen los abusos del Gobierno.
Las judiciales terminaron siendo elecciones fragmentadas y cinco prorrogados intocables del Tribunal Constitucional y dos del Tribunal Supremo de Justicia quedaron exentos del proceso eleccionario y siguen en sus cargos desde enero de 2018, hace siete años y cuatro meses, haciendo el trabajo sucio para los gobiernos de turno desde las altas cortes de justicia. Los argumentos para anular otra vez las primarias fueron de todo tipo.
Falta de recursos públicos por la crisis económica, prioridad al cambio de magistrados para neutralizar al Gobierno, imposibilidad de hacer dos elecciones en un año… Lo cierto es que las judiciales fueron fraccionadas y las elecciones generales de este año se realizarán sin primarias.
Los partidos y las alianzas de la actualidad se han inventado unas imitaciones bastante sui generis, algo así como primarias de bisutería basadas en pactos que no se cumplen, encuestas acordadas pero desconocidas, bloques por un lado e iniciativas unilaterales por otro, “robo” y alquiler de siglas, uso de recursos estatales en precampañas…
En esas imitaciones de primarias, sin reglas de juego y con zancadillas permanentes entre los protagonistas, se echó mano de la propaganda gubernamental con sesgo electoral, del grosor de la billetera para imponerse en la precampaña, del ego para compensar las carencias financieras, y de las amenazas y la guerra sucia. ¿Qué han provocado? Confusión, decepción y mayor apatía entre la gente que, contrariamente, esperaba certidumbre y esperanza.
Al panorama tóxico se sumó la “encuestocracia” con estudios de los más diversos —sondeos, encuestas presenciales y virtuales, y supuestas primarias digitales— que amplificaron el desconcierto y fueron la piedra de toque en el desmoronamiento del bloque opositor, en el divorcio entre Tuto y Samuel.
La improvisación y el interés sectario se adueñaron de los liderazgos, los partidos, las alianzas y la institucionalidad. Nadie puso entre sus prioridades a la democracia nacional. ¿Cuántos binomios finalmente presentarán las oposiciones? ¿Cuántos representarán al populismo autoritario? Los errores de cálculo político, los apresuramientos, las trampas urdidas mientras se daban la mano y las acusaciones de traición y de incumplimiento de compromisos atiborraron los remedos de primarias.
Queda exigir, con miras a la próxima elección general, que la institucionalidad electoral, principalmente, impulse la modificación de la Ley de Organizaciones Políticas para que las primarias sean mínimamente abiertas, simultáneas y obligatorias, y que efectivamente se cumplan como requisito esencial de los comicios nacionales, a fin de que no se presenten nuevamente situaciones que atentan contra la democracia y son francamente patéticas.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
